Las diferentes fuerzas policiales atienden casos de violencia sexual, iniciaron un proceso de capacitación que permita contar con el nivel de sensibilización y de información para el mejor desempeño de su labor
La iniciativa constituye una alianza estratégica del Inamu con la Coalición Nacional contra la Trata y el Tráfico Ilícito, la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual en Niñas y Niños, y la Oficina de Delitos Sexuales, del Organismo de Investigación Judicial.
El aprendizaje, iniciado en mayo, continuará en junio, y se extenderá hasta agosto, indicaron jerarcas del Ministerio de la Condición de la Mujer y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Inicialmente, se prevé cubrir aproximadamente una docena de comunidades, a nivel nacional, informó, además, el Inamu, en el comunicado que, sobre el tema, emitió el 3 de junio.
El área general de los talleres cubre la prevención y la atención de la violencia sexual de género.
“Algunos de los tópicos que se desarrollan en cada taller son: violencia machista; manifestaciones, tipos y escenarios de la violencia contra las mujeres; indicadores y secuelas físicas, emocionales, de comportamiento y sexuales que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual”, indicó.
También, “la ruta de la denuncia; información sobre instituciones e instancias de apoyo en casos de violencia sexual, entre otros”, agregó.
La capacitación, implementada mediante talleres, se enfoca, principalmente, en las policías Judicial, Profesional de Migración, Turística, y de Fronteras, precisó.
Citada en el texto, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, expresó que “es fundamental que las personas servidoras públicas que atienden y reciben las denuncias, puedan brindar a la víctima un abordaje empático e informado”.
La jerarca gubernamental dijo, asimismo, que “la capacitación y sensibilización en esta línea debe ser una tarea permanente y constante”.
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Inamu, Adilia Caravaca, señaló que “esta es una tarea que solamente se puede lograr uniendo esfuerzos interinstitucionales, para satisfacer la demanda”.
“Y que se puedan garantizar los derechos de las mujeres que son víctimas de estos hechos delictivos, y revertir, como Estado, estas situaciones lamentables”, precisó.
En un video, distribuido también por el Inamu, Darcy Aray, integrante del departamento de Violencia de Género, del instituto, explicó que “nos unimos, para desarrollar una acción, que quedó inscrita en (…) la política nacional, precisamente, a partir de las demandas que hacen las mujeres, cuando es consultada esta política, con el objetivo de avanzar en la detección de las diferentes violencias sexuales”.
“Porque hay un subregistro, a nivel de país, de los delitos sexuales que son cometidos, principalmente, contra mujeres, y que no se denuncian, por temor a ser revictimizadas desde las atenciones y desde los procesos judiciales”, agregó Aray, sin mencionar cifras.
“Es por esta razón que, al unirnos, podemos impactar, de manera más amplia, podemos llegar a diferentes comunidades”, reflexionó.
Además, “podemos hacer un trabajo que nos permita sumar esfuerzos -desde todas esas instancias donde tenemos responsabilidades de atender las violencias sexuales-, para, precisamente, generar condiciones, en las comunidades, que les permitan detectar” ese tipo de agresión machista, indicó.
Se trata de identificar, tales situaciones, “de forma rápida, oportuna, y, de esa manera, se puedan atender, a las mujeres que sufren estas situaciones tan lamentables, se les pueda dar un acompañamiento psicológico, y un acompañamiento legal”, precisó.
“De esa forma, podríamos avanzar, como país, en la erradicación de las violencias sexuales, y, por ende, bajar la impunidad de estos delitos tan atroces”, planteó Aray.
“Esperamos que, este trabajo, podamos llevarlo a más instituciones -no sólo a cuerpos policiales-, y avanzar, así, más rápidamente, para poder detener esa situación tan crítica que vivimos en el país”, señaló.
De acuerdo con las cifras más recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y acceso a la Justicia, del Poder Judicial, casi la mitad de las sentencias emitidas en 2020, por agresión machista, correspondió a “abusos sexuales contra menores de edad” (49 por ciento).
Los casos por violación se ubicaron en segundo lugar (28 por ciento), seguidos por los incidentes por “otros delitos sexuales” (14 por ciento).
