Una estudiante de enfermería murió, el fin de semana pasado, mientras se hallaba detenida en una instalación de la Policía Nacional (PN) de Honduras.
Según la versión de la PN, Keyla Martínez, de 26 años, se suicidó en una celda de la posta (estación policial) -Unidad Departamental de Prevención (Udep) #10- en la ciudad de La Esperanza, capital del occidental departamento (provincia) de Intibucá, a unos 190 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional.
Esa narrativa también indica que esa historia la supuesta suicida fue trasladada, con vida, al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, en cuya sala de emergencias falleció.
Pero el Ministerio Público (MP), familiares, y una experta forense, entre otros actores, aseguran que Martínez fue asesinada, y que llegó, sin vida, al centro médico.
El nuevo hecho de violencia en el país centroamericano, conmocionó a la sociedad nacional, habiéndose generado diversas manifestaciones de repudio al crimen, lo mismo a nivel de expresiones en redes sociales que mediante manifestaciones de protesta en La Esperanza y en Tegucigalpa, según versiones periodísticas locales e internacionales.
Las manifestaciones fueron disueltas mediante represión policial, lo que incluyó uso de gas lacrimógeno, de acuerdo con las mismas fuentes.
Según los relatos de los medios, la detención de Martínez ocurrió la noche del 6 de febrero, cuando la estudiante se desplazaba en un automóvil conducido por el médico Edgar José Velásquez, amigo de la fallecida, quien también fue arrestado.
Efectivos policiales interceptaron el vehículo, aproximadamente a las 2330 hora local -dos horas y media después de iniciado el cotidiano toque de queda-.
La medida, que rige desde las 2100 hasta las 0500 hora local, constituye una de las acciones emprendidas por el gobierno del derechista presidente Juan Orlando Hernández, para, mediante cuarentena obligatoria, tratar de contener el nuevo coronavirus que, al igual que más de un centenar de países a nivel mundial, afecta a Honduras -en este caso, desde marzo del año pasado-.
La razón oficial para realizar la detención fue que Martínez y Velásquez violaron el toque de queda, y que estaban, en estado de ebriedad, alterando el orden público.
Una vez en la Udep, fueron ubicados en celdas individuales, informaron los medios.
La Secretaría de Seguridad y la PN aseguraron, en un breve comunicado que emitieron el 7 de febrero, que la estudiante “fue detenida por Escandalo en la Vía Pública en estado de ebriedad e incumplimiento del Toque de Queda Vigente según Decreto PCM 012-2021”.
De acuerdo con esa información, Martínez fue ingresada, a las 2340, a la instalación de la fuerza de seguridad.
“Horas después, durante la ronda de supervisión de las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció”, agregaron la secretaría y la PN, en el texto de cinco párrafos.
También señalaron que “el Director General de la Policía giró instrucciones para que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en coordinación con el Ministerio Público, realicen las investigaciones del caso”.
Por su parte, citado por medios de comunicación, el subcomisionado policial Melvin Alvarenga dijo que, al ser arrestada, a Martínez no le fue aplicada la prueba de alcoholemia, porque la detenida admitió que había ingerido bebidas alcohólicas.
La versión policial sobre el fallecimiento de la estudiante fue desmentida, inicialmente, en un comunicado que fue emitido por las autoridades del hospital.
“Fue realizada su valoración inicial por el equipo sanitario que cubría su turno en sala de emergencia y tras determinarse que a su llegada el cuerpo estaba sin vida, se notificó a medicina forense para su respectivo procedimiento de ley ante tales muertes”, según lo indicado por el centro médico.
Por otra parte, en declaraciones a medios, el portavoz del MP, Yuri Mora, informó, el 9 de febrero, que la joven fue asesinada.
“En torno a la muerte de la estudiante de enfermería en la ciudad de La Esperanza, hoy, el Ministerio Público está en la capacidad de informar que la autopsia reflejó que la muerte de esta joven fue por asfixia mecánica, y esto, de acuerdo a medicina legal, es un homicidio”, indicó el funcionario.
Entretanto, Julissa Villanueva, ex directora de Medicina Forense del MP, cuestionó la versión policial sobre el caso.
“Una muerte bajo custodia y es responsabilidad del Estado”, escribió Villanueva, en la red social Twitter, y agregó, categóricamente, que “yo conozco casos como estos donde mataron a una persona dentro de una celda y simularon un suicidio”.
Respecto a Honduras, denunció que “está secuestrada y la verdad científica también puede estar de lado de los que tienen intereses creados”, y que jerarcas policiales “son expertos en simular y ocultar la verdad de los hechos.
Asimismo, Olivia Marcela Zúniga, diputada representante de Intibucá por el centroizquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), también cuestionó, en redes sociales, la narrativa policial del hecho.
Zúniga aseguró que la versión es cuestionable “porque cuando una persona es detenida no se permite el ingreso de cordones, fajas o cualquier objeto que pueda prestarse para una situación de estas”.
“Por lo tanto claramente es un reflejo también de la incompetencia” policial, o indica que “puede haber algo mucho más grave detrás”, agregó la legisladora, quien planteó la necesidad de que se determine o se descarte la posibilidad de que Martínez “haya sido objeto de tortura, violación y/o asesinato”.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos, dentro y fuera de Honduras, están exigiendo que se investigue el caso, y se aplique justicia, y que ello se realice con enfoque de género.
“El Ministerio Público hondureño debe llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial en torno a la muerte de Keyla, con perspectiva de género y siguiendo los lineamientos de estándares internacionales (…) ya que podría tratarse de una ejecución extrajudicial a manos de funcionarios públicos”, declaró la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara.
“Una tragedia así exige no sólo que el Ministerio Público cumpla con su obligación de garantizar el acceso a la justicia”, expresó Guevara, citada en un comunicado que AI emitió el 9 de febrero.
También obliga a que “el gobierno garantice que las personas que se manifiestan pacíficamente exigiendo justicia para Keyla lo puedan hacer libremente y sin miedo a sufrir represalias”.
“Nos sumamos al llamado de la sociedad hondureña para que las autoridades esclarezcan los hechos cuanto antes y lleguen a la verdad, a través de las diligencias forenses y científicas necesarias”, puntualizó.
Entretanto, en un pronunciamiento que difundió en Twitter, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), calificó de femicidio, el asesinato de Martínez, y que el Estado es responsable del crimen.
“El COPINH denuncia el femicidio de Keyla Patricia Martínez ocurrido la madrugada del 7 de febrero del presente año, responsabilidad de la Policía Nacional de Honduras”, señaló la organización, en el texto de nueve párrafos dado a conocer el 8 de febrero.
“El asesinato de Keyla ha despertado una ola de denuncias de mujeres que denuncian haber sido capturadas por la policía de la ciudad de La Esperanza, robadas sus pertenencias y abusadas sexualmente en el marco del toque de queda instaurado por el régimen de JOH”, agregó, en alusión al presidente hondureño, a quien, popularmente, se conoce por sus iniciales.
“Cuando hablamos de lucha anti patriarcal nos referimos a que mujeres como Keyla no sean asesinadas por el Estado de Honduras”, indicó el Copinh, para agregar que “luchamos para que mujeres cuya profesión es cuidar la vida (de) las demás personas no sean ultrajadas y asesinadas vil e impunemente”.
El consejo reflexionó, asimismo, respecto al asesinato, hace cinco años, de su cofundadora y principal dirigente, la indígena lenca hondureña Berta Cáceres, también en la Libertad.
“A pocos días del quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, se repite un femicidio a manos del Estado de Honduras en esta ciudad”, señaló.
La líder lenca, activista de los derechos humanos, dirigente feminista, y ambientalista, fue asesinada, a balazos, la madrugada del 3 de marzo de 2016, en su vivienda en La Esperanza, a causa de su tenaz labor.
Días antes, Cáceres había encabezado una de varias manifestaciones pacíficas contra un megaproyecto hidroeléctrico proyectado para realizarse en un río sagrado para el pueblo Lenca.
Por su parte, Nancy Martínez, hermana menor de la estudiante, refutó, en fuertes términos, la versión policial.
“A ese Alvarenga, le digo que es un sinvergüenza, un maldito que está encubriendo a los asesinos de mi hermana, porque se puso nervioso cuando le dije que los iba a denunciar”, declaró a medios de comunicación.
“Él me dijo que a mi hermana la habían llevado al hospital, con vida, que le hicieron los primeros auxilios, y, según averigüé con conocidos del hospital, ella llegó muerta”, planteó.
“A mi hermana no la dejaron hacer la llamada que por derecho tiene, no me avisaron a mí del intento de suicidio”, relató, para agregar que “dicen que la encontraron intentando quitarse la vida, y, si la arrestaron junto a un médico, por qué no lo llamaron para que hiciera algo?”.