Al condenar una serie de asesinatos de mujeres ocurridos durante el inicio de este año, en Honduras, la comunidad internacional está exigiendo, al gobierno del país centroamericano, el esclarecimiento de los crímenes, mediante un proceso de investigación eficaz.
Entre las agresiones fatales de género -ocurridas en diferentes departamentos (provincias), figura la que sufrió, hace una semana, estado en custodia policial, la estudiante de enfermería Keyla Martínez, de acuerdo con lo precisado por las representaciones locales, respectivamente, de Naciones Unidas y de la Unión Europea, en un comunicado.
Los ataques contra las mujeres y las niñas se han disparado, en Honduras, a causa de la afectación que, en este país, ha tenido la pandemia mundial del nuevo coronavirus, causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), puntualizaron.
Según los datos más recientes de la estadounidense Universidad Johns Hopkins -actualizados diariamente-, el país presentaba, al 12 de febrero, algo más de 158 mil casos.
Similar llamado formuló, en la red social Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Honduras, respecto al asesinato de Martínez, cuyo fallecimiento ha particularmente conmocionado a la sociedad nacional.
Las representaciones de Naciones Unidas y la UE en el país, indicaron que “condenan la muerte violenta de en los últimos días de Alda Flores (15) en las Islas de la Bahía, Keyla Martínez (26) en Intibucá, Leonor Cálix (48) en Atlántida, Keylin Castañeda (19) en Comayagua, Mayden Amador (24) en Francisco Morazán, Lidia Majado (35) y Carol Fuentes (45) en Yoro”.
El texto, de cinco extensos párrafos, titulado “La ONU y la UE condenan los femicidios en Honduras”, y emitido el 11 de febrero, detalló la edad de cada víctima, así como el departamento en el cual fue asesinada.
“Ante esta situación, exhortan a las autoridades a realizar acciones encaminadas al esclarecimiento de estos hechos y de todos aquellos vinculados con cualquier forma de violencia de género, de manera minuciosa, imparcial, expedita y transparente”, agregaron.
“La violencia contra las mujeres y las niñas se ha visto incrementada durante la pandemia por COVID-19”, advirtieron, para señalar que ello, “constituye un asunto de emergencia pública que afecta el desarrollo del país y una clara violación de los derechos humanos con implicaciones profundas en temas de salud, oportunidades económicas, educativas, sociales y culturales de las mujeres”.
También aseguraron que “es urgente poner fin a todas las formas de discriminación y violencia de género”, y recomendaron que las medidas pertinentes, “no solo deben centrarse en intervenir una vez que se produce la violencia contra las mujeres y las niñas, sino en prevenirla a través de la erradicación de la desigualdad, la discriminación y la violencia”.
Se debe, además, “realizar las reformas necesarias para que los poderes públicos exijan más responsabilidades a los autores de estos hechos y pongan fin a la impunidad”, sugirieron, asimismo.
Por su parte, la embajada estadounidense tuiteó que funcionarios de esa representación diplomática dialogaron, respecto al caso de Martínez, con la titular interina de la Secretaría (Ministerio) de Derechos Humanos (Sedh), Jackeline Ancheta.
Asimismo, “abordamos los casos simbólicos de derechos humanos”, e “instamos a investigaciones expeditas y exhaustivas en todos estos casos”, indicó la misión.
En un breve y casi simultáneo comunicado, la Sedh expresó preocupación por la escalada de violencia de género que golpea a Honduras, llamó a la reflexión al respecto, y lamentó el fallecimiento de la estudiante.
La dependencia gubernamental indicó que “reitera su preocupación ante los hechos que están ocurriendo relacionados con las muertes violentas de mujeres”, y que “esta situación debe generar una reflexión como sociedad hondureña”.
Además, aseguró que “lamenta la situación ocurrida particularmente ante la muerte de Keyla Martínez quien murió bajo la custodia policial; e insta nuevamente, a las autoridades competentes, realizar una investigación pronta, exhaustiva, e imparcial para sancionar a los responsables”, según el comunicado de cuatro párrafos.
La secretaría también solicitó la implementación de medidas que apunten a poner fin a las agresiones de género.
Entretanto, organizaciones hondureñas de derechos humanos, aseguraron que, en lo que va de este año, cerca de treinta mujeres han sido víctimas de asesinato.
El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, del no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres (Cdm), informó, en Internet que, “en lo que ha transcurrido del 2021 hemos registrado 28 muertes violentas de mujeres según los medios de comunicación”.
Por su parte, la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Migdonia Ayestas, informó, en un video difundido en la red social Facebook, que, según los datos de esa institución, los asesinatos de mujeres suman 25, en lo que va de este año.
La mayoría de las víctimas consiste en jóvenes menores de 30 años, precisó la experta.
Entretanto, al condenar la escalada de lo que definió como femicidios, la Coalición Anticorrupción -integrada por una veintena de organizaciones y redes de sociedad civil- exigió que, en particular, el asesinato de Martínez sea investigado minuciosamente.
La agrupación expresó, en una Carta Abierta fechada el 11 de febrero, preocupación “por la aberrante impunidad ante la creciente ola de violencia contra las mujeres”.
También formuló “un llamado a la acción al Ministerio Público, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para que se pronuncien y soliciten poner a la disposición de las autoridades correspondientes, los responsables de la muerte violenta de la joven enfermera infieri (en formación), Keyla Martínez, a manos de la Policía”.
Ello es esencial, “para que este crimen no quede en la impunidad, como ocurre con más del 90% de los casos de asesinatos de mujeres en Honduras”, puntualizó, en el texto de ocho párrafos.
Tras enumerar -al igual que Naciones Unidas y la UE- recientes asesinatos de mujeres, a nivel nacional, planteó que, “ante estos aberrantes crímenes, exigimos una profunda investigación, políticas públicas claras que detengan esta escalada de feminicidios que arrebata especialmente la vida de mujeres jóvenes”.
El caso de Martínez ocurrió mientras la joven se hallaba detenida en una celda de la posta (estación policial) -Unidad Departamental de Prevención (Udep) #10- en la ciudad de La Esperanza, capital del occidental departamento (provincia) de Intibucá, a unos 190 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional.
La estudiante fue detenida el 6 de febrero, cuando efectivos de la PN interceptaron, aproximadamente a las 2330, el automóvil en el que se desplazaba, con el médico Edgar José Velásquez, amigo de la fallecida, quien también fue arrestado.
La razón justificación oficial de la detención fue que ambos violaron el toque de queda -impuesto por el gobierno para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus-, y que estaban, en estado de ebriedad, alterando el orden público.
La medida que restringe los desplazamientos en vía pública, rige, diariamente, desde las 2100 hasta las 0500 hora local.
Según la refutada versión de la PN, Martínez, de 26 años, intentó suicidarse en la celda en que fue recluida, y que fue trasladada, con vida, al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, en cuya sala de emergencias falleció.
Pero autoridades del centro médico local, así como el Ministerio Público (MP), familiares, y una experta forense, entre otras fuentes de información aseguraron que Martínez fue asesinada, en la posta policial, y que llegó, sin vida, al hospital.
