La violencia de género, sumada a la discriminación, es el principal escollo para lograr el desarrollo general a nivel mundial.
No obstante ello, a nivel gubernamental suele no garantizarse los derechos esenciales de mujeres y niñas, como tampoco se evidencia esfuerzos por empoderarlas.
Exponente de esta línea de análisis y denuncia, la experta sudafricana Tlaleng Mofokeng, aseguró, en un reciente artículo de opinión en el que citó cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que un tercio de la población femenina mundial padece alguna forma de violencia física –incluida la agresión sexual-.
“La mayor barrera para el desarrollo global no es el hambre ni las enfermedades. Es la discriminación y la violencia de género”, aseguró Mofokeng, experta en salud y derechos reproductivos, quien, además, integra la Comisión para la Igualdad de Género de Sudáfrica.
“Por eso, el logro del Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
-igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas) es un requisito previo para avanzar en los otros 16 ODS”, escribió en el artículo que, en su versión en español y titulado “La violencia contra las mujeres bloquea el desarrollo”, fue publicado por el diario costarricense La Nación, en la Pagina Quince –dedicada a artículos de opinión- de su edición del 26 de febrero.
Mofokeng aludió así a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -a ser logrados para 2030-, el quinto de los cuales se refiere a “Igualdad de Género”.
En este punto, la idea consiste en poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, lo que no solamente constituye un derecho humano básico sino que es crucial para el desarrollo sostenible, se señala, entre otros planteamientos, este objetivo, según el cual “se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial”.
En su artículo, Mofokeng planteó que, no obstante la cercanía del vencimiento del plazo para el cumplimiento de los 17 ODS, los derechos de mujeres y niñas distan de estar garantizados.
“A apenas una década del plazo para completar la agenda de los ODS, los Gobiernos siguen sin garantizar los derechos más básicos de las mujeres y niñas, para no mencionar empoderarlas para que hagan realidad todo su potencial”, advirtió.
Entre otros persistentes problemas, la experta, quien es autora del libro “Dr T: A Guide to Sexual Health and Pleasure” (“Dr T: Una Guía a la Salud Sexual y el Placer”), destacó que, de acuerdo con números de la OMS, “globalmente, cuando menos una de cada tres mujeres, 35 %, vive violencia física o sexual por parte de sus parejas”.
Sumado a ello, “pocos de los atacantes son castigados”, además de que “muchas (víctimas) no pueden acceder a cuidados de atención de salud sexual y reproductiva tras el hecho, incluso en países que han ratificado instrumentos internacionales que lo garantizan”, agregó.
La autora indicó, asimismo, que la OMS y otras agencias especializadas de Naciones Unidas “intentaron abordar estos vacíos con las Pautas sobre la provisión de servicios esenciales para mujeres y niñas que son víctimas de violencia, que sirven como herramienta para identificar lo que los sectores de salud, servicios sociales, Policía y justicia de los países deben proveer a todas las mujeres y niñas que han sufrido violencia de género, y define pasos para la coordinación de esos servicios”.
En otro informe, la OMS advirtió que “la violencia contra la mujer produce muertes, lesiones y embarazos no deseados, y mayores índices de mortalidad infantil”, además de que “las víctimas suelen padecer depresión, aislamiento social y consumo excesivo de alcohol, factores todos que afectan su habilidad de trabajar, llevando a un menor nivel de ingresos”, precisó Mofokeng.
A manera de ejemplo, la experta hizo referencia a la situación que, en materia de violencia género, impera en sui país de origen.
“Piénsese en la difícil situación de las mujeres en Sudáfrica, donde la tasa de feminicidios casi quintuplica el promedio global y el abuso sexual es rampante: en el bienio 2018-2019 la Policía registró un promedio de 114 violaciones al día, un alza de cerca del 5 % con respecto al año anterior”, comenzó planteando.
“Para empeorar las cosas, a menudo, las mujeres y niñas -incluidas las víctimas de esas agresiones- carecen de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido un aborto seguro y asequible”, agregó.
Mofokeng aclaró, a continuación, que no se trata de un problema legal, ya que la Constitución sudafricana “garantiza el acceso a servicios de salud reproductiva”.
Además, la Choice on Termination of Pregnancy Act (Ley sobre Opción de Terminación del Embarazo, CTOP) “permite el aborto hasta la duodécima semana de gestación. No obstante, los abortos no seguros siguen superando a los seguros en una proporción de 2 a 1”, puntualizó.
La CTOP, aprobada en 1996 por el parlamento sudafricano, permite el aborto hasta la decimosegunda semana de embarazo, y, bajo circunstancias considerablemente amplias, hasta la vigésima semana, tiempo después del cual se autoriza por razones médicas serias.
El estadounidense Instituto Guttmacher, entidad fundada en 1968 y dedicada al estudio, la docencia y la promoción de salud y derechos sexuales y reproductivos, ha descrito a la CTOP como “una de las leyes sobre aborto más liberales del mundo”.
“Basándome en los altos índices de agresión sexual de Sudáfrica -y en mi propia experiencia laboral como doctora en terreno-, cabe suponer que una proporción no menor de esos embarazos no deseados ni posibles de mantener comenzó en actos de violación”, reflexionó.
“En este sentido, muchas de las sudafricanas son víctimas por partida doble: primero, por los perpetradores de la agresión y, segundo, por el sistema de salud que las obliga a tener el bebé o recurrir a quienes venden pastillas abortivas ilegales”, denunció.
“En este último escenario, las mujeres se arriesgan a sufrir efectos secundarios como una septicemia y hemorragias, y a menudo soportan un proceso peligroso y humillante en baños públicos”, además de que “se ven expuestas a sufrir todavía más violencia si sus comunidades las culpan de acciones tomadas por desesperación”, narró.
El problema sudafricano es sistémico, según la experta, quien indicó que, “un informe realizado en el 2016 por la Comisión sobre Igualdad de Género en Sudáfrica encontró que el Ministerio de Justicia no estaba coordinando los departamentos a cargo de la implementación de la Carta de Servicios para Víctimas de Crímenes en Sudáfrica”, y que “el Ministerio de Salud no había establecido un sistema estandarizado para financiar, monitorear y evaluar la prestación de servicios de salud a las víctimas”.
En tal contexto, “no es sorprendente el que rara vez se castigue a los perpetradores de violencia sexual”, aseguró.
Mofokeng puso de manifiesto una contradicción entre los propósitos declarados en planes de desarrollo de diferentes países y lo que describió como la escasa efectividad de tales iniciativas.
“Las estrategias de desarrollo modernas a menudo reconocen la crucial importancia de empoderar a las mujeres para que hagan realidad su potencial y contribuyan con eficacia a sus economías. Pero no reconocen la necesidad de concertar medidas para protegerlas de la violencia y defender los derechos de las víctimas. Por lo tanto, son totalmente insuficientes”, aseguró.
En ese sentido, precisó que “las mujeres merecen sentirse seguras en sus hogares, en las escuelas o en el trabajo, en los hospitales y en las calles. Ellas y sus comunidades solo florecerán de verdad cuando no estén luchando por sobrevivir”.
