Expertos internacionales plantearon, a la dictadura religiosa de Irán, que investigue el fallecimiento de la joven Armita Garavand, ocurrido casi un mes después de un confuso incidente violento, en un tren del metro de Teherán -la capital nacional-, en torno a la estricta legislación que obliga a las mujeres a usar hijab -velo religioso-
Los especialistas plantearon, en una declaración, que el hecho se enmarca en lo que describieron como una nueva ofensiva de represión contra la población femenina -lo mismo adulta que menor de edad-, en el país del oeste asiático.
Ello, tras la reciente aprobación de la “Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab”, que agudizó la violación de los derechos de ese sector poblacional iraní, de acuerdo con lo señalado por los firmantes del texto, incluido el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Islámica de Irán, el académico paquistaní-británico Javaid Rehman.
Al informar, el 2 de noviembre, sobre la declaración, la agencia informativa española Efe indicó que “expertos de Naciones Unidas pidieron hoy al Gobierno de Irán que inicie una investigación rápida en torno a la muerte de Armita Garavand, la joven iraní que falleció el 28 de octubre tras sufrir una supuesta agresión en el metro de Teherán por no usar el velo islámico”.
“Los expertos denunciaron que el fallecimiento de la joven forma parte de una ‘nueva oleada de agresiones contra mujeres y niñas’ en el país tras la entrada en vigor” de la Ley de Protección a la Familia mediante la Promoción de la cultura de Castidad y el Hijab, según la versión periodística.
El nuevo instrumento represivo fue aprobado, el 20 de setiembre, por el Majlis Iraní (unicameral organismo legislativo), y pasó por el filtro del Consejo de Guardianes.
Según su definición oficial, fundado en 2006, el consejo de doce integrantes tiene el mandato de “informar, monitorear, apoyar, proteger, promover, y preservar los derechos humanos”, el que debe cumplir mediante “la implementación de métodos y herramientas pacíficos”.
Sus amplias facultades incluyen el monitoreo legislativo -por ejemplo, poder de veto sobre leyes aprobada por el Majlis-, así como la supervisión electoral -incluidas la aprobación o la descalificación de candidatos a diversos cargos públicos-, además de la interpretación de la Constitución -en este caso, funcionando como corte constitucional-.
Los guardianes son, actualmente dirigidos por Ahmad Jannati, un conservador clérigo y dirigente político iraní de 96 años, quien, simultáneamente, se desempeña como presidente de la Asamblea de Expertos (Majlis-e Khobregân-e Rahbari, en farsi), el organismo encargado de designar al Líder Supremo de Irán -la máxima autoridad gubernamental del país, por encima del presidente-.
Según versiones periodísticas, la ley apunta a erradicar la desobediencia civil que, hace algo más de un año, mujeres iraníes -en números crecientes- vienen constituyendo en movimiento de protesta contra la política misógina mediante la cual el régimen dictatorial musulmán viola los derechos humanos -con particular crueldad, las garantías fundamentales de la población femenina-.
Aquellas mujeres quienes se abstengan de usar hijab, así como las que porten “vestimenta inapropiada, en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles” al régimen iraní, serán castigadas con “pena de prisión de cuarto grado” -de cinco a 10 años-, de acuerdo con los medios.
También serán sancionadas las mujeres y las niñas quienes, lo mismo en sitios públicos que en redes sociales, muestren “desnudez de alguna parte del cuerpo, o lleven ropa (de tela) delgada, o ajustada”, o si incurren en delitos tales como “la burla del hijab” y “la promoción del desnudo”.
Los castigos se enfocan, asimismo, en impedir el uso de camisas o blusas de mangas cortas, lo mismo que de shorts y pantalones con la tela rasgada.
Entre las sanciones previstas en el nuevo texto represivo, se destacan multas en el rango de hasta 1,800 euros (algo más de 1,900 dólares), condenas máximas a cinco años de prisión, impedimento de acceso a servicios bancarios, despido laboral, rebajas salariales, reducción o eliminación de prestaciones laborales, prohibición de conducir, confiscación de vehículos.
El proyecto establece, asimismo, castigos para empresarios quienes permitan que las trabajadoras de sus centros de trabajo se abstengan de usar el velo religioso, casos para los cuales prevé, entre otras sanciones, la imposición de multas lo mismo que de impedimento de salida del país.
Los expertos internacionales plantearon, en la declaración, que “las mujeres y niñas iraníes no deben ser castigadas por llevar o no una determinada prenda de vestir y, desde luego, no deben correr el riesgo de perder la vida por ello”.
Asimismo, solicitaron, a las autoridades iraníes, que “pongan fin a las leyes de género discriminatorias, incluidas las normas que imponen códigos de vestimenta obligatorios, por ser incompatibles con los principios de igualdad de género y otras libertades”.
Respecto al incidente, ocurrido, al parecer, el 1 de octubre, en un vagón del sistema de transporte subterráneo de pasajeros en Teherán, la Agencia de Noticias de la República Islámica (Islamic Republic News Agency, Irna), medio de comunicación oficial, informó, el 28 de octubre, sobre el fallecimiento la joven.
“Armita Garavand, una estudiante de 16 Años quien sufrió una baja de la presión arterial y se desmayó en una estación del metro en Teherán, al inicio de este mes, ha fallecido”, afirmó Irna, al difundir la narrativa de la dictadura respecto a ese caso.
“Armita y sus amigas estaban entrando a un tren en la estación Shohada, del metro, en la capital, el 1 de octubre, cuando se desmayó, lo que causó que golpeara su cabeza y entrara en coma”, agregó el medio de comunicación.
“El impacto en su cabeza fue tan severo, que sufrió un paro cardíaco, y, después de los esfuerzo de rescate de varios ciudadanos, empleados del subterráneo, y personal de emergencia, fue trasladada, al más cercano hospital especializados, para tratamiento adicional”, siguió planteando.
“El incidente fue, inmediatamente, secuestrado por plataformas informativas anti Irán, que sostuvieron que Armita fue brutalmente golpeada por la policía, por vestir ropa inadecuada”, agregó, a manera de improbable aclaración.
“No obstante, de acuerdo con el informe oficial de los médicos, después de una repentina caída de presión arterial, ella cayó y sufrió daño cerebral, seguido por recurrentes convulsiones, decrecida oxigenación cerebral, y edema cerebral”, aseveró, a continuación.
“Lamentablemente, el daño cerebral que sufrió, la hizo permanecer en coma, durante semanas”, tras lo cual, “ella, eventualmente, murió la mañana del sábado”, indicó, en alusión al 28 de octubre.
La agencia acompañó la nota informativa con imágenes obtenidas del sistema de seguridad, instaladas en la estación del metro, que muestran, a Garavand y otras dos jóvenes, cuando entran al vagón del tren, y cuando salen, instantes después, las segundas cargando a la primera.
En una versión anterior -difundida el 5 de octubre, cuatro días después del incidente-, Irna citó declaraciones que atribuyó a quienes describió como amigas de la joven, aseverando que “descartaron cualquier choque o empujón en un tren subterráneo”.
“Fatemeh, una amiga cercana y compañera de clase de armita, dijo, a IRNA, en una entrevista, que, en menos de un segundo después de haber entrado al tren subterráneo, Armita, repentinamente, cayó hacia atrás, y golpeó su cabeza contra el suelo”, según el medio de comunicación de la brutal teocracia iraní.
“La compañera de clase agregó que, cuando levantó a Armita, se dio cuenta de que su mano estaba manchada con sangre, (y) entonces advirtió una herida en la cabeza de Armita, de modo que ella, y otra compañera de clase (quien estaba) en el lugar, sacaron, a Armita, del tren”, de acuerdo con la narración oficial.
“Mahla, otra compañera de clase y amiga de Armita, también explicó que, el domingo (1 de octubre), estas tres compañeras de clase entraron al tren, una detrás de otra, pero, después de un segundo, Armita cayó y golpeó la espalda contra el suelo”, Irna siguió narrando.
“Ella también dijo que Armita se veía, de alguna manera, muerta, pero, personal del subterráneo y un pasajero, ayudaron a resucitarla, y fue llevada a un hospital”, agregó.
Frente a la improbable narrativa oficial, medios de comunicación internacionales, y organizaciones defensoras de los derechos humanos, han coincidido en informar que Garavand fue, en realidad, agredida, por agentes de seguridad del metro capitalino, porque no llevaba puesto el hijab.
Citada por algunos medios, la no gubernamental amnistía Internacional (AI) denunció, además, que el video presenta indicios de que fue manipulado.
Por su parte, la no gubernamental Iran Human Rights (Iran Derechos Humanos, IHR) emitió, el 28 de octubre, un contundente comunicado en el acusó, al régimen iraní, de haber asesinado a Garavand.
Su director, el activista de derechos humanos iraní-noruego Mahmood Amiry-Moghaddam, responsabilizó, al presidente iraní, Ali Khamenei, por el incidente, y exigió una investigación independiente sobre lo ocurrido.
De acuerdo con la información contenida en su sitio en Internet, IHR tiene, como propósito central, “construir una sociedad civil fuerte, a través del empoderamiento de sus ciudadanos, promoviendo y defendiendo los derechos humanos tal como están descritos en la declaración universal de los derechos humanos”.
Igualmente, “defender el derecho a la vida, igualdad de derechos sin discriminación (…) los derechos del niño, y la protección del ambiente estarán en el núcleo de nuestro trabajo”, indica.
En el texto de ocho extensos párrafos, que tituló “República Islámica es responsable de asesinato de Armita Garavand” (“Islamic Republic is Responsible for Armita Garavand’s murder”), IHR proporcionó datos que desmantelan la narrativa oficial respecto al incidente.
“Los medios de comunicación del Estado han informado sobre la muerte de Armita Garavand, una niña de 16 años quien sufrió daño cerebral después de un ‘violento encuentro con agentes del metro haciendo cumplir el hijab obligatorio’, el 1 de octubre”, comenzó a denunciar.
“Ella perdió el conocimiento cuando fue derribara al suelo, por agentes”, agregó.
“Desde el día uno, las autoridades trataron de ocultar la verdad, trasladando a Armita, a un hospital militar, deteniendo a periodistas quienes cubrían la historia, intensa presión sobre su familia, y controlando la narrativa”, precisó, a continuación.
IHR hizo, en el primer caso, referencia al Hospital Fajr, de la Fuerza Aérea, en Teherán.
“Iran Human Rights rechaza la narrativa de la República Islámica (la dictadura religiosa) sobre la muerte de ella”, puntualizó, para declarar que, se trata de “un asesinato de estado”.
Ello, “dada la historia, de la República Islámica, de encubrir sus crímenes, y las denuncias de los ciudadanos”, aclaró.
Citado en el texto, el director de IHR denunció que “Ali Khamenei es, personalmente, responsable por la muerte de Armita Garavand, a menos que una investigación internacional independiente demuestre lo contrario”.
“Es necesario, también, responsabilizar, a las autoridades de la República Islámica, por la presión y el maltrato a los que han sometido a la familia de ella”, agregó, a manera de recomendación.
El incidente ocurrió, poco más de un año después de que la joven iraní Mahsa Zhina Amini, murió, el 16 de setiembre de 2022, en Teherán, tras su detención, por efectivos de la Gasht-e Ershad (Policía Guía, o Policía Orientadora) -temida fuerza de cumplimiento de la fe, popularmente conocida como “policía de la moral”-.
Amini, quien fue acusada de llevar incorrectamente puesto el velo religioso, falleció, también en un hospital, a causa del cruel trato que recibió mientras estuvo en custodia policial.
A raíz del asesinato de Garavand, IHR formuló una exhortación, “a la comunidad internacional a que presione a Irán para que permita que un equipo investigador ingrese al país, para, independientemente, investigar cómo armita entró en coma”.
A manera de advertencia, pronosticó que, “de los contrario, ellos (la dictadura) encubrirán otros crimen, y los perpetradores evadirán, otra vez, la responsabilidad”.
