Organizaciones de mujeres realizaron, en diferentes ciudades de Guatemala, manifestaciones pacíficas contra la violencia de género que registra el país, y en reclamo de justicia para las fallecidas por femicidio -adultas y menores de edad-.
Llevadas a cabo con la consigna común “Por todas las que nos faltan”, las protestas, tuvieron lugar luego del hallazgo, en un sector del oriente guatemalteco, de dos de las más recientes víctimas de ese crimen, la máxima manifestación de agresión machista.
En un comunicado emitido en el marco de las simultáneas manifestaciones, las que “agrupaciones organizadoras de la protesta expresaron que “hablamos por todas las 4 mujeres que desaparecen a diario”, además de que “hablamos por todas las 77.847 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años que ya son madres”.
También, “hablamos por todas las 12.188 mujeres asesinadas en los últimos 20 años en el país”, y “hablamos por todas las 55 mujeres que llaman a diario para denunciar a su agresor”.
Igualmente, “hablamos por todas las vidas robadas, silenciadas y apagadas de cada niña, adolescente, joven y mujeres en Guatemala”.
Las organizadoras no omitieron la exigencia, al Estado, de comprometerse con “garantizar la seguridad y la libertad de las mujeres”.
Asimismo, demandaron “que se fortalezcan los procesos de acceso a la justicia pronta, digna y reparadora para todas las niñas y mujeres víctimas de violencia y víctimas de feminicidio”.
Y expresaron, enérgicamente, la necesidad de “que el Estado pueda tomar más acción ante los casos de feminicidio por ser las muertes de las mujeres por el simple hecho de serlo en este sistema patriarcal y misógino”.
Los grupos organizadores puntualizaron, además, que la habitual situación de violencia de género imperante en el contexto machista de la sociedad guatemalteca, se agudizó a causa de la pandemia mundial del coronavirus, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19) -emergencia sanitaria que también incluye al país centroamericano-.
Ello, en particular, a causa de las medidas que la mayoría de gobiernos ha adoptado, para tratar de contener al máximo la propagación de la enfermedad, incluido el aislamiento social (cuarentena) -en algunos casos, obligatorio e impuesto vía toque de queda-.
Esto obliga, a las víctimas -mujeres y niñas- de violencia de género -o en riesgo de serlo-, a convivir, permanentemente, con los atacantes, lo que, además, dificulta -o imposibilita-, a las agredidas, procurar protección.
En tal cuadro de situación, la crisis sanitaria, en Guatemala, “ha provocado impactos específicos sobre nosotras las mujeres, evidenciando las brechas de desigualdad, violencia y exclusión que hemos tenido que afrontar en los últimos meses”, indicaron, al hacer alusión, al hecho de que, en el país, los rimeros casos del virus fueron detectados en marzo.
Una de las numerosas manifestaciones tuvo lugar en la localidad de Teculután, en el oriental departamento (provincia) de Zacapa, limítrofe con Honduras.
En esa población ocurrieron dos de los más recientes femicidios denunciaos en -respectivamente, de las jóvenes quienes fueron identificadas como como Laura Hernández, de 22 años, Litzy Cordón, cuya edad no se ha precisado-.
Hernández era una docente de educación preescolar, además de propietaria de un pequeño establecimiento comercial denominado “Baby Shop”, en el que vendía artículos para bebés.
La educadora fue fatalmente baleada en el interior del local.
En el caso de Cordón, la joven fue hallada, sin vida, un día después de su desaparición, en un terreno ubicado en un sector de Teculután.
La causa de su fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Al determinar que se desconocía el paradero de esta joven, la familia de Cordón solicitó, de inmediato, la activación de la Alerta Isabel-Claudina.
Puesta en vigencia el 6 de agosto de 2018, por el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, la alerta constituye un mecanismo diseñado para “búsqueda y localización de mujeres reportadas como desaparecidas”, de acuerdo con la definición oficial.
La Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, vigente desde 2016, regula el funcionamiento de esa herramienta, por la vía de una entidad coordinadora interinstitucional responsable de lograr la rápida localización y el resguardo de las víctimas, “ya sea dentro o fuera del territorio nacional”.
Entre las 10 instituciones integradas al mecanismo figuran los ministerios Público (MP), de Gobernación (Minigob), y de Relaciones exteriores (Minex), además de la Policía Nacional Civil (PNC), y la Dirección General de Migración (DGM).
La alerta fue nombrada en homenaje a las asesinadas jóvenes guatemaltecas María Isabel Veliz (20012) y Claudina Velásquez (2005).
Según los datos más actualizados del Inacif, en el período de enero a setiembre de este año, 350 mujeres fueron asesinadas en Guatemala, sin que se haya determinado cuántos corresponden a la categoría de femicidio.
El instituto identificó, para ese período, cinco principales causas de asesinato de mujeres: arma de fuego, asfixia por suspensión, arma blanca, estrangulamiento, asfixia por sumersión.
Según la misma fuente, los departamentos que más femicidios registran son el central de Guatemala -donde se ubica la capital nacional, de igual nombre-, y el costero de Escuintla -en la zona sur del país-.
En el caso de Zacapa, en lo que va de este año, otras nueve mujeres fueron asesinadas, en la mayoría de los casos, con arma de fuego.
En una expresión que reflejó un intento de sensibilización social respecto a la violencia que sufren tanto mujeres como niñas, y contra el femicidio en particular, una de las manifestantes portó una pancarta con la pregunta: “a qué mujer de tu familia tienen que matar para que te importe?”.
