Ex presas políticas de la dictadura militar (1973-1985) de Uruguay denunciaron, en testimonio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que, durante su detención fueron, entre otros vejámenes, sometidas a tortura sexual.

El planteamiento fue formulado durante una conferencia virtual entre autoridades de la Cidh, en Washington -sede de la entidad continental-, y catorce denunciantes, en Montevideo, la capital uruguaya -específicamente, en una sala de la estatal Universidad de la República (Udelar)-.

Las catorce, estuvieron acompañadas por su abogada, Flor de María Meza, además de la representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Center for Justice and International Law, Cejil) María Noel Leoni.

En nombre de las denunciantes, hablaron Jacqueline Gurruchaga y Blanca Luz Menéndez, quienes destacaron que la vulneración de sus derechos -lo mismo que los de otras ex presas políticas-, mientras permanecieron encarceladas, se tipifica como delito de lesa humanidad.

También señalaron que, el hecho de que la justicia del país sudamericano haya sido omisa en la tramitación de su denuncia -presentada en octubre de 2011-, equivale a garantizar impunidad a los torturadores, y expresaron la esperanza de, a raíz de la audiencia del 18 de marzo, en el marco de la Cidh, se aplique justicia internacional en casos como el suyo.

Al respecto, Menéndez aseguró que “el tiempo transcurrido sólo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad”.

“Cada día que pasa esa injusticia, nuestra dignidad se ve afectada”, reflexionó.

El grupo exige “justicia y reparación integral, y que el Estado reconozca que vulneró nuestros derechos, y que ello se difunda, pues forma parte de nuestro derecho a la reparación y a la garantía de no repetición”, explicó.

“La espera por la justicia demoró tantos años, que ya fallecieron tres compañeras que iniciaron la denuncia colectiva”, denunció.

Sin embargo, “con esta audiencia, iniciamos un camino de búsqueda de justicia internacional”, aseguró.

Por su parte, Gurruchaga precisó que “la sistematización y la repetición de los procedimientos represivos, dejan en evidencia el carácter de delito de lesa humanidad”, en alusión a la tortura que padecieron durante su permanencia en prisión.

También, “pone de manifiesto que la práctica de la violación contra las mujeres formaba parte de un estudiado método de tortura, y aseguraba un nivel de daño que dejó secuelas tanto físicas como psicológicas muy profundas, y difíciles de superar”, subrayó,

Asimismo, denunció que las ex presas políticas son revictimizadas, en el marco del lento proceso judicial, cada vez que se les obliga a relatar diferentes aspectos de la brutal y recurrente violencia de género que soportaron durante su arbitraria reclusión.

Agregado a ello, “aún no hemos recibido reparación integral”, planteó.

Mientras eso ocurre, los acusados “se amparan en mecanismos de impunidad”, lo que incluye “recursos dilatorios que entorpecen el accionar de la Justicia”, reclamó.

Por si lo anterior no fuese suficiente, “la falta de justicia nos llevó a convivir, en la misma sociedad, con nuestros torturadores”, dijo Gurruchaga, como parte de su intenso testimonio.

En cuanto a las trabas judiciales, Meza solicitó, a la Cidh, que lleve a cabo lo que describió como una visita virtual, a Uruguay, “para examinar los obstáculos de acceso de los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, con especial énfasis en las mujeres que denuncian violencia sexual”.

También planteó la necesidad de que, en el contexto del proceso legal, el organismo especializado continental acompañe a las denunciantes.

Por su parte, Leoni precisó que “esta comisión conoce muy bien que, en el marco de la dictadura en Uruguay, se cometieron varias violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y conoce muy bien también que la deuda de verdad, justicia, y reparación, con las víctimas y sus familiares, no se ha saldado”.

Se trata de un componente que “han determinado que la causa de las denunciantes siga impune”, con el agravante de “la estigmatización, la revictimización, y la discriminación que enfrentan las mujeres que denuncian violencia sexual”, subrayó.

Asimismo, destacó el hecho de que, si bien se mantuvo oficialmente sin destacar, el abuso sexual, por parte de los torturadores militares uruguayos, fue una constante en las cárceles de la dictadura.

Si bien son prácticas que “permanecen en el silencio”, en gran medida, “en Uruguay, la violencia sexual constituyó un arma de guerra del Estado para humillar, castigar, y violentar a las mujeres presas políticas”, aseguró la representante de Cejil.

Por lo tanto, “estamos acá, con la firme convicción de que esta audiencia”, como “camino de la justicia internacional, pueda ayudar a derribar el silencio”, planteó.

En una nota informativa sobre el testimonio de las denunciantes, el diario uruguayo La Diaria relató, el mismo día, algunos de los vejámenes que sufrieron las ex presas políticas, lo mismo que aspectos del proceso judicial.

“En octubre de 2011, un grupo de 28 ex presas políticas denunció ante la Justicia haber sufrido torturas y violencia sexual durante el terrorismo de Estado”, comenzó a narrar.

“Esa violencia fue ejercida a través de agentes del Estado bajo la forma de desnudez forzada, humillación con connotación sexual, violación, amenaza de abuso sexual, abuso sexual, explotación sexual, acoso sexual y embarazos y abortos forzados, entre otras prácticas que, según las denunciantes, se ejercieron de manera sistemática y coordinada”, precisó.

“El caso fue novedoso porque incluía por primera vez la perspectiva de género en una denuncia por crímenes cometidos en la dictadura de Uruguay”, destacó.

“Casi una década después, no ha habido avances”, denunció.

“De los más de 100 exintegrantes de las Fuerzas Armadas denunciados, ninguno fue condenado. Sólo se concretó el procesamiento del excapitán Asencio Lucero, pero no fue detenido por delitos de violencia sexual, sino por privación de libertad”, informó, asimismo.

Un ejemplo del ensañamiento de los militares uruguayos, contra la oposición a la dictadura -lo mismo respecto mujeres que en cuanto a hombres-, fue dado -con excesiva vulgaridad, y en actitud persistente y ofensivamente autoritaria-, en 2006, al comparecer ante el Tribunal de Honor del Ejército, por el coronel retirado Gilberto Vázquez.

De acuerdo con el contenido de documentación revelada, el 28 de agosto de 2020, al respecto, en la declaración que formuló 14 años antes, Vázquez admitió que, en el marco de la generalizada represión, torturó y asesinó personas.

“Tuve que matar, y maté, y no me arrepiento”, aseveró, para agregar que “tuve que torturar, y torturé”.

También reveló que “me cuesta, muchas noches, dormir, acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento”.

Además, en contradicción con aspectos de su confesión inicial, afirmó que “nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes”.

“Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos, porque no había más remedio”, siguió revelando, en la misma línea, para culminar con la afirmación de que “no había otra forma de combatir, y estoy orgulloso de lo que hice”.