El proyecto de ley “Protección a la Familia mediante la Promoción de la cultura de Castidad y el Hijab” prevé latigazos y prisión para mujeres rebeldes que no cumplan el código de vestimenta
Las mujeres quienes se nieguen a acatar el estricto código de vestimenta impuesto por la dictadura religiosa en Irán están próximas a ser brutalmente sancionadas, de acuerdo con el proyecto de ley que, sobre el tema, está en proceso de revisión para su inminente aprobación parlamentaria.
Al denunciar la iniciativa, medios de comunicación internacionales, lo mismo que organizaciones defensoras de derechos humanos, indicaron que la proyectada -y virtualmente vigente- legislación prevé demenciales castigos que van desde azotes hasta prisión -penas de hasta 10 años-, además de la imposición de altas multas, y la confiscación de vehículos.
El “Proyecto de Ley de Protección a la Familia mediante la Promoción de la cultura de Castidad y el Hijab” -que sería aprobado, en octubre, por la Asamblea Consultiva Islámica -también conocida como Majlis Iraní (parlamento unicameral del país asiático)-, centra particular atención en el obligatorio uso de hijab (velo religioso que cubre la cabeza y los hombros de quienes lo usan), según las mismas fuentes.
La iniciativa está, actualmente, bajo revisión por parte del ultraconservador Consejo Guardián, igualmente denominado Consejo de Guardianes, y Consejo Constitucional (Shourā-ye Negahbān, en farsi, o persa).
Según la definición oficial, el consejo -integrado por doce integrantes, y fundado en 2006- tiene el mandato de “informar, monitorear, apoyar, proteger, promover, y preservar los derechos humanos”, el que debe cumplir mediante “la implementación de métodos y herramientas pacíficos”.
Su amplio poder incluye el monitoreo legislativo -por ejemplo, poder de veto sobre leyes aprobada por el Majlis-, así como la supervisión electoral -incluidas la aprobación o la descalificación de candidatos a diversos cargos públicos-, además de la interpretación de la Constitución -en este caso, en calidad de corte constitucional-.
Los guardianes son, actualmente dirigidos por Ahmad Jannati, un conservador clérigo y dirigente político iraní de 96 años, quien, simultáneamente, se desempeña como presidente de la Asamblea de Expertos (Majlis-e Khobregân-e Rahbari, en farsi), el organismo encargado de designar al Líder Supremo de Irán -la máxima autoridad gubernamental del país, por encima del presidente-.
Citada, el 13 de setiembre, por medios de comunicación internacionales, la organización no gubernamental Activistas de Derechos Humanos en Irán (Human Rights Activists in Iran, Hrai), que el consejo está revisando la iniciativa de ley, para trasladarla al parlamento.
Al respecto, en su sitio en Internet Hrai denunció, en una extensa declaración que difundió el 7 de setiembre, que el represivo proyecto “aumenta las restricciones a los derechos y las libertades personales de las mujeres”.
“Este proyecto viola las obligaciones de Irán bajo tratados internacionales de derechos humanos, y es una señal de la sistemática limitación de la independencia y las libertades personales de las mujeres”, agregó.
El texto fue presentado, el 21 de mayo, por los poderes Ejecutivo y Judicial -inicialmente, como “Proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hijab”.
En coincidente opinión, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) denunció, el 26 de julio, que la naturaleza de la iniciativa es violatoria de los derechos de la población femenina.
Se trata de “un intento de codificar e intensificar aún más esta represión (de género)”, planteó AI, en un extenso comunicado que, sobre el tema, difundió, el 26 de julio, en su sitio en Internet.
“En virtud de esta propuesta legislativa, las mujeres y niñas que aparezcan sin velo en espacios públicos y en las redes sociales, o que muestren ‘desnudez de una parte del cuerpo o lleven ropa fina o ajustada’ serán objeto de una serie de sanciones que afectarán gravemente a sus derechos humanos, incluidos los sociales y económicos”, explicó.
“Estas sanciones incluyen multas, la confiscación de vehículos y dispositivos de comunicación, la prohibición de conducir, deducciones del salario y de los beneficios laborales, el despido laboral y la prohibición de acceder a servicios bancarios”, siguió enumerando, a manera de ejemplo.
Las penas previstas incluyen de dos a cinco años de prisión, establecer “residencia obligatoria en un lugar concreto”, además de prohibición en cuanto a viajar, agregó la oenegé.
Al exponer la paranoia machista de la dictadura, la organización reveló que la proyectada legislación “incluye propuestas para condenar a las mujeres y niñas declaradas culpables de desobedecer las leyes sobre el uso obligatorio del velo”.
Ello, “de forma sistemática o en connivencia con servicios de inteligencia y seguridad extranjeros”, agregó, sin identificarlos.
Las penas previstas son de dos a cinco años de prisión, establecer “residencia obligatoria en un lugar concreto”, además de prohibición en cuanto a viajar, agregó la oenegé.
Por su la violencia institucional de género fuese poca, el castigo se extiende a los responsables tanto de instituciones públicas como de empresas privadas quienes permitan que trabajadoras y clientas se abstengan de usar hijab, según lo informado por AI.
En estos casos, las sanciones propuestas en el proyecto incluyen extensas condenas a prisión, así como el cierre de las entidades involucradas, agregó la oenegé internacional.
El caso de Mahsa (Jina) Amini
La revisión del proyecto de ley tiene lugar mientras se aproxima el primer aniversario del asesinato policial de una iraní, acusada, precisamente, de incumplir el oficialmente correcto uso del hijab.
Mahsa (Jina) Amini, de 23 años, fue fatalmente agredida, el 16 de setiembre de 2022, mientras estaba detenida por la Gasht-e Ershad (Policía Guía, o Policía Orientadora) -fuerza de seguridad de cumplimiento de la fe, popularmente conocida como “policía de la moral”-. Sus captores la acusaron de haber llevado incorrectamente puesto el hijab.
El uso correcto de esta prenda es obligatorio, para las mujeres -y las niñas, a partir de la edad de siete años-, según la respectiva ley impuesta, en 1983, por la teocracia islámica instalada hace 44 años en Irán, y su propósito específico es el de cubrir el cabello -que, según la costumbre musulmana, las mujeres mantienen largo-.
La dictadura determinó que esa prenda debe usarse ajustada a la cabeza, de modo que, no hacerlo, implica brutal sanción -empezando por la detención, por parte de la “policía de la moral”.
El crimen generó masivas manifestaciones de protesta, a nivel nacional -principalmente en Teherán, la capital nacional-, las que se mantuvieron durante varios meses.
No obstante su naturaleza pacífica, las marchas fueron brutalmente reprimidas -con saldo de aproximadamente 500 víctimas fatales, alrededor de 20 mil personas detenidas, y varios hombres ahorcados por apoyarlas-.
Durante las marchas, coreando la universalmente viralizada consigna “Mujer, vida, libertad”, numerosas manifestantes quemaron hijabs, además de que se cortaron el cabello -que, según la tradición musulmana, las mujeres suelen llevar largo-.
