La arbitrariedad ilimitada e impune del patriarcado, en Honduras, constituye el principal obstáculo para la participación de mujeres en el área política.
La visión de algunas legisladoras y dirigentes de organizaciones de derechos de las mujeres del país centroamericano, obtenida por el medio informativo electrónico local Criterio.hn, ilustra la violencia de género -desde verbal hasta sexual- a la cual se ven enfrentadas las hondureñas quienes tienen la valentía de abrir camino y luchar por la igualdad en el ese campo.
Ello, no obstante el hecho de que el país cuenta con instrumentos legales que incluyen en el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales, aprobado en 2016.
Entre otros aspectos, el reglamento apunta a garantizar la participación femenina, en términos de equidad, en el campo de la política.
“Sin embrago, la paridad sigue siendo un derecho obstruido por los espacios masculinizados, combinada con una ausencia de Estado”, de acuerdo con lo indicado por Criterio, en el artículo titulado “La violencia sigue limitando la participación política de las mujeres en Honduras”.
“La violencia contra las mujeres en la política se manifiesta a través de la violencia física, psicológica, económica, sexual y simbólica, con el fin de evitar ejerzan sus derechos políticos. Los principales agresores suelen ser los miembros de los partidos”, agregó.
Las mujeres son, en esa área, “atacadas, además por los medios de comunicación, redes sociales y señaladas en el hogar, por lo que no solo se reduce a la esfera pública sino privada”, indicó, a continuación.
A manera de ejemplo, citó declaraciones de dos integrantes del Congreso nacional -el parlamento unicameral hondureño- respecto a la aprobación parlamentaria de la legislación que establece el gradual aumento de la presencia femenina en el organismo, hasta llegar a 50 por ciento.
Diputados, respectivamente, por los tradicionales partidos Liberal (PL) -opositor, de centroderecha-, y Nacional (PN) -gobernante, de derecha-, coincidieron en revelar posiciones no solamente machistas sino racistas y homofóbicas.
El liberal Darío Banegas y el “cachureco” (nacionalista) Oswaldo Ramos, expresaron, en declaraciones por separado, preocupación ante la posibilidad de que, sobre la base de la paridad de género, las poblaciones indígena y sexualmente diuversa exigieran, también, partici´pación igualitaria en el organismo legislativo.
En el segundo caso Ramos calificó a ese sector de la población como “grupos sexuales diferentes”.
De acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina, citados por el medio, la representación femenina parlamentaria -en un total de 128 diputados- es inferior a 20 por ciento, además de que, a nivel de gobiernos municipales, la participación de mujeres apenas supera siete por ciento.
La dirigente indígena lenca Olivia Zúniga, legisladora por el centroizquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó una visión precisa de la situación, mencionando, como ejemplo, su propio caso.
“En las elecciones pasadas (en noviembre de 2017), el temor se apoderó de las mujeres para decidir lanzar sus candidaturas, y, aunque lograron tener una cantidad considerable en el proceso electoral, fueron muy pocas las que consiguieron ser electas”, agregó.
“Prueba de ello es que, de las 30 diputaciones de la bancada de Libre, solo siete mujeres son diputadas propietarias”, de modo que “no llegamos ni a la mitad”, precisó, a manera de ejemplo.
Zúniga -hija de la asesinada líder indígena lenca, feminista, de derechos humanos, y ambientalista Berta Cáceres, y del también dirigente lenca Salvador Zúniga- es víctima de violencia de género en el materia política, situación que vivió con su ex pareja, un militante de un partido, cuyo nombre no se mencionó en el artículo de Criterio.
Olivia Zúniga relató que, recurrentemente, el agresor le afirmaba que “gracias a él había ganado la diputación”, afirmando, como insulto particularmente degradante que, otro componente de ese logro fue el de haberse “acostado con otros hombres”.
“Es no es solo violencia psicológica, también es política”, reflexionó.
La parlamentaria relató, además, que, luego de que lo denunció, el agresor pasó a agredir verbalmente, y a ridiculizar, a las mujeres quienes la apoyaron, y agregó que, tras la separación de la pareja, intensificó los ataques, procurando desprestigiarla.
Olivia Zúniga denunció, asimismo, que “las mujeres que ejercen la política desde el partido Libre, no solo deben enfrentarse al ataque mediático, a la censura de la oligarquía y de la narcodictadura (el gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández) sino que a las estructuras del mismo partido”.
Al respecto, indicó que se ignora si el Tribunal de Honor de Libre ha sancionado a algún agresor machista entre las filas del partido, cuyo principales dirigentes son el ex presidente hondureño (2006-2009) Manuel “Mel” Zelaya -derrocado en 2009 mediante un cruento golpe de Estado-, fundador del partido, y su esposa, Xiomara Castro, ex candidata presidencial por la organización política.
“Para combatir el machismo que está dentro del partido, se debe combatir la impunidad”, aseguró.
Respecto al proceso electoral con miras a los comicios generales programados para el año próximo, Olivia Zúniga subrayó que “las mujeres no cuentan con los recursos económicos necesarios, además que se deben enfrentar a una cultura política asistencialista y clientelista que los hombres del bipartidismo han instaurado en la mente de la población, sumado al miedo, por la estigmatización, que viven las mujeres”.
En términos coincidentes, Karla Medal, diputada suplente por el PL, dijo a Criterio que “la probabilidad de que una mujer salga electa en un partido, como el Liberal, es apenas el 24 por ciento”, lo que “significa que el Partido Liberal tiene un gran reto en cuanto al empoderamiento de las mujeres, para que participemos en política”.
Medal también ilustró su denuncia, mencionando su experiencia personal.
“He sido víctima de violencia política a lo interno del Congreso Nacional”, dijo, para explicar que se le ha negado, reiteradamente, la palabra cuando ha procurado, por ejemplo, fijar posición respecto a la corrupción, histórico fenómeno nacional que afecta masivamente, entre otras áreas, el quehacer político hondureño.
“La principal violencia, u obstáculo, a la que se enfrentan las mujeres, cerca del nuevo proceso electoral, es que los partidos políticos no han utilizado el porcentaje de la deuda política (cobertura estatal de gastos de campaña) asignado a las secretarías de la mujer, para empoderarlas”, puntualizó.
En cuanto al PN, el otro partido político tradicional hondureño -tradicionalmente vinculado a los golpes de Estado que marcan la historia nacional-, su diputada suplente Lizzeth Betancourt, reveló que, dentro de la agrupación, “tener un espacio, entre tantos hombres -acostumbrados a imponerse en todos los ambientes, por haber crecido en el patriarcado, con roles establecidos, asignándole a la mujer las actividades domésticas-, es complicado”.
Ambas parlamentarias coincidieron en indicar -al igual que su colega Zúniga- que desconocen si, en el marco institucional de sus respectivos partidos, se ha castigado a algún agresor.
Al respecto, igualmente citada por Criterio, la secretaria de Asuntos Femeninos del PL, María Teresa Álvarez, describió, como “excesivamente complicado”, el ambiente, para las mujeres quienes deciden incursionar en el quehacer político hondureño.
En ese sentido, planteó que, por una parte, enfrentan escaso acceso a candidaturas.
En el caso específico de las indígenas y su participación en política, la coordinadora de la Organización Intibucana de Mujeres “Las Hormigas”, Eva Sánchez, ese sector de la población es esencialmente ignorado.
“Casi nunca están en los puestos de tomas de decisión, debido a que solo son utilizadas de relleno por casi todos los partidos políticos”, los que suelen recurrir a la postulación de candidatas indígenas para cargos en los gobiernos locales.
“Para participar en política, lamentablemente, hay que tener dinero para movilizarse a las comunidades, y la mayoría de las mujeres no cuentan con recursos económicos”, puntualizó la dirigente de la organización asentada en el occidental departamento (provincia) hondureño de Intibucá, fronterizo con El Salvador.
A ello, se suma “la falta de capacitación en temas políticos, porque la sociedad las ha relegado únicamente a conocer los trabajos del hogar, no participar en reuniones y a la crianza de hijos e hijas”, siguió denunciando.
“Otro de los obstáculos a los que deben enfrentarse las mujeres, es el acoso que viven dentro de los partidos políticos”, agregó.
Para las intibucanas “ha sido difícil denunciar ese tipo de situaciones porque es algo complicado de comprobar”, además de que, cuando son denunciados penalmente, los agresores suelen ser declarados inocentes, tras lo cual suelen acusar, a las mujeres, por difamación, contexto en el cual, las víctimas optan por abstenerse de denunciar, siguió explicando.
Sánchez denunció, además lo que describió como la falacia en la afirmación de los partidos políticos, cuando aseguran que las mujeres tienen oportunidades en el área política.
“La voluntad política solo es de palabra”, porque, “a la hora de ejercer y tomar en serio los derechos de las mujeres, nunca hacen nada”, puntualizó.
También dijo que “los hombres que dejan la responsabilidad de sus hijos e hijas, a cargo de la madre, tampoco deberían participar en política”.
En opinión de Honorina Rodríguez, del Centro de Estudios la Mujer-Honduras (CEM-H), una forma de violencia de género en política radica en el hecho de que los estándares de exigencia, para las mujeres, son superiores -y, en algunos casos, únicos-.
“Desde el momento que a las mujeres se les exige capacidades, ganarse un espacio, ya es una violencia, porque a los hombres no se le pide ningún requisito, ni siquiera profesional, para participar en un cargo de elección popular”, dijo.
“El ambiente al que son sujetas las mujeres que desean participar en cargos de elección popular, en los partidos mayoritarios, es complejo, ya que se deben enfrentar a la falta de recursos económicos, a la obediencia de la línea política partidaria y a aceptar otras situaciones no deseadas”, señaló.
En ese sentido, Doris Gutiérrez, carismática diputada de extensa trayectoria, por el centroizquierdista Partido Innovación y Unidad Social Cristiano (Pinu-SD) -quien denunció que ha sido discriminada, además de género, por ideología y por edad-, dijo que “la violencia contra las mujeres, en el Congreso Nacional, se da a diario”.
“Se manifiesta, cuando les niegan el derecho a participar, las sacan de las comisiones, y cuando, en los partidos, los hombres quieren que las mujeres se encarguen de arreglar todo, mientras ellos gozan de sus privilegios, aduciendo que no hay muchas mujeres que participen en la política porque los esposos se enojan y que no cuentan con los recursos económicos”.
Gutiérrez, precisó que “hay violencia que llega a límites más fuertes: ejemplo de ello, es exigirle a una mujer que renuncie a su cargo, para dárselo a un hombre, aun habiendo la mujer ganado”.
