La jefa investigadora de Project SANA, sostiene que la mayoría de médicos de Estados Unidos no permiten que sus pacientes pidan píldoras abortivas antes de estar embarazadas
La severidad de la legislación antiaborto en numerosos estados, impulsa, a las estadounidenses, a abastecerse de medicamentos para interrumpir embarazos, en prevención de que su uso sea necesario
Sin embargo, una proporción importante de la población femenina en situación socioeconómica vulnerable, enfrenta dificultad en acceder a esos fármacos.
Al informar, el 3 de enero, sobre esa situación, medios de comunicación de Estados Unidos citaron datos de un estudio elaborado por la Universidad de Texas en Austin (University of Texas at Austin), según el cual la demanda presenta una tendencia alcista constante.
La investigación, realizada por el Proyecto de Evaluación de Necesidades de Aborto Autoadministrado (Self-managed Abortion Needs Assessment Project, Project SANA) -un grupo interdisciplinario de investigación académica-, reveló que, la tendencia se disparó en setiembre de 2021, ante la inminencia de la prohibición judicial del derecho al aborto -la que se hizo efectiva en 2022-.
Citada por la revista estadounidense Wired -especializada en temas de ciencia, cultura, y tecnología-, la investigadora principal de Project SANA, Abigail Aiken, denunció que, en ese contexto, un alto porcentaje de médicos en estados Unidos rechaza las solicitudes de medicamentos abortivos.
De acuerdo con esa versión periodística, “algunas mujeres en Estados Unidos piden pastillas abortivas, incluso antes de quedar embarazadas”.
“Pero el acceso temprano al fármaco no está al alcance de quienes más podrían beneficiarse”, agregó Wired.
“Cuando el acceso a los servicios de salud reproductiva se ve amenazado en Estados Unidos, cada vez más mujeres se abastecen de medicamentos abortivos, para tenerlos a mano cada vez más más mujeres se abastecen de medicamentos abortivos, para tenerlos a mano, en caso de que los necesiten en el futuro”, explicó más precisamente.
Citando el análisis de Project SANA, precisó que “eso fue solo entre principios de septiembre de 2021 y finales de abril de 2023”, además de señalar que, de acuerdo con la misma fuente, “las solicitudes alcanzaron su nivel más (…) en mayo de 2022”, ante la perspectiva de la prohibición judicial.
Se trata de la decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Estados Unidos (Supreme Court of the United States, Scotus), que anuló, el 24 de junio de 2022, el fallo judicial emitido, 49 años antes por ese tribunal, garantizando el derecho al aborto.
La sentencia favorable a la interrupción del embarazo, se refirió al caso conocido como Roe v. Wade, en el cual se enmarcó la acción judicial emprendida, en 1969, en el sureño estado de Texas, por Norma McCorvey -conocida por el seudónimo de Jane Roe-, quien demandó al entonces fiscal de Distrito, Henry Wade.
Roe demandó a Wade, ya que, estando embarazada, procuró abortar, lo que era ilegal en Texas.
La mayoría de magistrados progresistas, de ese momento (7-2), en el máximo tribunal estadounidense, apoyó a la demandante, en el fallo sin precedente que dio a conocer el 22 de enero de 1973.
Sin embargo, casi medio siglo después, una nueva mayoría -ahora ultraconservadora (6-3)- echó atrás la histórica sentencia.
Fallo sobre el derecho constitucional del aborto
Según el nuevo fallo, emitido el 24 de junio de 2022, el aborto no es un derecho constitucional, por lo que corresponde, a cada uno de los cincuenta estados, legislar al respecto.
Respecto al estudio universitario, Wired informó que “un hallazgo sorprendente de esta nueva investigación desglosa el tipo de personas que pueden beneficiarse de la prestación anticipada”.
“En comparación con las pacientes que solicitan pastillas abortivas para uso inmediato, las pacientes que compran píldoras abortivas por si se quedan embarazadas en el futuro tienden a ser significativamente mayores, a vivir en regiones de baja pobreza, y a no tener otros hijos”, agregó.
Citada por Wired, la jefa investigadora de Project SANA, denunció que “la mayoría de médicos de Estados Unidos no permite que sus pacientes pidan píldoras abortivas antes de estar embarazadas”.
«Sin duda, es algo que nunca ha sido una práctica habitual aquí”, puntualizó Aiken.
“En los últimos años, ha aumentado el interés por la prestación anticipada» de tales medicinas, “con un número limitado de servicios de telesalud que ofrecen, a pacientes, la opción de prepararse en caso de que el acceso al aborto se vea restringido en su zona”, señaló.
Por su parte, la directora fundadora de la Iniciativa de Salud Reproductiva para la Equidad y las Soluciones de Telesalud, Dana Northcraft, señaló que “el potencial de la provisión anticipada es asombroso”.
Sin embargo, advirtió que “no creo que llegue a quienes más lo necesitan, sobre todo a la gente de color y a quienes luchan por llegar a fin de mes”.
En ese sentido, Aiken explicó que “no podemos decir, con seguridad, qué nos están diciendo estas diferencias demográficas, pero una posibilidad es que existan barreras a la provisión anticipada para determinados grupos, incluidas barreras financieras”.
“Una cuestión que habrá que abordar es el costo” de los medicamentos, ya que “pagar por una medicación que no es una necesidad inmediata puede ser más difícil de justificar para las personas con recursos limitados”, planteó, a continuación.
“Si se trata de conseguir pastillas o pagar el alquiler -que sabemos que es el caso de mucha gente-, puede que digas que sí, si necesitas las pastillas de inmediato, pero es un cálculo diferente para la provisión anticipada”, aclaró.
Al respecto, Antonia Biggs, psicóloga social de Avance de Nuevos Estándares en la Salud reproductiva (Advancing New Standards in Reproductive Health, Ansirh) -programa de investigación científica de la Universidad de California en San Francisco (University of California San Francisco)- coincido en señalar la variante socioeconómica en la necesidad de abastecimiento de medicinas abortivas planteada en el análisis de Project SANA.
“Estos resultados, sugieren que las personas que podrían beneficiarse enormemente del acceso a la prestación anticipada, no pueden acceder a los servicios”.
“Pero esto no significa que los deseen”, precisó.
“Las personas más interesadas y favorables a la prestación anticipada de servicios de aborto con medicamentos, son las que se enfrentan a dificultades para acceder a los servicios de salud reproductiva”, agregó, en modo de denuncia.
“Por lo tanto, a medida que aumenten los obstáculos a la atención, como ocurre en el contexto político actual, prevemos que aumente la demanda de prestación anticipada”, vaticinó.
Al respecto, Wired advirtió que “en 2024, Estados Unidos se enfrentará a su próxima gran prueba para las libertades reproductivas”, cuando la Scotus aborde “un caso que cuestiona el acceso a la mifepristona, uno de los dos fármacos que se utilizan normalmente en un aborto con medicamentos”.
La revista hizo, así, referencia a la decisión, el 5 de enero, de la Corte Suprema, de suspender el fallo de un tribunal que bloqueó la estricta legislación antiaborto vigente en el noroccidental estado de Idaho -fronterizo con Canadá-, para emergencias en hospitales.
El máximo tribunal determinó, en el escueto dictamen de dos párrafos, que “se suspende” la decisión del 24 de agosto de 2022, adoptada por la corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Idaho.
También resolvió que la audiencia referida al caso, se lleve a cabo en abril, en fecha por determinar.
En inmediata reacción, el presidente estadounidense, Jose Biden, expresó fuerte desacuerdo con la acción de la Scotus.
“La orden de hoy, de la Corte Suprema, permite que la extrema prohibición del aborto en Idaho, vuelva a tener vigencia, y niega, a las mujeres, atención crítica de emergencia para aborto, requerida por ley federal”, denunció el mandatario, en una declaración de dos extensos párrafos, difundida el 5 de enero, en su sitio en Internet, por la Casa Blanca.
“La anulación de Roe v. Wade ha permitido que autoridades republicanas electas impulsen peligrosas prohibiciones de aborto, como esta, que siguen poniendo en peligro la salud de las mujeres, obligándolas a salir del estado (en el que residen) para asistencia, y dificulta, a los médicos, proporcionar asistencia, incluyendo en una emergencia”, planteó.
“Estas prohibiciones también están obligando a médicos a abandonar Idaho, y otros estados, a causa de leyes que interfieren en su capacidad para atender a sus pacientes”, siguió señalando.
“Esto, no tendría que ocurrir, nunca, en Estados Unidos”, precisó.
“La vicepresidenta (Kamala Harris) y yo, creemos que las mujeres y sus médicos, no los políticos, tendrían que tomar las decisiones de asistencia en salud”, indicó, a continuación.
“Continuaremos defendiendo la capacidad de una mujer, de acceder a asistencia de emergencia bajo la ley federal”, advirtió.
“A medida que este caso se desarrolla, lo que está en juego, para las mujeres, en Estados Unidos, no podría ser más importante”, reflexionó, para recomendar que “el Congreso debe, inmediatamente, restablecer Roe v. Wade, para las mujeres, en todos los estados, puedan acceder a la asistencia en salud que necesitan”.
