La criminalización del aborto, es la negación de la protección a la vida humana, ya que coloca en riesgo a las mujeres y a las niñas a quienes se niega el acceso a ese procedimiento, advirtió la médica Laura Gil, experta en la materia
Lejos de satanizar ese método, los estados deben garantizar, principalmente a la población femenina en vulnerabilidad social, atención profesional que sea, al mismo tiempo, compasiva y equitativa, aseguró Gil, al medio de comunicación hondureño Criterio.hn.
En las declaraciones reproducidas por esa publicación, la médica subrayó que la protección de esas mujeres y esas niñas constituye una obligación moral.
La experta -quien es vicepresidenta del Comité de Aborto Seguro de la Federación Internacional de Gineco Obstetricia (Figo)- hizo, así, alusión específica, al caso de Honduras, país cuya legislación prohíbe, severamente, el aborto.
Gil dialogó con el medio, durante su estadía, en julio, en Tegucigalpa -la capital
hondureña-, para presentar, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evidencia científica en respaldo a las gestiones legales que organizaciones de derechos humanos llevan adelante en procura de lograr la despenalización del aborto, en el país centroamericano.
La gestión realizada por la profesional, que se denomina amicus curiae –y que, en latín, significa “amigo de la corte”-, es un trámite que permite, a personas u organizaciones no directamente vinculadasa un caso -aunque con fuerte interés en el tema-, ofrecer, a un tribunal, información, experiencia, contexto sobre el asunto.
Al informar, en la nota, sobre la gestión, Criterio.hn señaló que “Figo destacó que la penalización del aborto no se traduce en menos abortos”.
“De hecho, solo hace que los abortos sean inseguros para las mujeres y las niñas que buscan servicios de aborto, independientemente de su estatus legal”, agregó, citando el planteamiento de la federación internacional.
La entidad especializada “resaltó que la decisión de continuar un embarazo, especialmente cuando conlleva un riesgo para la vida o la salud de la mujer o cuando el feto padece malformaciones letales, solo debe ser tomada por la persona embarazada”, según la versión periodística.
“Además, es responsabilidad de los Estados y sus sistemas de salud garantizar la prestación de servicios de salud seguros”, indicó Figo.
Por otra parte, la federación denunció que “la legislación actual ejerce una presión inaceptable sobre los profesionales de la salud en Honduras”.
Ello, “al prohibirles la interrupción de un embarazo, incluso cuando pone en peligro la vida de una paciente, obligándoles a dejar a las pacientes a merced del aborto inseguro (clandestino)”, advirtió.
Según Criterio.hn, como parte de la gestión judicial, Figo solicitó, al Estado hondureño, que revise, desde el punto de vista constitucional, la legislación que prohíbe la interrupción del empacaras.
La federación también exhortó, “a quienes están en el poder, a reconocer y garantizar el aborto como atención de salud esencial y urgente, acorde con las recomendaciones de derechos humanos y la evidencia científica”, informó, además.
Figo acompaña, así, a una veintena de oenegés quehan planteado, en la CSJ, un recurso de inconstitucionalidad, contra la represiva legislación -en particular, el artículo 196 del Código Penal de Honduras-, trámite que fue admitido por el máximo tribunal nacional.
Sin perjuicio de la razón por la cual se procure el aborto -violación, peligro para la vida de la embarazada, etc-, quienes se sometan alprocedimiento médico enfrentan, actualmente, el riesgo de condena a prisión hasta por 10 años.
La severidad de la injusta sanción obliga, a mujeres y a niñas, a buscar opciones clandestinas -por lo tanto, inseguras–, lo que resulta en casos de pérdida de vidas.
Al respecto, citada por Criterio.hn, Gil planteó que “la protección de la vida humana, desde la concepción, debe ser asegurada por medios efectivos y compatibles con los derechos fundamentales de las personas”.
Pero “la criminalización del aborto no es una de ellas”, aclaró, de inmediato.
Eso, “ya que no reduce el número de abortos y pone en peligro la vida de muchas mujeres y niñas, especialmente de las más vulnerables”, continuó explicando.
La médica subrayó, además, que, en su condición de obstetra, tiene el “deber ético y moral (de) proteger a las mujeres y niñas, y brindarles la atención compasiva y equitativa que merecen, y que toda sociedad y Estado deben garantizar”.
