El ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple condena de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad, enfrenta un nuevo juicio, en este caso por la denunciada esterilización forzada de miles de mujeres, principalmente indígenas de zonas rurales y en situación de pobreza.
La audiencia inicial del proceso, llevada a cabo la mañana del 12 de diciembre en Lima, la capital de Perú, se desarrolló en ausencia del ex gobernante (1990-1995, 1995-200, julio a noviembre de 2000), al parecer, por razones de salud, según versiones periodísticas.
Acusados junto con Fujimori, figuran, en la misma causa penal, tres ex ministros de Salud de su administración -Alejandro Aguinaga, Marino Costa, Eduardo Yong-, así como los médicos Segundo Henry Aliaga, Magda Isabel Gonzales, y Ulises Jorge Aguilar.
Otro médico acusado -Enrique Octavio Marroquín-, falleció en agosto del año pasado, de acuerdo con lo que fue informado en la dependencia judicial donde se desarrolla el juicio.
Fujimori y los ex ministros están acusados, por la Fiscalía de la Nación, de haber cometido, en calidad de autores inmediatos, los delitos de lesiones graves -sufridas por las sobrevivientes-, y de asesinato -contra cinco personas quienes fallecieron a causa de las intervenciones quirúrgicas-.
Se trata de crímenes que constituyen violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con la acusación.
Según datos de la Defensoría del Pueblo -oficina del ombudsman-, citados por medios de comunicación internacionales, los procedimientos quirúrgicos, realizados durante el período 1996-2001, afectaron, en abrumadora mayoría, a mujeres, y, en menor número, a hombres.
En el primer caso, fueron llevadas a cabo 272 mil ligaduras de trompas, mientras en el segundo, se realizó 22 mil vasectomías, de acuerdo con las mismas versiones.
Según cálculos de diversas fuentes -incluidos medios de comunicación, y organizaciones de derechos humanos-, las intervenciones quirúrgicas habrían afectado hasta a 350 mil mujeres -todas indígenas quechuas, y campesinas, en situación de pobreza, habitantes en zonas rurales del andino país sudamericano-.
Numerosas mujeres afectadas, han denunciado que fueron inducidas, mediante coacción, o por la vía de engaño, a someterse al procedimiento, aunque la defensoría desconoce las cifras respectivas, según los medios.
El proceso penal contra Fujimori y los demás acusados, se basa sobre las denuncias formuladas por 1,307 mujeres, señalaron.
Al respecto, la cadena francesa de televisión France 24 indicó, al informar sobre el comienzo del trámite judicial, que “la clave de este juicio para las víctimas es demostrar que estos procedimientos fueron una política de Estado durante la década de los 90”.
Asimismo, que se trató de “un sistema que buscaba esterilizar de forma permanente a un determinado sector de la población, mujeres provenientes en su gran mayoría de poblaciones indígenas”, agregó.
Por su parte, el periódico español ABC citó, igualmente el 12 de diciembre, a María Ysabel Cedano, abogada de la organización no gubernamental Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), quien dijo que el expediente judicial del caso data de 2002.
“El período de esta práctica se sitúa entre 1996 hasta el 2000”, remató, pata agregar que, “después de más de dos décadas de espera, 1.307 víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori darán a conocer su historia”.
“Siento que, por vez primera, se hará justicia a las familias de Mamerita Mestanza y Carola Rojas, que murieron como parte de estas prácticas inhumanas”, reflexionó, al hacer mención de dos de las víctimas fatales de la acción de violencia masiva de género llevada a cabo por el autoritario ex presidente -quien renunció, asilado en Japón, inmediatamente después de iniciado el que habría sido su tercer, y cuestionado, mandato consecutivo-.
Por su parte, Emilia, Marcia, y Maricela Monzón -hijas de Celia Ramos, otra fallecida por la acción criminal del régimen fujimorista-, citadas un día antes del comienzo del juicio, por el diario español, expresaron la necesidad de que el proceso judicial sea rápido y minucioso, “por justicia, amor, y en la memoria” de las víctimas.
En ese sentido, Cedano planteó que, además de prontamente, el trámite debe llevarse a cabo imparcialmente, y sin discriminar ni revictimizar a las mujeres.
Respecto al trámite judicial, la cadena francesa de televisión France 24, indicó, al informar sobre el inicio, que “la clave de este juicio para las víctimas es demostrar que estos procedimientos fueron una política de Estado durante la década de los 90”.
Se estableció, así, “un sistema que buscaba esterilizar de forma permanente a un determinado sector de la población, mujeres provenientes en su gran mayoría de poblaciones indígenas”, agregó el medio de comunicación europeo.
La masiva esterilización se enmarcó en el Plan de Salud Pública, que Fujimori impulsó, en 1995, para modificar la Ley General de Población, que data de 1985.
Al respecto, en su sitio en Internet, el estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática, explica que el plan, “en relación a los métodos de planificación familiar dice: ‘la adopción de los métodos se basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas materiales’”.
Sin embargo, la versión oficial es fuertemente refutada por la no gubernamental Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), en cuyo sitio en Internet se denuncia que “nuestros cuerpos fueron violados a través de las esterilizaciones forzadas”.
“La verdad es un derecho humano fundamental. Tenemos derecho a conocer qué fue lo que ocurrió, por qué y cómo se dieron los hechos, y quiénes son los responsables de los mismos”, agrega.
Por su parte, citada el 26 de junio de 2019, en un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presidenta de la no gubernamental Asociación de Víctimas de la Esterilización Forzosa, la peruana María Elena Carbajal, proporcionó detales de esa práctica -de la cual es víctima-.
“En muchos casos, la esterilización se realizó en las peores condiciones, incluso mediante la aplicación de anestesia de uso veterinario, para efectuar la ligadura de las trompas uterinas”, precisó.
“Ni siquiera realizaban las operaciones en hospitales, porque no hay hospitales en las provincias”, continuó denunciando.
Carbajal aseguró, además, que “estamos hartas: queremos que las mujeres sigan sobreviviendo, tanto física como emocionalmente”.
