La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo de un país y también la bacteria más dañina para la confianza de los ciudadanos y para la credibilidad de la democracia como la forma más deseable de gobierno.
A raíz de las lamentables noticias que hemos leído en las últimas semanas sobre un caso más de corrupción en nuestro país, conversaba con una querida amiga sobre cómo existen empresas de tanto renombre que han internalizado prácticas y comportamientos de absoluto irrespeto a la ley y a la ética. Mi amiga, quien ocupa un alto cargo ejecutivo en una empresa transnacional, me comentaba que para ella eso resultaba insólito, pues la compañía donde labora siempre ha monitoreado de manera estricta su actuar a la luz de las políticas internas de ética y cumplimiento. Incluso me comentaba que en una ocasión desistieron de invertir en una localidad porque la autoridad respectiva de ese lugar, les solicitó “un favor” como condición para otorgar el permiso.
¿Ante cuál escenario estaríamos hoy si todas las empresas e instituciones tuvieran una cultura organizacional de apego estricto a las políticas de anticorrupción y antisoborno?
La corrupción nos afecta a todos, es tanto un asunto de interés público como privado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “la corrupción en la adjudicación de contratos tiene costos sociales, políticos, ambientales y económicos, que ningún país puede ignorar,” y las consecuencias pueden hacer que “(…) un cohecho de un millón de dólares pueda escalar a una pérdida de cien millones de dólares en un país asolado por la pobreza, porque los proyectos arruinados e inadecuada inversión socavan los planes de desarrollo.”
Entonces, la corrupción no solamente es ilegal e inmoral, es también un tema económico, pues su práctica puede elevar el consumo de los recursos públicos de manera exponencial, haciendo que una obra pública, una contratación administrativa o una inversión que requiera el país para su desarrollo, cueste 100 veces más de lo que debería costar, es por ello que la considero la manera más grotesca y vil de gastar los impuestos que pagamos los ciudadanos todos los días. La corrupción refuerza la inequidad y frustra los intentos de alcanzar la justicia social a través de la eficiente inversión de los recursos públicos. Es el mayor obstáculo para el desarrollo de un país y también la bacteria más dañina para la confianza de los ciudadanos y para la credibilidad de la democracia como la forma más deseable de gobierno.
Cuando nos planteamos objetivos y metas de desarrollo, crecimiento económico y lucha contra la desigualdad no podemos dejar de lado los esfuerzos para combatir la corrupción. De hecho, el mismo Banco Mundial ha considerado que la corrupción es el desafío más importante para cumplir sus objetivos de poner fin a la pobreza extrema para el 2030 e impulsar la prosperidad compartida para el 40% más pobre en los países en desarrollo.
Frente a esta cruda realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos implementar mayor transparencia en el actuar de las relaciones público – privadas, público – públicas y privadas – privadas?
La lucha contra la corrupción es una necesidad constante y perenne de todo sistema democrático. Existen tres principales canales mediante los cuáles podemos combatirla: la prevención, la detección y la sanción. Se trata de herramientas que ya han sido probadas y han dado resultado en países como Dinamarca, líder en esta lucha.
Sí es posible luchar de manera efectiva y sostenida contra la corrupción, en el tanto se haga valer la legislación, los principios y valores de ética, transparencia, responsabilidad y eficacia del sistema de justicia frente a hechos punibles. Me gustaría citar algunos de esos canales preventivos que permiten detectar de manera oportuna la corrupción:
- Legislación anticorrupción y políticas públicas en favor de la transparencia y la eficiencia. Revisemos los vacíos que promueven la impunidad, adoptemos los convenios internacionales pendientes (por ejemplo, la Convención Anticohecho de la OCDE). Mantengamos la transparencia en las compras públicas (uso obligatorio del SICOP). Digitalicemos y optimicemos los procesos en la administración pública. Despersonalicemos las autorizaciones.
- Sistemas de control interno y competencias fiscalizadoras. Quitemos trabas burocráticas que no están agregando valor. Promovamos una rendición de cuentas efectiva. Migremos a una gestión pública con enfoque a resultados.
- Auditorías independientes. Que los profesionales en auditoría ejerzan sus cargos con responsabilidad y sentido de oportunidad, que sean probos, veraces y emitan sus informes de manera objetiva y fundada, que denuncien cuando deban hacerlo.
- Buenas prácticas de gobierno corporativo. Idoneidad en los nombramientos. Juntas directivas y/o altas gerencias que tengan claro y promuevan el respeto a los canales administrativos, legales y éticos que juraron defender.
- Idoneidad en políticos y autoridades públicas. Nombremos jefes de estado, ministros de gobierno, alcaldes, diputados, jerarcas de instituciones públicas, jueces y fiscales íntegros, con liderazgo, capacidad de gestión y probos.
- Empresas ejemplo, que han adoptado una cultura organizacional de absoluto respeto a la ley y no se prestan para prácticas anti-éticas con el fin de obtener beneficios particulares. Que no busquen rentabilidades basadas en eludir los compromisos legales.
- Integridad de los medios de prensa y ciudadanos en general. Personas comprometidas en su actuar íntegro y atentas para denunciar a través de los canales administrativos y judiciales disponibles para ello.
Las medidas anteriores funcionan como un engranaje virtuoso. Si bien ninguna funcionaría para combatir la corrupción de manera aislada e individual, el aporte de cada quien en el lugar que ocupe como ciudadano es fundamental para promover la cultura de transparencia y anticorrupción; basta que una de esas personas deje de cumplir con su deber para que la bacteria entre y comience a carcomer nuestro sistema democrático.
Fomentemos desde casa el deber. Según el último informe de Transparencia Internacional (2020), existe una fuerte cultura de valores y cumplimiento del deber en los países que lideran el ranking mundial de transparencia. Casualmente, son también estos países los que encabezan las listas de prosperidad y desarrollo humano. Son poblaciones menos desiguales porque las reglas son iguales para todos y porque los recursos se administran con transparencia, buscando el mayor bienestar para todos los ciudadanos.