El Estado costarricense debe atender las recomendaciones del internacional Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, una de las cuales se refiere a acelerar la participación plena e igualitaria, de la población femenina, en las esferas pública y política, indicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
El planteamiento obedeció a que una acción de la Sala Constitucional -también conocida como Sala IV- de la Corte Suprema de justicia (CSJ) costarricense, la que “retarda el avance de la paridad de género en todos los espacios de toma de decisiones”, indicó el instituto, en un comunicado que tituló “INAMU hace un llamado a reconocer y actuar por la paridad de género en todos los espacios”.
El instituto precisó que se trata de una resolución mediante la cual la Sala IV declaró sin lugar un recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
La recurrente, Haydeé Hernández denunció que el Conacoop “violentó el principio de paridad y alternancia de género, lo que obstaculizó cualquier posibilidad real de que las mujeres cooperativistas contaran con representación paritaria en la Junta Directiva (…) o para designar a representantes mujeres ante la Junta Directiva del INFOCOOP (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo)”, puntualizó.
El recurso fue presentado a causa de que, en las asambleas sectoriales del movimiento cooperativo, realizadas los días 27 y 28 de setiembre de 2019, para integrar el Plenario del Conacoop, se designó a 21 hombres y nueve mujeres en condición de propietarios, y a ocho hombres y una mujer como suplentes, agregó el Inamu.
Además, el 17de octubre se eligió a los tres integrantes de la Junta Directiva de Conacoop, y a sus cuatro representantes en la Junta Directiva de Infocoop, siguió narrando.
En el primer caso, se eligió a tres hombres propietarios (100 por ciento), y a un hombre y una mujer suplentes (50/50) , mientras que en el segundo, fueron elegidos cuatro hombres (100 por ciento), indicó, además.
El Inamu indico que, en cuanto al recurso de amparo, “presentó coadyuvancia activa a favor de la acción, al considerar que no se respetó la paridad de género y, por ende, se menoscabó el derecho a la igualdad efectiva y los derechos a la participación y representación de sus afiliadas”.
El instituto señaló que, a ello, se agrega el hecho de que, en las elecciones municipales de febrero de este año, para la titularidad de las 82 alcaldías costarricenses, apenas ocho mujeres obtuvieron la elección (9.7 por ciento), y que, en la presidencia de los concejos municipales, solamente 20 mujeres (un 24 por ciento) quedaron ocupando la titularidad.
“Las condiciones de participación no son igualitarias debido a que históricamente han sido espacios operados en clave masculina, a pesar de la participación de las mujeres en las bases de todas las expresiones organizativas y políticas, por lo que se requiere interpretar la normativa desde la progresividad de los derechos humanos y reconocer la lucha de tantas lideresas que han demandado igualdad en el acceso al poder en todos los espacios”, agregó.
El instituto advirtió, asimismo, que “el Estado costarricense debe atender las recomendaciones vinculantes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y una de ellas indica la necesidad de que los Estados apliquen medidas de carácter temporal que aceleren la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública y política -de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, del año 2004-“.
El texto aludido de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Cedaw) -aprobada el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y vigente desde el 3 de setiembre de 1981- subraya el carácter temporal de las medidas planteadas.
“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer (…) de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas”, señala.
“Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”, aclara.
En cuanto a la recomendación referida a ese punto de la Cedaw, el comité indica, a los Estados Partes, entre otros puntos, que “deberán distinguir claramente entre las medidas especiales de carácter temporal destinadas a acelerar el logro de un objetivo concreto de igualdad sustantiva o de facto de la mujer y otras políticas sociales generales adoptadas y aplicadas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas”.
Además, “al aplicar medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva o de facto de la mujer, los Estados Partes deberán analizar el contexto de la situación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, así como en el ámbito específico al que vayan dirigidas esas medidas”.
Igualmente, “deberán evaluar la posible repercusión de las medidas especiales de carácter temporal respecto de un objetivo concreto en el contexto nacional y adoptar las medidas especiales de carácter temporal que consideren más adecuadas para acelerar el logro de la igualdad sustantiva o de facto de la mujer”.
Respecto a la acción de la Sala IV, la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Inamu, Patricia Mora, reflexionó que, “a las puertas del bicentenario de la independencia de Costa Rica, observamos una escalada de acciones e interpretaciones que desaceleran los avances y la lucha de las mujeres, de todos los sectores, por la paridad de género en los diversos espacios de poder”.
Costa Rica, lo mismo que El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, se aprestan a conmemorar, el 15 de septiembre del año próximo, doscientos años desde su independización de la corona española.
“A pesar de los avances, las mujeres seguimos siendo subrepresentadas en los puestos de toma de decisión”, señaló Mora, una ex legisladora (2014-2018) por el izquierdista Frente Amplio (FA).
En tal contexto, “el Estado costarricense se encuentra en un momento decisivo: o impulsa la paridad efectiva, o sigue poniendo obstáculos a la participación de las mujeres en la vida política”, advirtió.
