Los femicidios que ocurran en Argentina serán abordados por una institución especializada, cuya área de acción también cubre crímenes de odio contra integrantes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, e intersexuales (Lgbti).
Al formular el anuncio, el 13 de febrero, en la red social Twitter, el presidente del país sudamericano, Alberto Fernández -quien inicialmente planteó la idea-, precisó que el objetivo consiste en establecer coordinación entre los gobiernos nacional, provinciales, y municipales.
La iniciativa se enmarca en la incidencia de femicidios que presenta argentina, de acuerdo con la explicación oficial.
Entre los asesinatos más recientes figuran, respectivamente, los de Úrsula Bahillo, de 18 años, y Vanesa Carreño, de 29, ocurridos la segunda semana de febrero, en diferentes puntos del área capitalina, según lo informado por medios de comunicación.
Asimismo, organizaciones argentinas defensoras de los derechos de las mujeres han denunciado, en cálculos nacionales para enero, decenas de casos de femicidio -crímenes que se ubican en el rango de 35 a 50-.
Fernández formuló el anuncio, luego de una reunión con las ministras Elizabeth Gómez(de las Mujeres, Géneros y Diversidad), Marcela Losardo (Justicia), y Sabina Frederic (Seguridad), además de Vilma Ibarra (titular de la secretaría Legal y Técnica presidencial).
“Con la convicción política de dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI, con @EliGAlcorta, @mmlosardo, @VilmaIbarraL y @SabinaFrederic trabajamos en la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios”, tuiteó el presidente.
“Para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad”, agregó.
Por su parte, en declaraciones a medios de comunicación argentinos, Gómez -vocera del nuevo Consejo- puntualizó diferentes detalles, así como aspectos conceptuales de la entidad.
“La coordinación es lo único que va a permitir un abordaje articulado entre todos los organismos que intervienen a nivel local, provincial o nacional, para prevenir, investigar, asistir o reparar estos hechos”, indicó, citada por el periódico Página 12.
Respecto al nuevo organismo, planteó, a la radioemisora AM750, que, “el Consejo, tiende a articular”, porque, actualmente, los actores institucionales involucrados “intervienen como si fuesen compartimentos estancos”.
En tal sentido, “apuntamos a unificar criterios de indicadores de riesgo, a asegurarnos que todos tengan sistema de alertas, algo que nunca se propuso”, continuó señalando, para agregar que “el tema es asegurar que todas las provincias adhieran”.
En diálogo con la agencia noticiosa estatal Télam, al narrar el proceso que dio origen a la nueva entidad, Gómez dijo que la idea surgió el 12 de este mes, en el marco de una sesión de trabajo en la que participó con Fernández, Frederic, y Losardo.
“Durante esa reunión, el presidente decidió crear el Consejo, teniendo en cuenta la estructura federal de nuestro país, que las fuerzas de policía y poderes judiciales están en manos de las provincias, y que son vitales para la prevención y para investigar, para la persecución, sanción, y también la reparación de estos hechos”, siguió narrando.
“Las particularidades que puedan tener los fenómenos de las violencias por motivos de género, no son homogéneas en todo el país, así que veremos cuál es la modalidad”, en cada caso, agregó.
Gómez también enumeró los temas que requieren, en términos nacionales, urgente atención, en materia de violencia de género.
“Una mayor articulación entre los poderes judiciales, las fuerzas de seguridad y las áreas de Género”, además de “la posibilidad de acceso a la justicia”, así como “más rápido y efectivo acceso a herramientas modernas que sean superadoras a las existentes, en cuanto a dispositivos de protección para víctimas”, expresó.
Igualmente, “la posibilidad de contar con equipos interdisciplinarios especializados en fiscalías y policías”, lo mismo que “operadores y operadoras que intervienen en los ámbitos en que una mujer pide ayuda, trabajen con indicadores de riesgo” mediante los cuales se determine cuándo se requiere intervención inmediata, precisó.
También, “fortalecer las áreas de género provinciales y municipales”, ya que un 70 por ciento de los municipios “no posee áreas de género”, indicó.
La ministra reflexionó en el sentido de que “el femicidio de Úrsula, para quienes trabajamos cotidianamente (estos temas), viene a poner de relieve aquellas cosas que venimos denunciando y pensando y articulando, a lo largo del año de gestión, para modificar”.
El gobierno de Fernández se instaló, el 10 de diciembre de 2019, para cubrir el cuatrienio que cierra en 2023.
Simultáneamente al anuncio del Consejo, la administración instauró un mecanismo para la unificación de datos en materia de este tipo de agresión.
Se trata del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg), cuya creación fue oficializada mediante la publicación, por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el 13 de febrero, en el Boletín Oficial, de la Resolución 48/2021
-que dio origen al instrumento-.
Gómez explicó que el Sistema apunta a “sistematizar la información disponible sobre casos de violencia por motivos de género”, así como a “constituir una herramienta de consulta y seguimiento, que permita el diseño de políticas públicas, sobre un sustento empírico del fenómeno de la violencia a nivel nacional”.
También puntualizó que, “para un abordaje integral de las violencias por motivos de género, es necesario un sistema que integre la información existente, de los casos de violencias de género, que permita conocer la complejidad del fenómeno, a nivel nacional, y que posibilite dar respuestas efectivas”.
La funcionaria aclaró, además, que el nuevo mecanismo “no se limita a la reunión de información”, y “contempla diversos modos de producción y unidades de registro, de los distintos organismos que producen información relevante a la temática”.
“Se trata de un sistema donde se articulen fuentes diversas de información, con unidades de registro diferentes -denuncias, consultas, causas y/o medidas judiciales- provenientes de instituciones que tienen lógicas, características y objetivos institucionales propios y específicos -instituciones criminales, judiciales, sanitarias, asistenciales-“, dijo.
El Sicvg, «será creado por decreto, y tendremos más detalles los próximos días”, informó.
Aunque con algunas reservas, en declaraciones a medios de comunicación argentinos, líderes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres reaccionaron favorablemente al anuncio de creación de Consejo.
“Si bien vemos la voluntad política de llevar la agenda de los feminismos al poder ejecutivo y legislativo, falta que el poder judicial y las fuerzas de seguridad se comprometan con la lucha por la erradicación de las violencias de género, y que realmente implementen medidas ágiles y eficientes que protejan las vidas de mujeres y disidencias”, indicó, a Página 12, Lara Andrés, dirigente del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.
“Proponemos que se convoque a las organizaciones que hace años venimos trabajando en esa problemática, que comprendemos lo que pasa en nuestro barrios y territorios”, de modo de “articular, para que se puedan diseñar e implementar medidas que realmente salven las vidas de mujeres y disidencias, a partir de la experiencia que venimos recogiendo, hace años”, agregó.
Por su parte, la coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) en la provincia de Buenos Aires, Analía Kelly, expresó que “lo vemos con buenos ojos, desde ya”.
“Lo que vemos con malos ojos es que esto sea a partir, y a raíz, de los últimos hechos sucedidos, porque no es algo nuevo, un hecho aislado: se viene reiterando en el tiempo”, advirtió.
“De las denuncias de Úrsula, se desentendieron todos los poderes del Estado e instituciones que debían intervenir, como pasa en otras situaciones”, denunció.
Kelly también hizo referencia a un informe de MuMaLá, en el cual se indica que “detectamos que el 12 por ciento de los femicidios en lo que va del año fue cometido por algún efectivo de las fuerzas de seguridad”.
Al respecto, en un tuit que difundió el 10 de este mes, la organización informó que, “según el Observatorio Mumalá, el 12% de los femicidios al 31 de enero del 2021, fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados”.
