La creciente incidencia del movimiento por los derechos de las mujeres en México es vista por el sector militar como “enemigas del Estado”

Organizaciones feministas están llevando a cabo masivas manifestaciones para protestar -entre otras violaciones a las garantías fundamentales de la población femenina- contra la violencia de género -en particular, la represión de la cual son, habitualmente, objeto, esas marchas-.

Tales agrupaciones están en similar ­- o igual- categoría que estructuras de crimen organizado -principalmente narcotraficantes-, el singularmente guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln) -fundado en 1994, y conferido, en 2006, en movimiento político-, dirigentes ambientalistas y defensores de territorios indígenas.

Los datos aparecen en documentos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) -encabezada, desde el 1 de diciembre de 2018, por el general de ejército Luis Crescencio Sandoval-, filtrados por el grupo de hackers denominado Guacamaya Hacks, información a la cual el diario español El País tuvo acceso.

Entre las organizaciones que ameritan la atención del estamento militar mexicano, figuran Las Brujas del Mar, Marea Negra, Resistencia Queer, Rosas Violentas, de acuerdo con lo indicado por el medio de comunicación europeo, en la nota informativa que, sobre el tema, publicó el 23 de octubre.

La Sedena también reconoció que existe una tendencia alcista en materia de casos de violencia de género, particularmente en la Ciudad de México (Cdmx) -la capital nacional- de acuerdo con la versión periodística.

“En el seguimiento (…) destacan varios informes de inteligencia a los que tuvo acceso este diario y que tratan de explicar la situación política, social y militar del país”, señaló, en referencia a la documentación militar, que corresponde a 2022.

“En ellos se identifica a varios actores subversivos, potenciales enemigos, y junto a las feministas también aparecen carteles de la droga, defensores del territorio o grupos zapatistas del EZLN”, agregó.

“La explicación que da la institución castrense es que los principales grupos (feministas) que comenzaron las protestas ‘han incrementado sus movilizaciones y cada vez se han tornado más violentas, transformando sus formas de presión, siendo los colectivos anarquistas los más violentos causando daños a inmuebles, monumentos, vías de comunicación y contra policías y transeúntes’, puede leerse en el documento del 8 de agosto de este año”, precisó.

“Junto a esas advertencias también se menciona el aumento de los índices de violencia machista en la capital” agregó El País.

Al respecto, señaló protestas -mencionadas en la información de la Sedena- generadas por crímenes tales como el asesinato de una niña, y la denunciada violación, de una adolescente, por parte de efectivos de la policía municipal de Azcapotzalco, en el noroeste de la Cdmx.

“En otro documento, fechado el 6 de marzo de 2022 en el Campo Militar Número 12, correspondiente a (el nororiental estado mexicano de) San Luis Potosí, se repite el interés de seguir de cerca las manifestaciones por el Día de la Mujer”, agregó el diario, en alusión la fecha conmemorada, anualmente, el 8 de marzo, a nivel mundial -también conocida como 8M-.

“En el informe se describe con todo detalle quiénes son las dirigentes de los grupos que se movilizaron esos días en el Estado, que su poder de convocatoria es de unas 5,000 personas y que ‘emplean el uso de redes sociales para movilizarse -Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Signal-’”, según la versión periodística.

“En él también se explica cuáles son sus demandas, cuál es el número de cuenta bancaria con la que un grupo de Ciudad Valles (en San Luis Potosí) recibe donativos y quién es su titular”, además de que, “en el extenso informe de inteligencia también se hace mención a las pintas y los daños en edificios públicos”, precisó el periódico español.

Las actividades de protesta, “se realizan en lugares en los cuales se tienen antecedentes de violencia en contra de las mujeres o ineficacia de actuación en casos de violencia de género por parte de dichas autoridades”, indicó la Sedena, en uno de los documentos citados en la nota informativa.

Esto, “hace palpable que la Sedena es consciente de la violencia institucional que sufren las mujeres cuando tratan de alcanzar la justicia en el país”, puntualizó el medio de comunicación.

También explicó que “los documentos de Sedena denotan un cierto temor por lo que pueda lograr el movimiento”.

En ese sentido relató el caso de Arussi Unda, quien integra la organización feminista mexicana Las Brujas del Mar.

“La primera vez que (…) se dio cuenta de que algo raro estaba pasando con su teléfono era 2020 y desde redes sociales su grupo estaba impulsando un paro nacional de mujeres para el 9 de marzo que sucedió justo después de la multitudinaria marcha de 8M en Ciudad de México”, indicó, a continuación.

“Dos años después, el colectivo de Unda ha aparecido en unos documentos internos del Ejército mexicano que fueron filtrados por el grupo de piratas informáticos Guacamaya, dejando al descubierto millones de páginas con comunicaciones que revelan la forma en la que varios grupos son vigilados por los militares, entre ellos, los colectivos feministas”, agregó El País.

Citada en la nota de El País, la abogada feminista Paola Zavala dijo que las manifestaciones de género “son las protestas más grandes que ha habido en el país, y es una lucha que al presidente (Andrés Manuel López Obrador, también conocido, por sus iniciales, como AMLO) no le es tan fácil de desarmar, porque sabe que, pese a ser compleja, es justa”.

Al respecto, una participante en manifestaciones identificada solamente como Patricia -por razones de seguridad-, reflexionó en el sentido de que “exigir que no nos maten, que no nos violen, es una lucha legítima”.

Sobre su caso, El país indicó que “Patricia dice que prefiere no decir su verdadero nombre porque tiene miedo a mayores represalias”.

Ello, porque “su cara, su nombre, su foto y hasta el número de carpeta que tiene abierta en la Fiscalía de Ciudad de México aparecen en la ficha que el Ejército tiene de ella y que ahora es pública”, agregó el diario.

En tal sentido, Patricia aseguró que, el seguimiento del que es objeto, “es una forma de criminalizar la protesta y acallar al movimiento feminista”.

La feminista precisó que “las autoridades tomaron una fotografía de su perfil de Facebook del año 2018 y la utilizaron para decir que había sido identificada en una manifestación de 2020 en la que hubo disturbios”.

Asimismo, denunció que “eso significa que la Fiscalía de Ciudad de México violó mi derecho a la presunción de inocencia y compartió mi carpeta con el Ejército”.

“Tengo mucho miedo de lo que pueda sucederme” planteó, además de señalar que, “supongo que para el Gobierno Federal no debe ser bonito que las mujeres les digan que nos dejen de matar”.

Al formular una explicación respecto a la vigilancia militar sobre las defensoras de los derechos de las mujeres, Unda explicó que “el Ejército mexicano ve, a las feministas, como enemigas del Estado”.

Foto: Clau Oliveros