El costarricense Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) anunció que apelará el nuevo sobreseimiento en el proceso judicial penal contra el futbolista Marcel Hernández, acusado de haber violado, hace dos años, a una menor.
La medida favorable a Hernández, ejecutada el 4 de noviembre por el Juzgado Penal de la central ciudad de Cartago -donde se desarrolla el proceso-, es alarmante, declaró, por su parte, la ministra de la condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del instituto.
Se trata de la segunda decisión judicial, en ese sentido, emitida en casi cuatro meses -la primera, ordenada el 11 de agosto, fue anulada, por el mismo juzgado, el 11 de setiembre-.
Por ello, se mantienen, de momento, las medidas cautelares, que, con la primera anulación de cargos, fueron levantadas -entre otras, prohibición de salir de Costa Rica-.
El nuevo sobreseimiento deja trazado el camino para que un nuevo caso de violencia de género quede impune, advirtió Mora.
“El INAMU apelará de nuevo y solicitará que se retome y analice a profundidad la amplia prueba presentada por la Fiscalía”, aseguró la entidad, en un comunicado emitido al conocerse la información sobre la decisión de la autoridad judicial.
Las autoridades del Inamu “ven de nuevo con suma preocupación las actuaciones del proceso llevado a cabo en el Juzgado Penal de Cartago que han resultado en un segundo dictamen de sobreseimiento sobre la causa que existe en contra del futbolista del (Club Sport) Cartaginés, Marcel Hernández”, de acuerdo con lo expresado en el comunicado.
En ese sentido, citada en el texto, Mora expresó preocupación, y advirtió que la entidad a su cargo -que es querellante en el proceso judicial- emprenderá acciones.
“Esto no puede más que alarmarnos, porque estamos a las puertas de la posibilidad de que tengamos un nuevo caso en el cual no se haga justicia frente a delitos sexuales contra personas menores de edad, los cuales representan un problema grave y de gran magnitud en nuestro país”, reflexionó la ministra.
“No cesaremos de señalar que la sistematicidad con que se presentan estos delitos, y la forma en que se siguen naturalizando, justificando y quedando en la impunidad, debe alarmarnos y obligarnos a tomar acciones”, advirtió.
“La obligación del Estado es actuar, con la debida diligencia, en la tramitación de las causas”, lo que “implica la investigación y el análisis a profundidad de la prueba”, señaló Mora, una ex legisladora (2014-2018) por el izquierdista Frente Amplio.
“La reiterada denegatoria de juicio, al señor Hernández, no asegura el cumplimiento de este estándar internacional para la observancia de los Derechos Humanos, reconocidos y protegidos por el Estado costarricense”, puntualizó.
Se trata de “acusaciones por delitos sexuales contra una menor de edad”, subrayó.
Por lo tanto, “en ninguna circunstancia se debe permitir consideraciones de índole deportiva u otras que tengan preeminencia y permitan naturalizar, justificar, y dejar impunes este tipo de conductas que, de no sancionarse, dan carta abierta a cualquier hombre con poder e imagen pública para ejercer con toda libertad conductas que lesionan e irrespetan los derechos humanos de las niñas y las mujeres”, subrayó.
“Una acción de ese tipo alienta la comisión de nuevos delitos, porque el mensaje que se emitiría es que no habrá consecuencias”, advirtió.
Mora reafirmó la necesidad de que las víctimas de violencia de género, en particular quienes han sufrido violación, reciban justicia.
“Somos y seguiremos siendo enfáticas en que nuestras respuestas institucionales deben brindar confianza y justicia a las mujeres y niñas que sufren este tipo de violencia”, expresó.
“El mensaje que debemos darles es que su vida y su integridad son nuestra prioridad”, agregó la ministra, quien precisó que “ellas deben sentir que el sistema institucional responde, y que quienes las agreden serán debidamente investigados y sancionados”.
Hernández está acusado de haber cometido, en 2018, cuatro delitos de violación contra una menor de edad.
De acuerdo con lo señalado en el marco del proceso judicial, los hecho ocurrieron cuando la víctima tenía 16 años, y el futbolista, de nacionalidad cubana, tenía 29.
Costa Rica cuenta, desde 2016, con legislación que protege, a personas menores de edad, en los casos de lo que se denomina “relaciones impropias” -Ley 9406-.
En su artículo 159, el instrumento legal se refiere a “Relaciones sexuales con personas menores de edad”, y establece que “será sancionado con pena de prisión, quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona menor de edad, siempre que no constituya delito de violación”.
Las penas, en estos casos, implican “prisión de tres a seis años, cuando la víctima sea mayor de trece y menor de quince años de edad, y el autor sea cinco o más años mayor que está en edad”, y “prisión de dos a tres años, cuando la víctima sea mayor de quince y menor de dieciocho años, y el autor sea siete o más años mayor que esta en edad”.
Asimismo, se prevé “prisión de cuatro a diez años, siempre que el autor tenga, respecto de la víctima, la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima por consanguinidad o afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respecto de la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco”.
Además, “los mismos supuestos operarán si la acción consiste en la introducción de uno o varios dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal”.
Por otra parte, el artículo 161, referido a “Abusos sexuales contra personas menores de edad y personas incapaces”, indica que “será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien de manera abusiva realice actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación”.
“La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando (…) la persona ofendida sea menor de quince años”, y “el autor se prevalezca de su relación de confianza o autoridad con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco”, puntualiza.
En declaraciones que formuló a la costarricense Radio Columbia, luego del segundo sobreseimiento, el abogado Raymundo Pérez, defensor del futbolista, se refirió a la medida judicial.
“Se denomina sobreseimiento definitivo, cuando la causa se archiva sin ir a juicio”, comenzó a explicar.
“Esta es la segunda vez que ocurre, y tiene que ver con que las pruebas no solo son insuficientes -las que trajo el ministerio público, acusando a Marcel- sino que las que aportó la defensa”, agregó, para asegurar que “dictámenes y criterios técnicos, descartan que los hechos por los que lo procesaron penalmente, existan”.
“Esa duda, que se generó sobre la existencia de los hechos, es insuperable, y, por eso, la jueza, esta vez, indicó que no existe prueba para enviar a Marcel a juicio, y lo que corresponde es absolverlo, por decirlo así”, afirmó.
Al referirse al hecho de que, a partir de la notificación del sobreseimiento, a las partes, la acusación cuenta con tres días hábiles para, nuevamente, apelar, Pérez dijo que, en ese lapso, el Ministerio Público (MP) y el Inamu pueden objetar la decisión judicial.
No obstante, el abogado dijo que, de hacerlo, ambas entidades incurrirían en lo que describió como una exageración.
“Me parecería ya un exceso”, porque, en el caso, han intervenido “dos jueces diferentes”, incluida una jueza, quien, “desde su perspectiva de género, tampoco encontró nada contra Marcel”.
El jurista indicó que, si las partes fuesen notificadas el 7 de diciembre, el plazo para cuestionar el nuevo sobreseimiento se extendería hasta el 10.
En opinión de Pérez, si ocurriese la acción, ello trascendería las motivaciones exclusivamente judiciales.
“Si hay una apelación nueva, es porque es un dictado político de esas instituciones -de la fiscalía de género y del Inamu-, y no porque hayan razones jurídicas de peso para volver a apelar”, aseveró.
El abogado expresó, además, preocupación por la imagen pública de Hernández, por un posible perjuicio que el caso tenga, en lo laboral, en la cerrera del cubano.
“Me parece ya injusto, sobre la humanidad de una persona, que, al final, ya ha sido bastante dañada no solo la imagen sino también con las posibilidades de poder optar por otras alternativas de contrato, porque el jugador se ha proyectado fuerte”
En ese sentido, expresó que, “el próximo jueves, a las 4:30 pm, cuando cierran los tribunales, sabremos si no se presentaron recursos de revocatoria”.
Y agregó: “si, efectivamente, no se apela y la resolución adquiere firmeza, se levanta la restricción migratoria, se le entrega el pasaporte, y ya Marcel, el viernes (11 de diciembre), puede irse para donde quiera”.
