El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, debe enmendar la injusticia cometida contra las mujeres quienes permanecen en prisión, acusadas de haber abortado, luego de que sufrieron alguna emergencia obstétrica.
El mandatario tiene la oportunidad de hacerlo, en el marco de la emergencia sanitaria generada en el país centroamericano a causa de la pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19).
Ello, en el contexto de las precarias condiciones que presentan los centros penitenciarios salvadoreños en general, dramático cuadro de situación agudizado por la crisis sanitaria.
Exponente de esta línea de análisis, la directora para las Américas, de Amnistía Internacional (AI), la mexicana-estadounidense Erika Guevara, calificó de vergonzoso el hecho de que la legislación salvadoreña que prohíbe y castiga el aborto es una de las más severas a nivel mundial.
“El gobierno de Bukele y el Estado salvadoreño en su conjunto tienen la oportunidad de hacer lo correcto y cumplir con sus obligaciones internacionales, liberando a estas mujeres”, indicó Guevara, en un artículo de opinión publicado por el periódico electrónico salvadoreño El Faro.
“Dado el contexto de pandemia de covid-19 y las precarias condiciones carcelarias en el país, las mujeres encarceladas por emergencias obstétricas además de sufrir los estragos de la injusta criminalización, también enfrentan el riesgo de contagiarse”, agregó, en el texto que tituló “Una nueva oportunidad de justicia para mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas”.
“La situación de mujeres encarceladas por emergencias obstétricas en El Salvador, el país con una de las legislaciones antiaborto más draconianas del mundo, se ha convertido en un escándalo internacional por la vergonzosa y discriminatoria práctica de criminalizar a las mujeres e imponer castigos injustos”, precisó Guevara, una abogada especializada en derechos humanos, además de activista feminista.
“Ninguna mujer debe ser acusada injustamente por el simple hecho de sufrir una emergencia obstétrica”, no obstante lo cual, en virtud de que “el aborto es ilegal en todas las circunstancias en El Salvador (…) las mujeres que sufren emergencias obstétricas a menudo son condenadas injustamente bajo estas leyes”.
Guevara citó datos de la Según la feminista Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, aproximadamente 18 mujeres permanecen encarceladas por esa razón, alrededor de 16 de las cuales enfrentan condenas firmes, mientras dos son actualmente sometidas a proceso judicial.
La jerarca regional de AI señaló que esa organización de derechos humanos ha expresado, “reiteradamente (…) preocupación sobre la situación de precariedad que viven las personas privadas de la libertad en todas las Américas, incluido El Salvador”.
“El hacinamiento generalizado que presentan las cárceles imposibilita a las personas privadas de su libertad tomar medidas para prevenir el contagio, incluyendo el distanciamiento físico y el aislamiento de personas que pudiesen haber contraído el virus”, agregó.
“A ello se suman condiciones limitadas de acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, falta de higiene y falta de acceso al agua”, todo lo cual “aumenta los riesgos de exposición al virus y limita las posibilidades de recuperación en caso de contagio”, advirtió.
Otras entidades internacionales y regionales de derechos humanos “también se han pronunciado sobre el grave riesgo”, y, “para garantizar a las personas privadas de libertad sus derechos a la vida y a la salud, recomiendan que los Estados apliquen esquemas de liberación temprana, temporal o provisional para reducir el hacinamiento carcelario”, agregó, al contextualizar el caso de la nación centroamericana.
“Es evidente que las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de liberar a las mujeres que se encuentran arbitrariamente privadas de la libertad por hechos relacionados con complicaciones del embarazo y falta de acceso a la salud reproductiva”, reflexionó.
“No hacerlo, no sólo implica que el Estado continuaría vulnerando sus derechos humanos, sino que, las estaría exponiendo (a las reclusas) de forma innecesaria al riesgo de contagio de covid-19, poniendo su salud y vida en grave peligro”, advirtió, a continuación.
Al respecto, indicó que, “hace años, El Salvador ha sido sometido al escrutinio internacional por las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres”.
En ese marco, “diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos se han pronunciado de forma unánime sobre la necesidad de que el Estado disponga la liberación inmediata de las mujeres privadas de la libertad por hechos relacionados con emergencias obstétricas”, escribió, a continuación.
En ese sentido mencionó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y señaló gestiones de AI.
Entre las últimas, hizo referencia a reuniones que la organización internacional ha llevado a cabo con legisladores salvadoreños de diversos partidos, y con Bukele.
En el primer caso, el propósito ha sido el de “demandar una reforma penal que respete y garantice los derechos de las mujeres”, relató.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa -parlamento unicameral- “continúa perpetuando una deuda histórica al negarse a abolir la prohibición absoluta del aborto”, denunció.
En el caso de Bukele, el año pasado, antes de asumir la presidencia, “nos enfatizó que su Gobierno no criminalizará a las mujeres y las niñas, sobre todo a las que viven en situación de pobreza, y que garantizará sus derechos sexuales y reproductivos”, pero “esa, como muchas otras, ha sido una promesa hasta ahora incumplida”.
“Su Gobierno no ha hecho nada para atender la grave situación que enfrentan las mujeres encarceladas, ni para promover reformas legislativas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto legal y seguro”, señaló.
El artículo de Guevara fue publicado el 16 de junio, coincidió con similar planteamienbto formulado por organizaciones de derechos humanos.
Las agrupaciones solicitaron, seis días antes, a las autoridades salvadoreñas, el descongestionamiento de establecimientos carcelarios, en el marco de la emergencia sanitaria.
La acción debe incluir a mujeres condenadas a prisión a causa de emergencias obstétricas, plantearon, en una declaración, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el Center for Reproductive Rights ( Centro de Derechos Reproductivos, CRR), el Women’s Equality Center (Centro por la Igualdad de las Mujeres, WEC) y el Center for Justice and International Law (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil).
De acuerdo con datos revelados el año pasado, por el británico Institute for Criminal Policy Researh (Instituto para la Investigación de Política Criminal, ICPR) de la Universidad de Londres, en su base de datos denominada World Prison Brief, El Salvador se ubica en segundo lugar, a nivel mundial, en materia de proporción de reclusos por cada 100,000 habitantes, y es el tercero con más hacinamiento carcelario.
En el primer caso, el país presentaba en sus 28 prisiones, en 2018, 597 reclusos por cada 100,000 habitantes-después de Estados Unidos (655), y en el segundo, registraba 333.3 por ciento de sobrepoblación, antecedido por Filipinas (466.6) y Haití (454.4),
Al respecto, la Sala de lo Constitucional de la Corta Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional esa situación -que, en ese momento registraba hacinamiento de 360 por ciento, y ordenó, al gobierno entonces presidido por el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), mejorar las condiciones en los centros carcelarios del país.
Según datos de la estadounidense Universidad Johns Hopkins, a nivel mundial, el total de casos de Covid-19 llegó, el 24 de junio, a algo más de 9.4 millones, con Estados Unidos encabezando la lista, con poco más de 2.3 millones, seguido por Brasil -el país latinoamericano más golpeado por la pandemia-, con poco menos de 1.2 millones.
En el caso de El Salvador, en esa fecha, el país se ubicaba, con 5,150 casos, en el cuarto lugar a nivel centroamericano.
