El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) solicitara que se lleve a cabo una investigación sobre el manejo que las autoridades dieron al caso de la desaparición y el asesinato de una joven costarricense.
El Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas, lo que, en el caso de la joven Luany Valeria Salazar, no ocurrió, de acuerdo con la denuncia formulada por el Inamu, en un comunicado que la entidad tituló “El Estado falló”.
En coordinación con otras entidades, “presentaremos instancia ante las autoridades competentes con el fin de solicitar que se investiguen los hechos denunciados y se sienten las responsabilidades del caso, reiterando en la necesidad de que estos hechos no se repitan”, indicó el instituto, en el texto de seis párrafos.
“El INAMU expresa su máxima preocupación por el manejo de este caso por parte de las autoridades correspondientes y exige que se esclarezca si se actuó o no con la debida diligencia, lo que constituye una obligación del Estado costarricense desde que ratificó la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -Convención Belem do Pará-”, expresó.
Aprobada el 9 de junio de 1994, en la norteña ciudad brasileña de Belém do Pará, la convención es el primer tratado internacional, en materia de derechos humanos que abordó, específicamente, el tema de la violencia de género y estableció el derecho de las mujeres a vivir libres de agresión en los ámbitos privado y público.
El instrumento obliga, a los estados, a implementar las medidas necesarias para actuar de manera eficaz para prevenir y sancionar esa violencia, y a reparar a las víctimas.
El Inamu citó, además, disposiciones de la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH) al respecto.
“Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia”, según el tribunal continental.
Ello, “teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”, según la corte IDH.
El Inamu indicó, asimismo, que “exige a las autoridades competentes en materia de investigación desarrollar de manera inmediata protocolos específicos para la investigación de casos de desaparición de mujeres de todas las edades, partiendo de que dichas desapariciones pueden configurar delitos graves como trata de personas o femicidios, como resulta en este caso.”.
“Cada desaparición de una mujer debe ser atendida en lo inmediato”, agregó.
“Las vidas de las mujeres importan y el Estado tiene el deber de protegerlas”, no obstante lo cual, “hoy lastimosamente se confirma que el Estado no cumplió dicho deber y que nos falta una más”, advirtió, además de expresar que “lamentamos el femicidio de Luany Valeria y nos solidarizamos con su familia”.
El instituto relató que, durante años, ha realizado “esfuerzos sostenidos para instar a las comunidades, barrios y familias a mantenerse alertas y denunciar ante las autoridades policiales cualquier indicio de violencia contra las mujeres y las niñas”.
“Pero ese esfuerzo de las personas, familiares, vecinos y vecinas de poco sirve si no recibe respuesta pronta y cumplida de parte de las autoridades competentes”, planteó.
“Es por lo que hoy exigimos que se esclarezca lo sucedido y se sienten las responsabilidades del caso”, puntualizó.
De acuerdo con versiones periodísticas locales, la joven desapareció la noche del 9 de junio, y que su hermano y una tía la hallaron sin vida y dentro de una bolsa, en una vivienda, la noche del 15.
Al informar en conferencia de prensa, al día siguiente del hallazgo, sobre lo actuado por dl Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el caso, el director de la fuerza policial, Walter Espinoza, indicó que la denuncia de desaparición fue recibida el 11 de junio.
“La policía judicial sí estaba tomando el caso con seriedad”, aseguró, y señaló que “hablamos con la progenitora de Luany y con su mejor amiga para recabar más información que ayude con la investigación”.
“Al caso se le está dando toda la atención”, reafirmó, para explicar que “las desapariciones que ingresan al OIJ son múltiples e incontables y la mayoría de ellas se resuelve”.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad informo, el 16 de junio, que agentes policiales detuvieron, ese día, como sospechoso del femicidio, a un hombre de apellido Mejía, quien, de acuerdo con versiones periodísticas, fue señalado por familiares de la joven como posible responsable del crimen.
Entretanto, Patricia Zamora, madre de la joven ha expresado frustración por el manejo del caso por parte del OIJ, según las mismas versiones.
Respecto al caso, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, declaró, en la red social Twitter, que “el femicidio de Luany Salazar Zamora nos duele profundamente y nos indigna como sociedad”.
“La inaceptable violencia hacia las mujeres se manifiesta de muchas formas y cobra vidas”, tuiteó, además, y aseguró que “no descansaremos en la lucha por erradicarla”.
En materia de femicidios -la más seria manifestación de violencia de género-, Costa Rica registró, en 2019, 14 casos de ese delito -en un total de 50 homicidios de mujeres-, mientras que, al 13 de mayo de este año, se contabilizaba cinco femicidios -entre 24 asesinatos de mujeres-.
