Juzgado de Colombia declara negligencia estatal en cruel femicidio

Al emitir el fallo, la autoridad judicial determinó que, de no haber mediado omisión, por parte de diferentes instancias involucradas, la vida de Rosa Elvira Cely se habría salvado

Un juzgado capitalino declaró, al Estado colombiano, responsable, por negligencia, del femicidio perpetrado en 2012, con ensañamiento, contra Rosa Elvira Cely, según versiones periodísticas.

La reparación establecida, para la familia de la víctima, es de algo más de 370 mil dólares, indicaron medios de comunicación lo mismo nacionales que internacionales.

El caso, emblemático por la particular brutalidad que lo caracterizó, además de haber generado inmediato repudio masivo, generó presión de parte de organizaciones de derechos humanos, puntualmente, agrupaciones feministas, lo que derivó, tres años después, en la aprobación de legislación que tipifica el delito de femicidio.

Entre los actores estatales señalados como responsables del fallecimiento de Cely

-entonces de 35 años-, figura la Secretaría de Salud de Bogotá -la capital nacional, ciudad escenario del crimen-.

Ello, a causa de que la ambulancia movilizada para la atención de urgencia de la víctima -asesinada junto a un riachuelo, en un céntrico parque capitalino- llegó, al lugar, más de dos horas después de que Cely logró comunicarse con el número para llamadas de emergencia.

El juzgado también indicó que la agredida no fue llevada -aún con vida- a un hospital cercano sino a un centro asistencial considerablemente más retirado del sitio.

De acuerdo con versiones periodísticas de ese momento, la víctima falleció, cuatro días después, en una Unidad de cuidado Intensivo del hospital donde fue internada.

La causa fue una infección generalizada, según los medios.

Ello, a causa de la manifiestamente cruel agresión, incluyó la violación de la víctima mediante el uso de un trozo de una rama de árbol, lo que le causó letales heridas internas, principalmente en la cavidad abdominal -incluyendo el intestino-, de acuerdo con la información médica conocida entonces.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá fue, igualmente señalada como responsable, ya que, de acuerdo con una versión periodística difundida en 2016, esa dependencia municipal dio a conocer una declaración, en calidad de fundamento legal, en el sentido de que, al haber departido, con sus agresores, poco antes del asesinato, la responsabilidad del crimen se atribuye a Cely.

“Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”, aseveró, en un irresponsable razonamiento machista, la secretaría.

Respeto a los asesinos, la dependencia señaló, ampliando su inadmisible narrativa, que “todos sabían que tenían comportamientos raros. No obstante, Rosa Elvira salió a departir con ellos y se tomaron unos tragos”.

En el momento del demorado auxilio, Cely indicó, a los efectivos policiales quienes llegaron al lugar, que sus agresores eran Javier Velasco y Mauricio Ariza, el primero, un compañero de estudios de la víctima -quien procuraba completar el nivel de bachillerato, además de ser madre de una niña de, entonces, 12 años-.

La víctima, se desempeñaba como vendedora ambulante.

En materia de violencia de género en el andino país sudamericano, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó, el 7 de Agosto, que, según su Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, 320 femicidios tuvieron lugar, durante el período desde el 1 de enero y el 3 de julio de este año, a nivel nacional.

La PGN agregó que, ante “las inquietantes cifras que se engrosan cada día en Colombia” reiteró la exhortación, “a la sociedad, por la defensa de los derechos humanos de la mujer​, especialmente a las autoridades competentes”.

Ello, “para que se priorice la atención oportuna de los casos alertados y de todas las denuncias por violencia de género, garantizando la protección de las víctimas y así evitar que las cifras de feminicidio sigan aumentando en el país”.

Ante la burocrática declaración de la PGN, Adriana Cely, hermana de la víctima, declaró, a la colombiana Radio nacional, que el fallo del juzgado bogotano “es una sentencia ejemplarizante”.

Al mismo tiempo, reflexionó en el sentido de que, para su familia, la medida judicial “no es de celebración”, porque “ninguna acción nos va a devolver a mi hermana”.

Foto: RDNE Stock project

 

 


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