En un hecho sin precedente en su historia, Honduras tendrá, a partir de este mes, una presidenta, no obstante lo cual, la brecha de género en materia de participación política posiciona, al país centroamericano, entre las naciones con menos presencia femenina en ese campo.

En un análisis sobre el tema, en el cual citó a activistas de los derechos de las mujeres, el medio de comunicación nacional Criterio.hn planteó que, en el lapso de casi medio siglo, la representación femenina, en el unicameral Congreso Nacional, no ha llegado a 170 parlamentarias, mientras que la masculina ha superado el nivel de mil diputados.

“La historia ha marcado un presente desfavorable para las mujeres y la actualidad continúa arraigada al pasado”, señaló.

Ello se evidencia en el hecho de que “escalar peldaños en temas de derechos políticos se complicó pese a su primera conquista”, indicó la publicación, en el artículo que, titulado “Pese a ser mayoría, la mujer en Honduras sigue relegada en la política”, difundió el 15 de noviembre.

“Hace 66 años se concretó la primera conquista política de las mujeres hondureñas bajo el decreto número 29 del año 1955, mediante el cual se reconoció sus derechos políticos”, pero “el camino hasta la actualidad ha sido abrumador y alcanzar mayor representación continúa siendo la tarea pendiente”, denunció.

“En 1957 lograron ser electas tres mujeres como diputadas, pero, luego debido a la época en que los militares asumían de forma arbitraria el poder, los procesos electorales limitaron la participación de las mujeres”, puntualizó.

“Desde 1980 a 2020 solo han sido electas como legisladoras 169 mujeres, en cambio, los hombres han ocupado 1,071 cargos, lo que ubica a Honduras como el país 91 en el mundo en representación (…) femenina”, señaló, al citar un estudio del estadounidense y no gubernamental The Carter Center (Centro Carter).

Esa entidad señaló asimismo, en el documento, que “el sistema político hondureño está excluyendo de manera sistemática a la mitad de la población del proceso de tomade decisiones, lo que dificulta que un sistema político de este tipo pueda ser denominado como
‘democrático’”.

“Los hombres políticos suelen ser reacios a impulsar los mejores diseños institucionales respecto a la igualdad de género”, indicó.

Esto, “ya sea por negarse al compartir el poder -con la otra parte de la población, que en Honduras, además es la mayoritaria-; por temor a cambiar el status quo, por desconocimiento de los efectos -comparados- de las reglas que aprueban o , por cálculo estratégico, para evitar conseguir -con esas reglas- los mejores resultados para la representación política de las mujeres”, puntualizó.

Se hizo, así, alusión al hecho de que las mujeres constituyen aproximadamente 52 por ciento de la población hondureña -estimada en algo más de 9.3 millones-, de acuerdo con los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según lo indicado en el análisis de Criterio.hn, “aún cuando ya se ha identificado en la literatura, en la cooperación internacional (…) de manera clara cuáles son los diseños de reglas más inclusivos”, se continua “aprobando reglas que no producen los mejores resultados de representación”.

En ese sentido, en materia de presencia femenina en los liderazgos de los partidos políticos, el medio de comunicación citó cifras del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

De acuerdo con esas estimaciones, no obstante le hecho de haber postulado, exitosamente, a Xiomara Castro -la presidenta electa- en la votación del 27 de noviembre, el izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) cuenta, en su Junta Directiva, con solamente un 36 por ciento de mujeres.

En marcado contraste, la representación femenina en los organismos de dirección de los tradicionales partidos Nacional (PN) -derechista y actualmente gobernante- y Liberal (PL) -centroderechista y ex gobernante- es de, respectivamente, 51 y 28 por ciento.

Critero.hn también informó que, en las instancias de toma de decisión de “las grandes corporaciones de la telecomunicación, entre el 28 de diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, de 655 personas que participaron 529 son hombres y apenas 126 son mujeres”.

Respecto a la brecha de género en materia de participación política, la activista Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” -una de las principales organizaciones hondureñas de defensa de los derechos humanos con enfoque de género-, aseguró, al medio, que, “de la buena voluntad de los hombres dueños de los partidos, no va a ocurrir, nunca, que las mujeres estén en esos cargos”.

“Las mujeres son las eternas perdedoras en los procesos electorales, siendo sacrificadas, muchas veces, en los cargos que, por ley, (les) corresponden, y, de esa manera, los hombres hacen sus arreglos y componendas”, denunció.

“La mayoría de los partidos políticos ven, a la mujer, como una figura decorativa”, agregó la dirigente del movimiento que lleva el nombre de la líder feminista y docente hondureña Visitación Padilla (1882-1960), quien fue pionera en la organización de los diversos esfuerzos iniciales por la defensa de los derechos de las hondureñas.

En opinión de Honorina Rodríguez, dirigente del Foro de Mujeres Políticas de Honduras, “existe una construcción desigual, no incluyente y discriminatoria, en las estructuras de los partidos políticos, que no tienen, en sus autoridades partidarias, a mujeres con conocimiento sobre sus derechos, lo que impide mayores oportunidades”.

“Se debe trabajar, con las autoridades partidarias, para incluir a las mujeres, y hacerles ver que involucrar e incorporar a las mujeres tiene su fundamento legal, y que en sus estructuras estén teniendo una participación más amplia”, explicó, en alusión a la legislación vigente en materia de igualdad de género en política.

En ese sentido, Eguigure destacó una debilidad que no es frecuentemente mencionada, y que incide en la perpetuación del machismo excluyente en el área política.

En números considerables, aquellas quienes logran llegar a altos estamentos políticos, “no tienen conciencia de mujer, no han estudiado qué significa ser mujer en condiciones de discriminación, marginación, no han analizado lo que eso significa”, señaló.

“Por otro lado, esas mujeres están obligadas, en sus partidos, a seguir líneas partidarias, si quieren seguir ocupando cargos de elección”, indicó, a continuación.

Criterio.hn indicó que “las entrevistadas (…) manifestaron que la solución más efectiva y que garantice el acceso para que las mujeres ocupen cargos electorales en los procesos electorales es a través de las cuotas reservadas”.

“Siendo una buena práctica implementada en otros países, las mujeres tendrían un porcentaje establecido de los cargos electorales en todos los niveles, es decir, que se podría determinar que de 128 diputaciones (la actual integración del Congreso Nacional) la mitad correspondan a mujeres y la otra parte a hombres”, agregó.

“Los cargos serían ocupados por aquellas mujeres que obtengan la mayor cantidad de votos y no tener que depender por un cociente electoral que se confabula con la estrategia partidaria para elegir en su mayoría a los hombres”, puntualizó.

En un triunfo electoral presidencial hasta ahora único en el país, Castro se convirtió en la primera hondureña quien ha logrado ese objetivo, al triunfar en la votación llevada a cabo el 28 de noviembre.

Las próxima gobernante reunió algo más de 1.7 millones de votos, frente a los aproximadamente 1.2 millones obtenidos por su principal adversario -postulado por el PN-, Nasry “Tito” Asfura, el pintoresco alcalde capitalino conocido como “Papi a la orden”.

Casi 3.6 millones de hondureños estaban inscritos como electores.

Castro -esposa del ex presidente Manuel “Mel” Zelaya, violentamente derrocado el 28 de junio de 2009, faltando siete meses para cumplir su mandato constitucional (2006-2010)- reemplazará, el 27 de este mes, en la presidencia hondureña, al desprestigiado derechista Juan Orlando Hernández (2014-2018, 2018-2022), señalado por autoritarismo, así como hechos de corrupción -entre ellos, vínculo con el narcotráfico-.