Los casos de femicidio de niñas y adolescentes se constituyen en un aspecto de violencia machista con preocupante trayectoria ascendente, habiendo registrado, en 2020, el índice más alto en siete años: superior a cien asesinatos.
Entre esas víctimas, figura la menor Renata Martinely Luna, de 13 años, violada y asesinada, el 29 de noviembre, en su lugar de residencia en la localidad de Ixtapaluca, ubicada en el central Estado de México (Edomex).
Ese estado presenta algunas de las cifras individuales más elevadas en el país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
En un cuadro comparativo de registros, tanto nacionales como del Edomex, con cifras anuales para el período que cubre desde enero de 2015 hasta setiembre de 2021, el Sesnsp informó que las víctimas de femicidio infantil, en el rango etario de 0-17 años, fueron 542, y que 17 por ciento correspondió a ese estado.
El desglose indica que los números más elevados corresponden a 2020, con 115 casos nacionales -22 de ellos en el Edomex.
El menor registro nacional se dio en 2015, con 50, mientras que, a nivel de ese estado, la cifra más baja corresponde a 2016, con seis femicidios de menores.
Al determinar el concepto de víctima, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007, especifica que se trata de “mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia”.
Al respecto, en declaraciones reproducidas el 20 de noviembre, por la publicación mexicana La Verdad, en la nota informativa titulada “Feminicidio infantil: nombrar la violencia que va en aumento hacia las niñas”, la directora de la organización no gubernamental Justicia Pro Persona, la abogada Ana Yeli Garrido, indicó que la tipificación de ese delito varía entre los estados mexicanos.
“En algunos (…) el hecho de que la víctima sea menor de edad puede considerarse una agravante de feminicidio, aunque esto depende del código penal de cada entidad (estado)”, comenzó a explicar.
“Sin embargo, las autoridades no siempre tipifican este delito como feminicidio, y puede que haya o no agravantes en caso de minoría de edad”, agregó.
En tales contextos, “prefieren llevarse esos casos a otras figuras jurídicas (como opción) a tipificarlos como feminicidio”, dijo.
“Puede haber autoridades que no conciben los asesinatos de niñas como feminicidio”, reafirmó, para agregar que, “hay una resistencia para acreditar el tipo penal en general, y, con las niñas, ocurre al no considerarlas dentro de la categoría de mujer”.
“Ahí, hay que decirles: las niñas también son mujeres”, planteó.
La Verdad informó, respecto a la tipificación de ese crimen, que, “aunque la problemática aumenta anualmente desde hace casi seis años, comenzó a señalarse hasta hace muy poco a través del término ‘feminicidio infantil’, que permite destacar aquellos casos donde las víctimas son mujeres menores de edad”.
Al respecto, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez, también citada por la publicación, dijo que “no es que sea un nuevo tipo (penal), pero es una aproximación distinta que nos ayudaría a entender la gravedad de la problemática”.
Se trata de “una suerte de mezcla entre el feminicidio y el infanticidio”, indicó.
En ese sentido, la directora de Prevención y Atención a la Violencia, de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, Yuritzi Castañeda, aseguró que, “sí, se tiene que ver como una violencia de género”.
“Pero se tiene que ver como una violencia específica que sufren las niñas, por la cuestión de su edad, y desde distintas aristas, para que se pueda atender de manera correcta”, aclaró.
Ello, “porque, obviamente, las acciones que sirven para atender a las mujeres adultas que sufren violencia de género, no son las mismas que sirven para atender a las niñas y adolescentes”, explicó, a continuación.
Castañeda informó que, al trabajo que desempeña la secretaría, se suma la labor de la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes.
La procuraduría también cuenta con “personal especializado con perspectiva de infancias, que nos permite darle una mejor atención a los casos”, de esa población específica, “de cualquier tipo de violencia que pueda existir, ya sea de sus papás o de cualquier persona”.
“Sobre todo, lo que hace la procuraduría es absorber este ejercicio de representación legal, para garantizar sus derechos”, puntualizó.
En cuanto a la espiral ascendente de femicidios infantiles, Ramírez atribuyó el fenómeno a la pandemia del nuevo coronavirus, estallada en 2020 -y a medidas preventivas tales como la cuarentena obligatoria-.
La tendencia se ha mantenido desde entonces, advirtió Ramírez.
La experta planteó que, “el primer año de este resguardo por pandemia, el feminicidio de niñas y mujeres adolescentes se incrementó brutalmente, y durante 2021 la dinámica no cesó, se mantuvo”.
“Este es uno de los efectos adversos del resguardo”, lo que obliga, a las víctimas -o a quienes están en riesgo de serlo-, a permanecer encerradas con los agresores, situaciones que facilitan esos crímenes, indicó.
Respecto a quienes perpetran los femicidios infantiles, la directora de Redim aclaró que, “la mayoría de ellos, suelen suceder a manos de varones, mayores de edad, que son familiares o personas cercanas a las víctimas”.
En cuanto a los entornos de peligro para las menores, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, denunció, en diálogo con el medio de comunicación, que “las niñas viven en un contexto de violencia, que, muchas veces, ya fue denunciado, y la autoridad no actúa para protegerlas”.
