El encarcelado ex presidente peruano Alberto Fujimori y sus cómplices causaron daño considerable con el plan de masiva y forzada esterilización, que afectó a decenas de miles de mujeres indígenas en situación de pobreza, denunció, al comienzo del juicio contra el grupo, el fiscal Pablo Espinoza, encargado de la acusación en el caso.
Los sindicados son, además del autoritario ex gobernante (1990-1995, 1995-200, julio a noviembre de 2000), Eduardo Yong, Marino Costa, y Alejandro Aguinaga, sus exministros de Salud, así como Segundo Aliaga, y Magda González, ex funcionarios del sistema de salud pública.
Aliaga y González son señalados como responsables de uno de los casi veinte fallecimientos de mujeres sometidas ilegalmente al procedimiento quirúrgico -consistente en ligadura de trompas de Falopio-, impuesto durante el segundo mandato y lo que duró el tercer período presidencial consecutivos de Fujimori.
El hecho de ser uno de los encausados en un proceso penal no ha impedido, a Aguinaga, postularse, por el partido fujimorista Fuerza Popular, en la elección legislativa enmarcada en los comicios generales peruanos programados para el 11 del mes próximo.
Simultáneamente al trámite judicial recién iniciado, Fujimori cumple cuatro condenas a prisión, por delitos que cometió en el ejercicio de la presidencia -una, de 25 años, por violaciones a los derechos humanos, y tres por diferentes delitos de corrupción, respectivamente, de seis años, siete años y 6 meses, y seis años-.
Según denuncias de diversas fuentes, el número de mujeres obligadas a someterse a la esterilización se ubica en el rango de 270 mil a 350 mil, con saldo de por lo menos 18 víctimas fatales, además de 1300 quienes sufrieron secuelas físicas diversas.
Una de las fallecidas como resultado de esa violación a los derechos de las mujeres es la joven indígena Mamérita Mestanza, de 19 años, en un sector cordillerano del noroccidental departamento de Cajamarca, fronterizo con Ecuador, incidente del que, específicamente, se responsabiliza a Aliaga y a González.
El juez Rafael Martínez dio comienzo, el 1 de febrero, al juicio -que se desarrolla de manera virtual-, lo que dio lugar a la argumentación inicial por parte de Espinoza, quien entre otros señalamientos, destacó el carácter racista y clasista del plan de reducción demográfica denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Según lo que afirmó el entonces presidente -cuyo tercer mandato consecutivo, mediante reelección, fue interrumpido tempranamente, por su detención-, el esquema sanitario
-también oficialmente conocido con la igualmente eufemística denominación de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria.- apuntaba a “reducir la pobreza”.
Sin embargo, durante su primera intervención en el actual proceso penal, Espinoza puntualizó que, en realidad, el plan constituyó una violación a los derechos de las mujeres campesinas indígenas -el sector poblacional de mayor pobreza en Perú-.
Al respecto, el fiscal también subrayó que se trata de un estrato social de particularmente marcado machismo, lo que implicó numerosos casos en los cuales las víctimas del procedimiento quirúrgico fueron, además, agredidas por sus respectivas parejas, por haberse sometido a la operación -sin haber tenido en cuenta, los agresores, que la intervención quirúrgica fue impuesta-.
Igualmente, Espinoza precisó que “el estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”.
El fiscal aludió así al hecho de que, además de la masiva afectación de mujeres, unos 22 mil hombres, del mismo segmento socioeconómico, fueron sometidos a vasectomía.
El hecho de que la abrumadora mayoría de víctimas no domina el español, se cuenta, para el desarrollo del juicio, con un intérprete en quechua, la principal lengua de la población indígena peruana -lo mismo que de otros países sudamericanos-.
Espinoza relató, al mencionar algunos detalles operativos del plan de control demográfico, que fue posible su implementación -y la inicial impunidad de Fujimori y sus cómplices- en virtud de que el entonces mandatario contaba con mayoría en el parlamento unicameral peruano.
La victimización de ese estrato socioeconómico requirió “un marco jurídico, para evitar ser responsable”, explicó el acusador.
También hizo referencia a un documento firmado por Costa, texto según el cual la meta en materia de ligaduras de trompas que el Ministerio de Salud se había fijado, para 1997, era de por lo menos 150 mil.
A causa de ello, los funcionarios involucrados en el plan se hallaban bajo presión jerárquica para cumplir -o sobrecumplir- ese número de intervenciones quirúrgicas, informó.
Esto derivo en el hecho de que “las mujeres eran amenazadas con que sus hijos ya no recibirán atención médica, si (ellas ) se negaban, o les regalaban canastas de alimentos si se sometían al procedimiento”, denunció, a continuación.
Respecto al caso de Mestanza, el fiscal reveló que la joven “fue a una posta (consultorio) de salud, a ponerle una vacuna a su bebé, y, ahí, le dijeron que se tenía que ligar las trompas”, tras lo cual “le colocaron dos inyecciones, y se desmayó”.
“Al día siguiente, se despertó, le dieron dos pastillas, y se fue, caminando despacio, a su casa”, siguió relatando, y agregó que la mujer, quien era madre de dos niños, “no sabía leer ni escribir el español, era quechuahablante”, lo que “no fue impedimento para que le exigieran firmar una autorización”, en español, “para someterla a la cirugía”.
