La violación y los golpes contra mujeres y niñas, en Honduras -que figuran entre las principales acciones contra los derechos humanos en el país centroamericano- constituyen actos con los que culminan trayectorias de agresión de género.
Ello, en un contexto nacional en el cual los asesinato contra mujeres ocurren a razón de aproximadamente uno cada 23 horas, de acuerdo con lo expresado por la directora del no gubernamental Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez.
“Muchas mujeres son violadas, acosadas sexualmente, y eso no fue solo un momento, viene de un largo camino de violencia”, expresó la activista hondureña de derechos humanos, en declaraciones difundidas, el 24 de agosto, por la agencia informativa española Efe.
“Por ejemplo, niñas que salen embarazadas a los 12 años, no quiere decir que las abusaron a esa edad sino que vienen aguantando abusos desde que tienen cinco o seis años”, agregó, a manera de ejemplo.
Asimismo, “cuando una mujer es golpeada, significa que ya ha sufrido gritos, empujones, y una situación de discriminación”, siguió explicando.
“La problemática debe ponerse sobre el tapete”, planteó, para agregar que el Estado debe “impulsar una estrategia integral amplia contra la violencia de género en Honduras”.
De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia (OV) de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en materia de femicidios -la peor forma de agresión de género-, las víctimas, el año pasado, fueron 409 -abril con 42, el nivel más
alto-, mientras que la correspondiente a lo que va de este año se ubica en 203.
En la mayoría de los casos -en un brutal promedio de más de veinte por mes-, los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego, según el OV.
Por su parte, en declaraciones formuladas un día después, también a Efe, Migdonia Ayestas, planteó que la violencia general contra las mujeres -un rasgo históricamente característico de la cultura machista imperante en Honduras-, se ha agudizado a causa de la afectación, en el país, por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19).
A nivel regional centroamericano, Honduras se ubicaba, al 125 de agosto, como el tercer país más afectado, con 55,479 casos, después de Panamá (87,485) y Guatemala (69,651).
“La violencia doméstica ha sido por años, uno de los problemas que más ha afectado a las mujeres del país, pero el tiempo de confinamiento causado por la pandemia, ha agudizado la crisis”, aseguró Ayestas.
Ello se debe, principalmente, al aislamiento social -cuarentena-, indicó la experta.
Se trata de una de las medidas que los respectivos gobiernos de la mayoría de países afectados por la crisis sanitaria vienen implementando, como esfuerzo para reducir la propagación del virus.
Sin embargo, ello, sumando a la masiva pérdida de empleos como parte de la afectación económica de la emergencia, significa que las mujeres y niñas quienes son víctimas de violencia de género -o están en riesgo de serlo-, se ven obligadas a convivir 24/7 con sus agresores.
Los ataques contra las mujeres constituyen “un daño grave que se repite todos los años en Honduras, y se ha visibilizado más durante la pandemia”, reflexionó.
“Estar encerrados ha significado una carga muy alta para las mujeres (…) por las agresiones físicas, psicológicas y hasta de abuso sexual”, denunció Ayestas, quien precisó que la situación es “un problema de salud pública, por lo que el gobierno debe brindar atención primaria en salud”.
La directora del observatorio también señaló la necesidad de educar contra el machismo.
“Es necesario enseñarles a los niños, desde el hogar y la escuela, que las mujeres son iguales que los hombres y, por lo tanto, merecen el mismo respeto”, puntualizó.
También se debe “empoderar a las mujeres y a las niñas, fortalecer las instancias para erradicar la sumisión y esta cultura patriarcal que les afecta”, recomendó, a continuación.
Entretanto, la directora del no gubernamental Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Merly Eguigure, informó, en diálogo con la estación local de televisión Once Noticias, que, desde el estallido de la pandemia, en marzo, el total de llamadas a la línea de emergencias 911, por situaciones de violencia de género, se ha disparado dramáticamente, habiéndose acumulado, al 16 de agosto, algo más de 65 mil.
Sin embargo, “apenas el cinco por ciento logran obtener respuesta y proceso, en los tribunales”.
“Es un problema sin atender, que amerita políticas públicas orientadas a prevenirla, castigarla, y erradicarla”, planteó.
Este año podría cerrar con cien mil llamadas, aseguró.
El movimiento, una de las principales organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, tomó su nombre de la maestra, feministas, y activista Visitación Padilla, quien además fue opositora a la presencia militar estadounidense en Honduras, para proteger, al inicio del siglo 20, a empresas -principalmente bananeras- de Estados Unidos que operaban en el norte hondureño.
En ese sentido, “Las Chonas” -como popularmente se conoce a las integrantes del movimiento- se han opuesto, desde su fundación -en 1984-, a que efectivos militares de la estadounidense Joint Task Force Bravo (Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, JTF-B) usen, como base en Honduras, la Base Aérea “José enrique Soto Cano”, más Conocida como Base de Palmerola, a unos 80 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional.
De acuerdo con información difundida el inicio de junio, en su sitio en Internet, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), “la pandemia de la COVID-19 ha significado una importante amenaza a la salud pública a nivel global, por lo que los países se han visto en la obligación de implementar medidas de restricción de movilidad que han tenido consecuencias directas en la protección de las mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencia de género dentro de sus hogares”.
“El confinamiento aumenta la exposición de las mujeres y las niñas frente a sus agresores, además de limitar su movilidad para pedir ayuda o huir”, y “la pérdida del trabajo, la disminución de los ingresos o la imposibilidad de adquirirlos, incrementan la dependencia económica que constituye una barrera más para denunciar la violencia, generando mayores tensiones en el entorno compartido con el agresor”, señaló.
