Guatemala registra la brutal cifra de once embarazos por día en niñas en el grupo etario de 10 a 14 años, y doce en adolescentes en el rango de 15 a 19 años, denunció, en un informe emitido al final de septiembre, la organización no gubernamental local Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).
Para el período de enero a agosto de este año, la tasa por cada mil habitantes, para el primer grupo, fue de 2.5 (2,579 embarazos), mientras que, para el segundo grupo, se ubicó en 60.1 (57,344), de acuerdo con el análisis elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez, de Ciprodeni.
Un cuadro comparativo para el período enero de 2015-agosto de 2020, incluido en el informe, indica que, para el caso de las niñas, el año de mayor incidencia fue 2019, con índice de 5.0 (5,133 embarazos), mientras que, para las adolescentes, se trató de 2018, cuando la tasa fue de 119.8 (112,144).
Entretanto, para el período analizado de este año, en el grupo de niñas, las edades con los niveles más elevados fueron 13 y 14 años, respectivamente, con tasas de 2.1 (425 embarazos) y 9.9 (5,109).
Para las adolescentes, las cifras son marcadamente superiores, con los índices más altos registrados en los sectores de 18 y 19 años -78.4 (14,627 embarazos), y 91.3 (16,706).
En declaraciones reproducidas el 30 de setiembre por el diario español El País, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, señaló que el problema radica, principalmente, en la ausencia de educación sexual, lo que constituye un tema que definió como “tabú en la ultraconservadora sociedad guatemalteca”, contexto en el cual un actor influyente es el sector eclesiástico.
“A esto, se suma la mentalidad cavernaria que priva a la sociedad, del tema de los derechos sexuales y reproductivos”, indicó, además, Rodas, al periódico europeo.
“Si el Estado no provee una educación de derechos sexuales y reproductivos, los casos continuarán al alza”, advirtió.
“A esto hay que sumar la impunidad en que quedan estos casos”, precisó, para precisar que “estamos hablando de delitos”.
El ombudsman guatemalteco aludió así a la legislación guatemalteca, que tipifica como violación, toda relación sexual con menores de 14 años.
Rodas planteó, asimismo, la necesidad de que el Estado actúe en materia de educación y de prevención en esta materia.
“Es necesario que haya mensajes claros para que eso, un delito abominable, tenga un castigo ejemplar”, sugirió.
“Falta, también, un sentimiento de empatía social, ponernos en los zapatos de las niñas a quienes les cortan las alas, les cambian su proyecto de vida”, reflexionó, a continuación.
Por su parte, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Guatemala, Ana Luisa Rivas, dijo, igualmente a El País, que el embarazo en niñas y adolescentes conlleva consecuencias para la vida adulta de las víctimas.
“Hay un costo para la adolescente, que se refleja en la edad adulta, y está reflejado en aspectos como la salud y la educación, a su posibilidad de alcanzar metas de acuerdo a sus planes de vida”, comenzó a explicar.
“En el caso de mujeres que fueron madres en la adolescencia, solo un dos por ciento alcanza un título universitario, frente a un nueve por ciento de quienes fueron madres en su edad adulta”, informó.
También puntualizó que, quienes fueron madres antes de los 20 años, tienden a permanecer en el hogar, realizando actividades no remuneradas y, cuando pueden participar en el mercado laboral, existe una brecha, de hasta el 30 por ciento, con respecto a quienes lo fueron ya en una edad adulta.
Esto se ve, además, reflejado en la posibilidad de tener acceso a servicios de salud o educación, aseguró Rivas.
No obstante, “hay algunos avances”, aclaró.
“Ya contamos con un marco legal y normativo robusto”, aunque “el reto es implementarlo”, expresó la funcionaria de la agencia especializada.
“Tenemos, desde 2015, el Plan Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, liderado por la Vicepresidencia de la República, donde participan, entre otros, los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, que prevé el abordaje interinstitucional de esta problemática”, indicó.
También en diálogo con El País, la vicepresidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala, Gloria Prado, mencionó el impacto de naturaleza lo mismo emocional que biológica que un embarazo tiene en las niñas.
La mayoría de embarazos en el grupo etario de 10 a 14 años es resultado de violaciones cuyo marco es el entorno familiar -padres, primos, abuelos, tíos-, denunció.
“Las niñas, al no tener la capacidad biológica –muchas, incluso, mueren durante el parto–, emocionalmente, no están preparadas para criar a su bebé”, agregó.
“Una niña no está en la capacidad de criar a otra niña”, subrayó.
La psicóloga reveló, además, otra situación dramática en el contexto de las violaciones de menores.
“Son conocidos los casos de las niñas embarazadas, pero se ignoran los miles de casos de niños sodomizados (sometidos a coito anal)”, planteó.
“Permanecen en silencio porque ellos no quedan embarazados, y por el estigma a los que los sometería la sociedad”, explicó.
“Al niño le da mucho más miedo y vergüenza contar que ha sido víctima”, aseguró.
