Un concejal (integrante del Concejo Municipal) de una ciudad al sur de la capital de Argentina, fue condenado, a mediados de setiembre, a trece años de prisión, por su condición de jefe de una red de explotación sexual entre cuyas víctimas figuraron menores de edad.
Al acusado, le fueron tipificados los delitos de facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada, y corrupción de menores de 18 años agravada, indicó el diario argentino Página 12, al informar sobre el caso.
María de los Ángeles Attarian, la fiscala en el juicio, solicitó que la condena contra Daniel Zisuela -un concejal de la oriental ciudad de Florencio Varela, ubicada en la periferia sur de Buenos Aires-, fuese de 20 años, indicó el periódico.
Attarian -quien apeló la decisión judicial- también planteó que se tomase en cuenta, como agravantes, además de la posición de poder político que Zisuela usó para cometer los delitos, “la pluralidad de víctimas, la violencia innecesaria al someter a las jóvenes y la extensión del daño que causó el acusado en las víctimas, incluso al día de hoy”, agregó.
Página 12 informó, que, “además, se abrió una nueva investigación penal sobre todas las personas mencionadas por las denunciantes durante el juicio que fueron colaboradores y participantes de la red de prostitución que lideraba Zisuela”.
Una de las características comunes a las mujeres explotadas consistió en que se hallaban en situación económica apremiante, de acuerdo con la versión periodística, publicada el 25 de setiembre.
La pena impuesta al concejal es decepcionante, según lo expresado, a Página 12, por una de las sobrevivientes, identificada solamente como Paula.
Ello, debido a que por tratarse de “un político poderoso” a nivel local, el castigo no fue ejemplarizante, señaló la víctima.
“Me siento triste y decepcionada”, planteó, para precisar que “trece años de cárcel es muy poco para lo que hizo esta persona”.
“No puedo explicar, con palabras, lo que pasamos en carne propia, yo y todas las chicas”, dijo.
“Con Brenda, fuimos a presenciar el veredicto, y nos quebramos de la impotencia porque (Zisuela) nos arruinó la vida, en todo sentido, no solo a nosotras sino a muchas otras chicas que, (por) miedo o por vergüenza, no pudieron hablar”, agregó, en alusión a Brenda Acuña, otra de las víctimas, y, también -al igual que Paula-, denunciante en el proceso judicial.
Paula dijo, a Página 12, respecto a Brenda, que “él se obsesionó con ella”, razón por la cual, la joven -entonces una adolescente de 16 años- “la pasó muy mal”, y, “como no tenía adónde ir, estuvo viviendo, un tiempo, en mi casa”.
En términos generales, “todas éramos su mercadería, y nos ponía precio”.
Las explotadas, “eran chicas que estaban en una situación muy difícil, lo hacían por necesidad, y también por miedo, porque, una vez que ingresabas, no podías salir fácilmente”, explicó.
Las víctimas, “eran engañadas, porque él les hablaba de una propuesta de trabajo, y, después, no te daba opción”, relató.
Paula reveló, igualmente, que Zisuela organizaba reuniones de naturaleza declaradamente política, a las cuales, “a nosotras, nos hacía llevar gente, para repartir volantes”.
“Después, elegía a las pibas (las jóvenes) que le gustaban, y nos obligaba a que le llevemos a esas pibas, nos cagaba a trompada (agredía a puñetazos) para que las llevemos”, narró.
“Ellas aceptaban, porque no tenían para comer”, aclaró.
“Él abusaba, porque tenía poder y plata, y nos tomaba como un objeto que vendía, y se enriquecía con nosotras”, continuó denunciando.
“En varias oportunidades, lo vi con un maletín negro, lleno de plata, y acostumbraba a tener (…) rollos y rollos de muchísima plata”, dijo.
En cuanto a su caso específico, Paula dijo, a Página 12, que se desempeñaba interinamente, hace ocho años, en el Consejo Escolar de Florencio Varela, donde el ambiente laboral era de constante hostigamiento sexual.
En tal contexto, un funcionario de esa dependencia local, le ofreció, a cambio de contacto sexual, la titularidad del cargo, hecho que Paula denunció a la Fiscalía Penal de la ciudad.
“Al consejero lo condenaron con tareas comunitarias y a ella la despidieron”, informó el periódico.
Fue entonces que Paula conoció a Zisuela, quien le planteó una oferta laboral.
“Un día, me invitó al bar Prins (…) y me ofreció que tenga sexo con él, con un pago a cambio”, empezó, la víctima, a revelar.
“Ya me venía manoseando, yo no tenía para comer en mi casa, ni siquiera una cama donde dormir, y, en ese momento, tenía la tutela de mi sobrino discapacitado”, agregó.
“Mi mamá era la única que trabajaba y pagaba las cuentas”, de modo que “no tuve otra alternativa”, y “acepté por necesidad”, explicó, a continuación.
“El problema fue que, más tarde, las cosas se fueron agravando”, porque, “si no hacía lo que él decía, me golpeaba”, planteó.
“Me obligó a tener relaciones sexuales con otras mujeres y hombres, una vez me negué y me dio una golpiza terrible”, aseguró.
“Después, fui conociendo a otras chicas que eran seleccionadas por él, para entregarlas a otros tipos, que son funcionarios municipales y miembros de sindicatos”, expresó.
“Toda la municipalidad sabía lo que él hacía, pero nadie hizo nada porque, además, Zisuela era familiar de un alto jefe de policía de Quilmes (ciudad contigua a Florencio Varela) de apellido Centurión”, agregó, a manera de ejemplo.
La joven narró que, en algún momento, optó por alejarse de su victimario, lo que resultó en mayor agresión.
“Cuando se enteró que iba a irme, me golpeó muy feo, y me amenazó de muerte”, además de que “me dijo que iba a contratar a un drogadicto, para que me mate y parezca un accidente, y nadie se iba a dar cuenta”, señaló.
“Desde ese momento viví escondida, estaba deprimida, me quise suicidar”, expresó.
Paula dijo que, superada la situación de cautiverio, enfrenta la revictimización implícita en la estigmatización social a la que se ha visto enfrentada.
“Económicamente, hoy corto el pelo para comer”, porque “me dejaron sin laburo”, además de que, “en Varela, no puedo trabajar en ningún lado, porque soy lepra para la municipalidad”, lo que incluye que “me tildaron de buchona (delatora) por denunciar”, explicó.
“Pero no me arrepiento: yo elegí decir la verdad, porque no quiero que utilicen más a las chicas por un plato de comida”, reflexionó.
