Expertos internacionales: política misógina talibana arrebata derechos a mujeres

La política discriminatoria que el régimen talibán está implementando contra la población femenina, en Afganistán, está no solamente conculcando los derechos de las mujeres sino que está impidiéndoles que trabajen, y, por lo tanto, empujándolas a la pobreza, advirtieron expertos internacionales en derechos humanos.

Sumado a ello, una de las más preocupantes prohibiciones de género impuestas por el autoritario gobierno instalado en agosto en el país asiático, es la referida a la educación, principalmente en los niveles secundario y superior, señalaron los especialistas, citados en un artículo que Noticias ONU -la agencia informativa de Naciones Unidas- difundió, el 17 de enero, en su sitio en Internet.

El grupo de expertos denunció que “los dirigentes talibanes de Afganistán están institucionalizando la discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas”, lo que ocurre “a gran escala y de forma sistemática”, indicó Noticias ONU.

“Entre las múltiples acciones contra las mujeres, destacan la prohibición de que vuelvan a sus puestos de trabajo, la exigencia de que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, la prohibición de usar solas el transporte público, y la imposición de un estricto código de vestir”, agregó el medio de comunicación internacional.

“Los especialistas consideran ‘especialmente preocupante’ la privación del derecho fundamental a la educación secundaria y terciaria de las mujeres y las niñas”, señaló, en la nota informativa que tituló “Expertos de la ONU reprueban las medidas para ‘eliminar progresivamente’ la vida pública de las mujeres en Afganistán”.

«Nos preocupan los esfuerzos continuos y sistemáticos para excluir a las mujeres de las esferas social, económica y política en todo el país», señalaron, además de plantear que, en tal contexto, “aumenta el riesgo de explotación de mujeres y niñas, incluidas la trata destinada al matrimonio infantil y forzado, así como a la explotación sexual y el trabajo forzado”, según la versión periodística.

Se trata de prácticas “excluyentes y discriminatorias”, que “se aplican mediante una oleada de medidas como la prohibición de que las mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo, la exigencia de que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, la prohibición de usar solas el transporte público y la imposición de un estricto código de vestir”, agregó la agencia, citando a los expertos quienes se desempeñan, como relatores especiales, en el marco del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Además de limitar gravemente su libertad de movimiento, expresión y asociación, y su participación en los asuntos públicos y políticos, estas políticas también han afectado a la capacidad de las mujeres para trabajar y ganarse la vida, empujándolas aún más a la pobreza”, advirtieron, en el análisis de país, texto sobre el cual informó Noticias ONU.

El grupo mencionó, específicamente, el cuadro de situación referido al acceso a la enseñanza, el que describió como fuente de particular preocupación.

Se mantiene “la constante privación del derecho fundamental de las mujeres y las niñas a la educación secundaria y terciaria, bajos argumentos como la obligatoriedad de la segregación entre las mujeres y los hombres y de que las alumnas deben cumplir con un determinado código de indumentaria”, precisaron.

En ese marco represivo, “la gran mayoría de las escuelas de enseñanza secundaria para niñas, permanecen cerradas, y a la mayoría se les niega el acceso a los cursos de 7 a 12, basándose únicamente en su género”, según lo observado por el grupo de trabajo.

“En estos momentos, asistimos al intento de eliminar progresivamente a las mujeres y a las niñas de la vida pública en Afganistán”, denunciaron, igualmente.

Ello, “incluso en las instituciones y los mecanismos creados, anteriormente, para ayudarlas y protegerlas cuando están en peligro”, precisaron.

El grupo hizo, así, referencia, entre otras acciones misóginas, al cierre, el año pasado, del Ministerio de Asuntos de la Mujer, y su reemplazo por el de Promoción y Fomento de la Virtud y la Prevención del Vicio -cartera, la segunda, que se instaló en lo que fue la sede de la primera-.

Los expertos señalaron, que, sumado a todo ello -y como consecuencia de terror de Estado que los talibanes han impuesto-, las mujeres y las niñas se ven gradualmente privadas de servicios básicos.

Al respecto, informaron que “varios proveedores de servicios esenciales, y a veces vitales, que apoyan a las supervivientes de la violencia de género, han cerrado por miedo a las represalias, al igual que muchos refugios para mujeres”.

Esto, plantea “consecuencias potencialmente fatales para las numerosas víctimas que necesitan estos servicios”, precisaron, a continuación.

Pero las medidas de represión de género llevadas a cabo por el régimen de facto cubren diversas áreas, según evidenció el monitoreo efectuado por los especialistas -más de una veintena de mujeres y hombres de diversas nacionalidades y orígenes étnicos-.

“Otras acciones orientadas a socavar los sistemas de prevención y respuesta a la violencia de género fueron la eliminación de los tribunales especializados y de las fiscalías encargadas de aplicar la Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 2009, y la prohibición de que muchas trabajadoras sociales puedan ejercer su trabajo y asistir a otras mujeres y niñas”, aseguraron los expertos.

El grupo de trabajo también manifestó preocupación “por la situación de las defensoras de los derechos humanos, las activistas y líderes de la sociedad civil, las juezas y fiscales, las mujeres de las fuerzas de seguridad, las antiguas empleadas del gobierno, y las periodistas, todas ellas muy expuestas al acoso, a las amenazas de violencia y, en ocasiones, a la violencia”.

Esa situación ha determinado la salida, al exilio, de numerosas mujeres quienes se desempeñaban en esos campos de actividad.

En el caso de las juezas, la British Broadcasting Corporation (BBC) informó, el 29 de octubre -dos meses después de la toma del poder por los talibanes-, que, entre otras medidas arbitrarias, el régimen dictatorial decidió excarcelar, a nivel nacional, a altos números de hombres juzgados y condenados por la comisión de diversos delitos -incluida violencia de género-.

La medida obligó, a centenares de juristas -quienes habían enviado, a muchos de ellos, a prisión-, a ocultarse o salir al exilio.

Una de ellas, identificada solamente como Sana -para proteger su identidad-, relató que decidió salir de Afganistán, con sus dos hijos pequeños, porque, tras la implementación de esa disposición, “las mujeres, están presas en sus casas, y los criminales que yo encerré, están libres”.

Sana pudo desempeñarse como jueza durante los veinte años trascurridos entre los dos períodos de dominio de los fundamentalistas en el país.

Surgido en 1994, en el marco de la guerra civil afgana (1992-1996), el grupo Talibán estuvo, desde 1996 hasta 2001, en control de aproximadamente tres cuartas partes de los algo más de 652 mil kilómetros cuadrados que constituyen el territorio afgano.

La violenta administración talibana -caracterizada por brutales violaciones a los derechos humanos, en particular los de mujeres y niñas- fue derrocada en diciembre de 2001, cuando Afganistán fue escenario de una invasión militar, encabezada por Estados Unidos.

No obstante esa derrota, el movimiento se mantuvo, desde entonces, en resistencia armada.

Tras el retiro, a mediados el año pasado, de las tropas estadounidenses -las fuerzas extranjeras que mantenían la ocupación en el país asiático-, la ofensiva talibana logró el objetivo de derrocar al gobierno del presidente (2014-2021) Mohammad Ashraf Ghani, cuando tomó, el 15 de agosto, el control de Kabul -por lo tanto, del país-.

En el análisis, los expertos señalaron, además, que “también nos preocupa profundamente la dureza con la que las autoridades de facto respondieron a los reclamos de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas afganas”, en iniciales manifestaciones pacíficas en vía pública.

Participantes en esas protestas “fueron golpeadas, maltratadas, amenazadas y, en casos confirmados, detenidas arbitrariamente”, señalaron.

También exhortaron, a la comunidad internacional, a intensificar la ayuda humanitaria para el pueblo afgano -brutalmente golpeado por una severa crisis humanitaria-, y a lograr el inmediato desmantelamiento de la ilegítima legalidad que es el sustento para la flagrante violación a los derechos de la población femenina.

Las mujeres son un sector clave en los esfuerzos por recuperar a Afganistán, y, si persiste la política discriminatoria de género, el resultado sería catastrófico, advirtieron los especialistas.

Al respecto, en el análisis, plantearon que “cualquier respuesta humanitaria, esfuerzo de recuperación o desarrollo en el país está condenado al fracaso si el personal femenino, las organizaciones dirigidas por mujeres y las mujeres (…) siguen siendo excluidas de la plena participación en las evaluaciones de las necesidades, así como en la toma de decisiones, el diseño, la implementación y el seguimiento de estas intervenciones”.


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