En el contexto de la emergencia nacional provocada por la pandemia del coronavirus y sus impactos económicos, varias diputaciones han presentado proyectos de ley para modificar la normativa que regula las pensiones alimentarias.
En ese sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) hace un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que a la hora de valorar dichas iniciativas de ley consideren en primera línea la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho de miles de niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad a contar con alimentos para preservar su salud y su vida.
Recordemos que las personas beneficiarias de pensiones alimentarias no pueden proveerse su propia alimentación y por ende están a cargo de personas adultas. Si estas personas adultas proveedoras son vulnerabilizadas en sus ingresos por causa de la emergencia que atraviesa el país, la situación debe atenderse, pero nunca desplazar los efectos negativos a quienes dependen de ellas, ni tampoco a quienes están a cargo de su cuido en los hogares.
Deberán buscarse alternativas justas y respetuosas de los derechos humanos de todas las personas.
