Los jóvenes deben denunciar cualquier violación a sus derechos, planteó Demesia Yat, una indígena guatemalteca sobreviviente de la explotación sexual a la que, junto con otras integrantes de una apartada comunidad, fue sometida, por parte de efectivos militares, durante la guerra interna que, durante más de tres décadas, convulsionó al país centroamericano.
Yat es una de quince indígenas de la etnia maya q’eqchi’, habitantes de rural de Sepur Zarco, una pequeña mujeres maya q’eqchi’ de Sepur Zarco -una pequeña comunidad rural asentada en el valle del río Polochic, en el noreste guatemalteco-,quienes sobrevivieron a explotación sexual, por parte de efectivos del ejército, durante un período de seis años en el marco del conflicto armado (1960-1996).
A raíz de la puesta en operación, en 1982, en el lugar, de un puesto avanzado de descanso para personal militar, ocurrió una serie de violaciones a los derechos humanos, actos que constituyeron crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto, la población masculina -lo mismo adultos que jóvenes- fue objeto de masivo secuestro y asesinato, por parte de efectivos militares, mientras las mujeres fueron sometidas a esclavitud generalizada -lo que implicó explotación sexual, e incluyó violación-.
La instalación militar fue desmantelada en 1988.
Ello, ocho años antes de que terminase la guerra, mediante la firma de un acuerdo suscrito, en 1996, entre el gobierno -entonces presidido por el derechista Álvaro Arzú- y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) -posteriormente convertida en partido político-.
El fin del conflicto guatemalteco -al igual que de las guerras en El Salvador (1980-1992) y en Nicaragua (1982-1990)- se enmarcó en la firma, en Guatemala, -por los entonces presidentes Oscar Arias (Costa Rica), José Azcona (Honduras), Marco Vinicio Cerezo (Guatemala), José Napoleón Duarte (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua)-.
Quince años después de concluida la confrontación armada guatemalteca, 15 sobrevivientes de brutal violencia de género en esa comunidad -respetuosa y popularmente conocidas como Las Abuelas de Sepur Zarco-, iniciaron, en 2011, un esfuerzo en procura de justicia.
El proceso legal, llevado a cabo en la Corte Suprema de Justicia, finalizó en 2016, cuando dos oficiales militares fueron hallados culpables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y 18 medidas de reparación fueron establecidas para las 15 mujeres y su comunidad.
Pasados cinco años desde que fue emitida la sentencia, en declaraciones difundidas el 10 de este mes, por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Yat planteó la necesidad de que los jóvenes no callen ante ninguna violación de garantías individuales, y subrayó que es imperativo que se conozca lo ocurrido en su localidad.
“Mi mensaje, a la generación de hoy, es que denuncien cualquier violación a sus derechos”, expresó la Abuela, citada en una nota informativa difundida por la agencia especializada mundial, en el marco de la 65 Sesión de la Comisión de la condición Jurídica y Social de la Mujer, de Naciones Unidas, que se desarrolla del 15 al 26 de este mes.
Además, expresó que “quiero que todos conozcan lo que ocurrió en Sepur Zarco, para que eso no pase otra vez”.
En un extenso artículo que ONU Mujeres difundió el 9 de octubre de 2018, Yat -quien comenzó a sufrir las vejaciones a la edad de 28 años- destacó la necesidad de que, además de que se haya logrado el fallo condenatorio contra los militares, es esencial que los jóvenes indígenas tengan acceso a educación, para romper el ciclo de marginación racista que, históricamente, ese sector de la población guatemalteca ha padecido.
“Nuestros esfuerzos -primero como mujeres y en segundo lugar como abuelas- es muy importante”, señaló, respecto a la acción judicial.
“Es cierto que se hizo justicia”, pero, “ahora, pedimos educación para nuestras hijas e hijos, y para nuestras nietas y nietos, de modo que la juventud de la comunidad tenga oportunidades y no sea como sus mayores, que no pudieron estudiar”, reflexionó.
“Esperamos muchos años a que se hiciera justicia”, de modo que, “ahora, tenemos que esperar para obtener reparación”, agregó, entonces, la indígena q’eqchi’ -ahora, de 65
años-.
En ese sentido, y también en el artículo de 2018, ONU Mujeres señaló que, “las abuelas lucharon para obtener justicia y reparación, no sólo para ellas, sino también para lograr un cambio que beneficiara a toda la comunidad”.
“En su sentencia, el tribunal prometió reabrir los expedientes de reclamación de tierras, crear un centro de salud, mejorar la infraestructura de la escuela de enseñanza primaria y abrir una nueva escuela de educación secundaria, además de ofrecer becas para mujeres y niñas/os; medidas que pueden sacar a esas personas de la pobreza extrema que todavía hoy continúan sufriendo”, informó.
Al respecto, la agencia especializada planteó que, “de todas las medidas de reparación, puede que la restitución de tierras sea una de las más importantes”.
“Sin embargo, también resulta complicada de ejecutar, puesto que buena parte de la tierra reclamada se encuentra en manos privadas”, lo que implica una gestión gubernamental de expropiación y redistribución, agregó.
Entretanto, “una medida de reparación que ha tenido cierto impacto es la clínica móvil gratuita, que atiende a unas 70 u 80 personas cada día”, precisó.
Respecto a las Abuelas, y a su comunidad, ONU Mujeres expresó que “el caso de Sepur Zarco es un caso de búsqueda de justicia”, para destacar que “estas mujeres sufrieron un horror y una pérdida inenarrables”, y que, “hoy exigen experimentar esa justicia en su vida cotidiana”.
