El máximo dirigente Talibán, Hibatullah Akhundzada, aseguró que desde hace dos años, las mujeres y las niñas disfrutan de “una vida cómoda y próspera, en el marco de la sharía”, en alusión a la legislación que rige al Islam
Las mujeres en Afganistán viven, hace casi dos años, más cómodas, libres de las tradicionales opresiones patriarcales, porque lo hacen en el marco de la legislación musulmana, aseguró, el máximo dirigente del gobernante y misógino movimiento fundamentalista Talibán, Hibatullah Akhundzada.
En su demencial ofensiva interpretación de la brutal realidad nacional, Akhundzada anunció que está por llegar a su fin la flexibilidad que, en materia de derechos de la población femenina -lo mismo adulta que infantil y adolescente-, fue la norma durante las dos décadas de ocupación militar (2001-2021) encabezada por Estados Unidos.
Por otra parte, en su negacionista narrativa, el jefe talibán aseguró que la dictadura rescató la colapsada economía del país, a contrapelo del hecho de que la crisis socioeconómica afgana es particularmente dramática, con millones de personas -principalmente mujeres y niños- en situación críticamente vulnerable.
Las afganas “viven con más comodidad”, porque “fueron salvadas de las opresiones tradicionales”, aseguró, en una declaración que leyó, el 25 de junio, en su base de operación en la ciudad de Kandahar, la capital de la sureña provincia de igual nombre, a su vez, limítrofe con Pakistán.
Las mujeres y las niñas disfrutan, hace casi dos años, “una vida cómoda y próspera, en el marco de la sharía”, aseveró, además, en alusión a la legislación que rige al Islam.
“Los aspectos negativos de los últimos 20 años de ocupación, relacionados con el hijab (velo religioso) de las mujeres y el desvío del buen camino, terminarán pronto”, amenazó, además.
Surgido en 1994, en el marco de la guerra civil afgana (1992-1996), el grupo fundamentalista islámico Talibán estuvo, desde 1996 hasta 2001, en control de aproximadamente tres cuartas partes de los algo más de 652 mil kilómetros cuadrados que constituyen el territorio afgano.
La tiranía religiosa -que se caracteriza por despiadadas violaciones a los derechos humanos, en particular las garantías de la población femenina- fue derrocada en diciembre de 2001, por una invasión militar internacional, liderada y mayoritariamente constituida por Estados Unidos.
No obstante esa derrota, el movimiento se mantuvo, desde entonces, en inclaudicable -y brutal- resistencia armada contra la ocupación foránea.
Tras el retiro, a mediados de 2021, de las tropas estadounidenses -las fuerzas extranjeras que entonces mantenían la intervención-, la ofensiva talibana logró el objetivo de derrocar al gobierno del presidente (2014-2021) Mohammad Ashraf Ghani, cuando tomó, el 15 de agosto de 2021, el control de Kabul, la capital nacional -por lo tanto, del país-.
Entre las numerosas violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas, figuran el cierre del acceso a la educación secundaria y superior, la limitación a desplazarse, en áreas públicas, sin el acompañamiento de un mahram -familiar hombre-, el uso obligatorio del hijab, y, desde abril, pasado, la prohibición de trabajar, en Afganistán, para Naciones Unidas.
No obstante el misógino récord de la dictadura, y en una de sus escasamente frecuentes apariciones públicas, Akhundzada insistió -como lo hacen, recurrentemente, los demás jerarcas de la dictadura-, en la supuesta protección talibana de la población femenina.
“Todas las instituciones han sido obligadas a ayudar a las mujeres, a garantizar el cumplimiento de sus derechos en el matrimonio, la herencia, y otros derechos”, expresó, en la alocución formulada ante la cercanía -el 28 de junio- de Eid al Adha (Celebración del Sacrificio), una de las principales conmemoraciones del Islam.
Eid al Adha, marca el pasaje del Corán -el libro sagrado del Islam- que relata la voluntad de Ibrahim de sacrificar a su hijo Ismail en un acto de obediencia a Alá (Dios), y la reacción de Alá, al proporcionarle un cordero para que realizara la ofrenda.
Al insistir en los ilusorios beneficios de la brutal política de género talibana, el máximo jefe del movimiento aseguró que el régimen viene implementando “medidas que son necesarias para mejorar la situación de las mujeres, quienes son la mitad de la sociedad”.
Por otra parte, aseveró, en términos generales, que, “a nivel nacional, se ha restaurado la independencia de Afganistán, una vez más”, impulsando “la resiliencia económica del país”, y mediante los esfuerzos por “mejorar la seguridad nacional”, tras lo cual advirtió, a sus compatriotas, que “es nuestra responsabilidad común proteger y servir a nuestro sistema islámico”.
La realidad afgana indica, de acuerdo con cálculos -actualizados a noviembre de 2022- de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con alrededor de 40 millones de habitantes, Afganistán presenta “24 millones de personas necesitan socorro humanitario con urgencia”, además de que “3,5 millones de personas han sido desplazadas por conflictos dentro” del país, y “2,3 millones de personas refugiadas y solicitantes de asilo de Afganistán han huido a países vecinos”.
Tras la visita que llevaron a cabo en abril y mayo de este año, a ese país, dos expertos internacionales denunciaron que la misoginia con la que gobierna la teocracia talibana en Afganistán, es incomparable a nivel mundial.
La discriminación de género brutalmente impuesta por la dictadura, probablemente se tipifique como un crimen de lesa humanidad, expresaron, además, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres, la mexicana Dorothy Estrada-Tanck, y el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Afganistán, el neozelandés-británico Richard Bennett.
El grupo de trabajo está circunscrito al ámbito de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Desde su violenta instalación, en agosto de 2021, el régimen fundamentalista desarmó la estructura legal afgana, con particular ensañamiento contra la población femenina, también denunciaron, luego de la visita que llevaron a cabo del 27 de abril al 4 de mayo.
En tal contexto, los socios técnicos y financieros de Naciones Unidas, deben apoyar más decididamente a activistas y organizaciones de sociedad civil, señalaron, en las conclusiones de su labor de campo en Afganistán, citadas, el 5 de mayo, por Noticias ONU, la agencia informativa de la organización mundial.
“Desde el colapso de la República, las autoridades de facto han desmantelado el marco legal, revirtiendo los avances de dos décadas hacia la igualdad de género”, señalaron.
Los expertos advirtieron, asimismo, que “la discriminación de género institucionalizada en Afganistán, no tiene paralelo en el mundo”, y que “podría constituir un crimen de lesa humanidad”.
Además, denunciaron que, “si bien no podemos determinar responsabilidad penal individual, consideramos, sobre la base de la información recibida -incluidos relatos de primera mano-, que las mujeres y las niñas son atacadas debido a su sexo”.
