La agenda parlamentaria para el período trienal que se inicia el mes próximo en El Salvador, debe estructurarse con enfoque de género, de modo de abordar proyectos de ley relacionados con los derechos de la población femenina, en particular aspectos relacionados con el tema laboral.
Al formular el planteamiento, la representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en el país centroamericano, la ecuatoriana Ana Elena Badilla, señaló, además, que urge la puesta en vigencia de legislación que procure oportunidades en términos de equidad.
Badilla cuestionó, asimismo, la desventajosa severidad que, en materia judicial, enfrentan las salvadoreñas.
En términos generales, la funcionaria internacional señaló que es necesario la promoción de igualdad para las mujeres, quienes constituyen un 53 por ciento de los casi seis millones de habitantes.
En ese sentido, y en alusión específica al aspecto de trabajo, planteó que urge la implementación de la Ley de Salas Cuna, cuya puesta en vigencia -que debió ocurrir en junio de 2020- se postergó al año próximo.
Denominada “Ley especial para la regulación e instalación de salas cuna para los hijos de los trabajadores”-, la iniciativa, aprobada el 15 de junio de 2018, consta de cuatro considerandos, y 15 artículos contenidos en cuatro capítulos
Según la descripción que, en su tercer artículo, el instrumento legal proporciona de una Sala Cuna, se trata de un “establecimiento o espacio físico dentro del centro de trabajo o fuera de él, en el cual el trabajador o trabajadora pueda alimentar a sus hijos, desde que finaliza el período posnatal hasta la edad de tres años, y a la vez dejarlos bajo la supervisión y cuidado de una persona capacitada para tal fin, mientras desempeña sus labores”.
También se indica que “los encargados de supervisar a los menores deberán ser profesionales en el área de la educación temprana, educación preescolar o educación infantil, y su trabajo implicará además del cuido, la realización de actividades aptas para el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas y psicomotrices del menor”.
En el primer artículo, la ley determina que su objeto consiste en “regular las condiciones bajo las cuales los patronos implementarán, en beneficio de los trabajadores, los servicios de salas cunas y lugares de custodia para las hijas e hijos de los trabajadores, ya sea en el lugar de trabajo o en lugar anexo e independiente, determinados por el patrono de cada empresa”.
En el segundo, precisa que “la presente Ley será aplicable al sector público y la empresa privada, instituciones oficiales autónomas, y las municipalidades”.
En la misma disposición, advierte que “ninguna institución (…) podrán alegar la existencia de un régimen especial o preferente para incumplir las disposiciones establecidas en esta Ley”.
Más adelante, indica que “tienen derecho a gozar de la prestación de salas cunas y lugares de custodia, establecidas en los centros de trabajo o en lugar distinto dentro de la misma área geográfica, desde que finaliza el periodo posnatal hasta los tres años de edad del menor, los trabajadores del sector público, la empresa privada, instituciones oficiales autónomas y las municipalidades”.
Y puntualiza que “el patrono está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos descritos en los artículos anteriores a favor de las niñas y niños, hijos de los trabajadores, al contar con cien o más trabajadores que laboren para él”.
Respecto a la ley, Badilla dijo, entrevistada el 28 de marzo en un programa de la televisión nacional, que “esperaría que la nueva legislatura, realmente, retome este tema, porque, ya, la Asamblea Legislativa actual tiene muy poco margen de acción”.
Sobre este tema, informó que “vamos a tener un acercamiento con las diputadas electas, principalmente, y quisiéramos que ellas pudieran retomar este tema dentro de su agenda”.
Surgidos de la elección parlamentaria llevada a cabo el 28 de febrero de este año, los 84 nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa deben asumir, el 1 del mes próximo, sus respectivos cargos, para el período 2021-2024.
En materia de igualdad de oportunidades, planteó la urgencia respecto a la implementación de legislación, y subrayó la necesidad de que el Estado apoye en este sentido.
“Ahí, también, hay un gran vacío por trabajar”, reflexionó Badilla, para agregar que “nosotros también creemos que la responsabilidad del cuidado de las niñas y los niños, de las personas mayores, enfermas o con discapacidad, debe ser una responsabilidad compartida”.
“En el hogar, entre el hombre y la mujer -en caso de que haya pareja-, pero también debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado y las familias, porque las familias requieren apoyo, y, sobre todo, las mujeres que están solas”, precisó.
Otro aspecto de inmediata atención es el referido al trabajo doméstico, ya que se trata de un área que plantea las mayores limitaciones a la inserción femenina en el sector económico, indicó.
“Si no resolvemos esto, no vamos a poder aprovechar todo el potencial que significa el aporte económico que las mujeres pueden hacer a sus propias familias, pero también a la sociedad”, advirtió.
El tema es de particular vigencia, ya que, en el contexto del impacto socioeconómico que, principalmente en las mujeres y las niñas, está teniendo la pandemia mundial del nuevo coronavirus, ese sector poblacional se ve recargado en cuanto a tareas domésticas no remuneradas- las que, históricamente, en la conceptualización patriarcal social, venía desempeñado-.
Badilla también se refirió a la desigualdad de género enraizada en materia judicial en El Salvador, país donde, por ejemplo, las mujeres son brutalmente sancionadas con extensas condenas a prisión -de hasta 30 años-, si abortan -ya sea de manera natural o provocada-, lo que oficialmente es descrito como “emergencia obstétrica”.
Se trata de legislación, fuertemente cuestionada, en el ámbito popular -principalmente el de organizaciones defensoras de los derechos humanos- e internacional -particularmente, Naciones Unidas-, y que Badilla señaló como potencialmente discriminadora.
“Es un tema delicado -siempre es un tema muy sensible-, porque tiene que ver con el derecho a la vida, y es un tema que genera posiciones de todo tipo”, comenzó a explicar.
“Nosotras creemos que una primera cosa importante que se debe decir en esto es que, cuando estamos hablando del derecho a la vida de las personas, tenemos que garantizar la vida de todas las personas, y, particularmente, nos preocupa el derecho a la vida de las mujeres”, continuó planteando.
“Naciones Unidas se ha pronunciado, muchos de los comités y organismos de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por que, en el caso de El Salvador, mujeres han sufrido condenadas muy altas por delitos de homicidio que están relacionados con emergencias obstétricas, con problemas durante el embarazo”, agregó.
“Y estas penas son mucho más altas que las que tienen, en algunos casos, mareros (pandilleros) que ponen en riesgo la seguridad pública y que han cometido actos graves en contra de la vida y la seguridad de las personas”, reflexionó, a manera de ejemplo.
“Eso, ya ha sido un pronunciamiento reiterado de la Naciones Unidas, en el sentido de que pareciera que hay un desbalance en el sistema de justicia: cuando se aplican sanciones a mujeres y a hombres en delitos que tienen diferentes niveles de gravedad, pero que las sanciones para las mujeres han sido muy altas”, dijo.
“Esto tiene muchas otras consecuencias, porque tiene consecuencias no sólo para ellas, sino para sus familias”, advirtió.
“Por ejemplo, mujeres jefas de hogar que tienen otros niños y, al ser encarceladas por 10, 20, y hasta 30 años, dejan a sus hijos sin su madre, sin su apoyo y, en muchos casos, ellas eran el sostén de la familia”, señaló.
“El tema tiene muchas aristas, pero, sí, hay una preocupación, y, sí, podría pensarse o entenderse que esta aplicación diferenciada de penas tan elevadas para las mujeres pueda ser una forma de discriminación”, subrayó.
Badilla expresó que se trata de “un tema al cual hay que ponerle atención”, y aclaró que, si bien “Naciones Unidas es respetuosa de la legislación nacional”, y, aunque “está para apoyar a los Estados y a los gobiernos”, la organización mundial, “sí, ha llamado la atención sobre este punto, que es preocupante”.
