El promedio de maternidad en niñas y adolescentes, en Honduras, es de sesenta y tres casos diarios

El rango etario abarca de nueve a catorce años, de acuerdo con los datos proporcionados por las expertas, citadas en una nota informativa que el medio de comunicación hondureño Criterio.hn difundió, el 30 de junio.

Las cifras revelan absoluta ausencia de interés, por parte del Estado, en corregir la situación, aseguraron.

Al respecto, en un informe que dio a conocer, también en junio, el Observatorio de Derecho Humanos de las Mujeres, perteneciente al no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres (CDM), reveló que, en materia de violencia de género, a nivel nacional, cada tres horas, una adulta o una menor denuncia que fue víctima de agresión sexual.

Las entrevistadas coincidieron en plantear que la educación, la prevención, y la protección constituyen instrumentos esenciales para combatir el problema, frente al cual la actitud estatal es, esencialmente, de indiferencia y permisividad.

En opinión de la socióloga y dirigente feminista Nessa Medina, “el problema es que el abuso -o la agresión sexual- está tan ‘normalizado’, en la sociedad hondureña, que esto se ha convertido en una cadena difícil de romper”.

“Hay más probabilidades (de) que los hijos de madres adolescentes también corran con el mismo destino que cuando sus madres los tuvieron, al volverse adultas”, advirtió.

Por su parte, Regina Fonseca, dirigente del CDM, precisó que “las niñas viven una infancia interrumpida, en Honduras”, ya que, “en muchos de los casos, tras sufrir violación sexual estando en pleno desarrollo se convierten en madres, teniendo que abandonar sus estudios y su aprendizaje, para dedicarse a la maternidad obligada”.

“En promedio, 63 niñas y adolescentes se convierten en madres cada día en Honduras, y, diariamente, al menos tres, entre los 9 y 14 años de edad se convierten en madres, por violación”, puntualizó, además.

“Entre los 10 y 14 años, 920 niñas dieron a luz en los hospitales públicos de Honduras en 2021”, reveló, a continuación.

En su análisis de la dramática situación, Ninoska Reyes, quien integra el liderazgo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destacó el componente de agresión implícito en los casos, a su vez, enmarcados en el contexto de machismo imperante en la sociedad hondureña.

“Es evidente el delito de abuso sexual, al observar casos de embarazo a tan temprana edad, en menores de 14 años”, subrayó.

“Se convierten en niñas criando a otros niños y niñas”, reflexionó la activista de derechos humanos, además de plantear que “desertan de la formación educativa”, y explicar que, “esto, viene a aportar más pobreza al país, ya que no tenemos a la niñez debidamente educada”.

Al respecto, Criterio.hn informó que “organismos de sociedad civil, otros sectores, han manifestado reiteradamente su preocupación ante la deserción escolar de niñas entre los 8 y los 11 años, lo cual provoca mayor pobreza, exclusión, y un círculo interminable de estos casos repitiéndose por generaciones”.

También señaló que, “hasta este día, el gobierno de Honduras mantiene una deuda, al faltar al cumplimiento de la promesa en favor de las mujeres y niñas, de la despenalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y los derechos sexuales y reproductivos”.

El medio de comunicación hizo, así, referencia a los planteamientos formulados por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en cuanto a hacer frente a la situación de abuso machista que la población femenina enfrenta, cotidianamente, en los diferentes ámbitos sociales y laborales.

En materia de política de género, el plan de gobierno de la mandataria -la hoja de ruta para su cuatrienio presidencial (2022-2026), denominada Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026- incluye, puntualmente, nueve propuestas.

Se trata, en primer lugar, de “introducir la perspectiva de equidad de género mediante la participación de verdad paritaria en todo proceso político”, a lo que sigue la intención de “aumentar el presupuesto para asegurar el abastecimiento de métodos de planificación familiar para las mujeres en los centros de salud y educativos”.

Además, “facilitar la distribución, venta y uso de la PAE” -en alusión a la píldora anticonceptiva de emergencia-, medicamento “que permite interrumpir la fertilización en sus primeras horas”.

En el cuarto punto, se incluye propuesta referida a “despenalizar el aborto por 3 causales: 1. en caso de violación, 2. en caso de que la vida de la madre corra riesgo y de 3. malformaciones fetales que impidan una vida digna”.

Asimismo, “aprobar e implementar en todos los niveles educativos, la educación sexual integral que en primer lugar enseñe respeto para el otro”, además de “impulsar la reactivación económica y social mediante una estrategia de inserción y participación efectiva y beneficiosa de la mujer en la economía del país, que incluya el reconocimiento de todo tiempo laborado”.

También, “crear refugios de mujeres y niños víctimas/sobrevivientes de violencia”, al igual que “impulsar proyectos agroecológicos productivos en las comunidades, con miras a construir una alternativa de ingreso para las mujeres”.

La novena propuesta se refiere a “establecer un centro de atención integral especializado para mujeres migrantes que impulse la reinserción social para las mujeres migrantes retornadas”.

Esto, en referencia a los miles de mujeres y niñas que, a causa de las diversas variantes de violencia de género, se ven obligadas a incorporarse a la masiva ola de migrantes hondureños quienes aspiran a hallar, principalmente en Estados Unidos, las oportunidades y la seguridad que su país de origen no les ofrece.

Criterio.hn relató que el 8 de marzo -menos de dos meses después de haber asumido la presidencia hondureña-, Castro se reunió, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con dirigentes de organizaciones feministas locales, quienes le entregaron el proyecto de Ley Integral contra las Violencias Hacia las Mujeres.

El texto fue puesto a consideración de la parlamentaria Comisión de Género, sin que se conozca el trámite que ha seguido, según la versión periodística.

El medio informó que, entre otros contenidos, el proyecto determina, como una forma de agresión de género, la violencia ginecobstétrica, la que define como “la limitación del acceso a anticonceptivos, incluidos los de emergencia, realizar procedimientos médicos sin consentimiento de la mujer, negar tratamiento para tratar infertilidad o prevenir la transmisión del VIH (virus de inmunodeficiencia humana)”.

Igualmente, “la esterilización forzada, negar servicios para interrumpir un embarazo cuando peligra la salud o vida de la mujer y en casos de violación, el trato deshumanizado, el abuso de la medicación”.

A causa de que Honduras es uno de los pocos países que, a nivel mundial, penaliza el aborto -cualquiera sea la causa-, la representación local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y organizaciones de sociedad civil locales, han planteado, reiteradamente, la necesidad de que el Congreso Nacional -el parlamento unicameral hondureño- reforme la legislación vigente, señaló Crierio.hn.

Ello, despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, en casos de violación o incesto, cuando la vida de la mujer esté en riesgo, si el feto presenta malformaciones, según la misma fuente.

Al respecto, Medina expresó que, “en Honduras, se realizan entre 50 mil y 80 mil abortos clandestinos por año” -lo que implica el riesgo de desproporcionadas penas de prisión-.

También informó que, “de acuerdo con un estudio realizado por (la oenegé) Somos Muchas, al menos 70 mujeres han sido criminalizadas por aborto en los últimos 12 años”.

“La mitad de las mujeres criminalizadas son empleadas domésticas, de bajos recursos, y no contaron con un abogado privado para su defensa”, denuncio la activista.

En su más reciente informe sobre la violencia de género -contra adultas y menores- en el país centroamericano, el CDM indicó que “Honduras se ha caracterizado por gobiernos con medidas conservadoras respecto a los derechos sexuales y reproductivos, así como las medidas para mitigar y judicializar la violencia sexual y sus consecuencias”

“Este contexto se ha recrudecido en los (…) años de la gestión presidencial del nacionalista Juan Orlando Hernández, un gobierno aparentemente democrático, pero con acciones propias de una dictadura”, agregó.

El centro aludió así al mandatario (2014-2018, 2018-2022) quien, popularmente conocido como JOH -sus iniciales-, fue extraditado, semanas después de haber dejado la presidencia, y se encuentra detenido, bajo cargos de narcotráfico, en Estados Unidos  -donde su hermano y ex diputado Antonio “Tony” Hernández cumple sentencia de prisión perpetua, por similares cargos-.

El CDM indicó, además, en el informe, que, “con la toma de posesión el 27 de enero de 2022 de (…) Castro, se abrieron muchas expectativas, sobre todo cuando una de las primeras acciones de su gobierno, fue realizar mesas de diálogo con el movimiento social hondureño, entre estas, una mesa con el movimiento feminista y de mujeres”.

Este sector “demandó la aprobación inmediata de la Ley Integral contra
las Violencias hacia las Mujeres, garantizar los derechos reproductivos, como el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en los primeros días de su gestión, aprobación del Protocolo de Atención Integral a Víctimas de violencia sexual, despenalización del aborto, entre otras”, agregó.

“Hasta la fecha, iniciaron varios cambios en la estructura del Poder Ejecutivo, uno de los más importantes para las mujeres es la creación de la Secretaría
de Estado de la Mujer, de la que aún no se conoce su plan de trabajo y sus repercusiones en la atención de violencia sexual”, argumentó.

En su discurso inaugural, tras la juramentación, en el capitalino Estadio Nacional “Tiburcio Carías Andino”, Castro, la primera mujer quien desempeña la presidencia de Honduras, se comprometió -al, igual que durante su exitosa campaña electoral- a defender los derechos de la población femenina.

“Ya no más violencia contra las mujeres”, expresó, en puntuales referencias a la dramática situación que enfrentan las hondureñas, en materia de agresión machista, en todas sus variantes -en particular, los ataques físicos, entre los que se destaca el femicidio-.

“Voy, con todas mis fuerzas, para cerrar la brecha, y generar las condiciones, para que nuestras niñas puedan desarrollarse, plenamente, y vivir en un país libre de violencia”, subrayó.

“Mujeres hondureñas: no le voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos”, aseguró, a continuación, para expresar, a continuación: “cuenten conmigo”.

Foto: Mart Production