Ochenta mujeres que integran el ex gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) en Costa Rica, declararon que son defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, y se esforzarán para evitar que el país retroceda en esta materia
En un pronunciamiento de seis extensos párrafos, difundido el 24 de mayo, las militantes de la agrupación política expresaron, particularmente, opinión contraria a que sea revisada la Norma Técnica para la Interrupción Terapéutica del Embarazo -vigente hace algo más de dos años-.
La declaración de las militares del PAC fue difundida cinco días después de que el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, se reunió con la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), encuentro durante el cual el tema de la revisión de la norma técnica fue abordado.
En la conversación -durante la cual se coincidió en someter la norma, a una revisión- también participó la ministra de Salud, Joselyn Chacón. entre otros jerarcas del nuevo gobierno costarricense -instalado el 8 de mayo, para el cuatrienio 2022-2026-.
Finalizada la reunión, que se desarrolló el 19 de mayo, Chaves dijo, a periodistas, que “mi posición -desde la campaña, y por los próximos cuatro años- va a ser que la norma técnica tiene un objetivo único, que es normar las condiciones bajo las cuales un embarazo no puede continuar bajo el principio estricto de que es necesario llevar, ese procedimiento médico, adelante, para proteger y salvar la vida de la madre”.
“Entonces -yo no soy experto-, si hubiese portillos por los cuales alguien quisiera desviarse de ese objetivo claro -que es proteger a la vida de la madre-, entonces, hay que revisarlo”, agregó.
Por su parte, el obispo de la norteña Ciudad Quesada, José Manuel Garita, aclaró que el mandatario, por propia iniciativa, planteó el tema.
Garita insistió, en ese aspecto, que no fueron los obispos quienes hicieron referencia al punto.
“El señor presidente -nosotros, no hicimos ninguna solicitud, en concreto-, él recordó la promesa de revisar la norma técnica, y lo dijo muy claramente: que no se preste para portillos que puedan de alguna u otra forma promover el aborto, o ir más allá”, señaló el religioso.
“Nosotros, somos de la idea, incluso -y consta-, previamente a esto (…) en diciembre del 2020, claramente, lo dijimos, para nosotros, la norma técnica no hace falta, basta el Código Penal como estaba, precisamente, viendo la excepción, precisamente, como está planteada allí”, agregó, a manera de explicación.
“Pero, nosotros, no le solicitamos, directamente, nada, al presidente, en este sentido, y reiteramos que es muy importante revisarla, para no ir más allá”, reafirmó.
En ese sentido, Chacón informó que un grupo de trabajo será constituido, en junio, a nivel gubernamental, para abordar el polémico punto.
“Exactamente, será una comisión”, dijo la ministra, para agregar -sin especificar tiempo- que “iniciaremos, en el próximo mes, a tener estudio, sobre el tema, pero será, siempre, la vida de la madre, eso sí”
“Realmente, estamos muy de la mano, muy acordes con las solicitudes de los señores (obispos), y, también, de don Rodrigo”, señaló.
“Realmente, no vamos a ser un gobierno en pro del aborto (…) pero, sí, siempre salvaguardando la vida de la madre”, subrayó.
La norma técnica rige desde diciembre de 2019.
Según lo explicado entonces por el ministro de Salud, Daniel Salas, de acuerdo con la disposición, el embarazo puede interrumpirse si confluyen tres requisitos: que no exista otra alternativa para salvaguardar la vida de la mujer, el consentimiento de la paciente, y la valoración individual de tres médicos.
En el pronunciamiento las ochenta mi8litantes del PAC advirtieron, en el título del documento: “Al Gobierno de la República: no permitiremos ni un paso atrás en derechos sexuales y reproductivos”.
Respecto a la reunión de Chaves con los obispos, indicaron que “anunciamos nuestra total oposición a cualquier retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, que gracias a las luchas históricas de las mujeres y organizaciones feministas pudimos ejecutar y dejar como legado concreto en los gobiernos del Partido Acción Ciudadana”.
Las firmantes del pronunciamiento hicieron, así, alusión a las administraciones presididas, respectivamente, por Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022).
“La norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo fue redactada por profesionales en salud bajo los máximos estándares científicos para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y de las personas gestantes cuando se encuentren en peligro”, agregaron, para, a continuación, precisar que “fue aprobada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y por el Ministerio de Salud”.
“Esta norma responde a una petición interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por dos mujeres que denunciaron violaciones a los derechos humanos tales como la vida y la salud tras haber sufrido graves deterioros de la salud mental y física por haber sido obligadas a llevar a término un embarazo de alto riesgo, a pesar de que hubo recomendaciones médicas de practicar un aborto terapéutico para resguardar su vida y su salud”, relataron.
“Ambas mujeres sufrieron afectaciones a la integridad física, intromisiones en la vida privada, discriminación, vulneraciones al debido proceso, falta de acceso a la justicia y a la protección judicial y la falta de adopción de disposiciones de derecho interno para hacer efectivo el acceso al aborto terapéutico en Costa Rica”, continuaron narrando.
En opinión de las ochenta firmantes, “realizar una revisión de una norma técnica reciente, desarrollada por entes técnicos y aprobada por órganos colegiados institucionales constituye un capricho, basado en el dogma y no en la ciencia”.
“Es una decisión totalmente inaceptable de la Administración Chaves Robles, que demuestra que se encuentra atendiendo asuntos de orden médico desde la imposición religiosa y no desde la rigurosidad científica, con la posibilidad de que esta actuación irresponsable pueda llevar al Estado costarricense a incurrir en responsabilidad internacional ante los órganos del Sistema Interamericano por violaciones a los derechos humanos”, advirtieron.
También señalaron que, “al gobierno actual, le demandamos respeto hacia los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos, así como que se informe con claridad cuál es el contenido que desea revisar, bajo qué criterios se realizará esta revisión y cuáles son los elementos innovadores que dan pie a esta revisión”.
“Asimismo, aprovechamos para recordarle que todas las autoridades estatales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”, continuaron planteando.
“Las mujeres del Partido Acción Ciudadana aquí firmantes estaremos vigilantes a cualquier acción que pretenda vulnerar a las mujeres, las personas gestantes y a las poblaciones históricamente vulnerabilidades y utilizaremos todas las herramientas democráticas para defender cualquier intento de golpear nuestros derechos, nuestra autonomía y libertad”, aseguraron.
Entre las firmantes, figuran la ex primera dama (2018-2022) Claudia Dobles; la ex presidenta (2018-2019) de la unicameral Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo; la ex viceministra de Trabajo y de la Presidencia, y ex ministra de Comunicación (2018-2022) Nancy Marín, la ex legisladora (2014-2018), y ex ministra de la Condición de la Mujer y expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (2018-2022) Marcela Guerrero; además de numerosas ex parlamentarias, lo mismo que activista de los derechos humanos.
Foto: Ioana Motoc
