En mi primer artículo de la Trilogía de la Educación, realicé un recorrido general sobre las perspectivas de la educación costarricense de los últimos cuarenta años y las transformaciones acontecidas en nuestro entorno social. Son estas unas transformaciones que nos tienen ante una situación muy crítica con respecto a los resultados, tanto en la calidad de los contenidos como en la cobertura de la educación formal a nuestra población y especialmente, a las personas más vulnerables.
Ahora bien, para abordar la multidimensionalidad con que se debe analizar la exclusión educativa, no podemos inferirlo a un simple análisis de causalidad, sino que implica asumirlo como una problemática integral que trae consigo serias consecuencias para una sociedad. Es decir, no es examinar la exclusión educativa a la luz de una profesionalización que traerá consigo mayores y mejores oportunidades de realización personal o laboral, sino bajo una realidad compleja que incide en la calidad de vida de las personas, su condición socioeconómica y su visión de mundo que determinará en gran medida lo que aportará a este. Los programas asistencialistas no han dado los resultados ni suficientes ni sostenibles para sacar a las personas de la pobreza y la vulnerabilidad, debieron replantearse como una formación de competencias para el trabajo y para la vida, es decir, una educación integral para las niñas y los niños como un fuerte apalancamiento al desarrollo, los cuales no han generado impacto real en un mundo asediado por sus demonios y pandemias.
Costa Rica tiene valiosísimas herramientas que le permiten tomar decisiones acertadas en una ruta viable para su desarrollo; no obstante, como bien se ha señalado a nivel internacional, la pobreza no es un problema de carencia de recursos sino uno de carencia de voluntad política para orientar los recursos de forma efectiva. Asimismo, ocurre con la voluntad para abrir verdaderas oportunidades educativas para la población costarricenses más allá de un discurso de campaña, sino de la construcción de una serie de acciones que requerimos como país para no sólo atraer, sino también para retener en las aulas a sus personas estudiantes y posteriormente impulsarlos al urbi et orbi.
Una puerta que se cierra desde adentro. Así es de perverso el sistema. La institucionalidad misma no ha logrado establecer los mecanismos adecuados de seguimiento para detener la exclusión educativa, se han implementado múltiples estrategias pedagógicas y didácticas en el aula, pero fuera de ella, el sistema ya no cohesiona ni lubrica los engranajes para que funcione correctamente. El entorno familiar, social e institucional no se comunican adecuadamente y la persona, como centro de la educación, no encuentra los motivantes suficientes para mantenerse activa dentro del sistema. Seguimos abordando la problemática de forma desagregada y fragmentada, sin puntos de encuentro. Por eso, la institucionalidad que es la responsable de velar por la calidad educativa y la retención de las personas dentro del sistema educativo, está empecinada en continuar su camino con las personas que cuentan con los recursos para mantenerse activas, pero vuelve la mirada hacia otro lado cuando son las más vulnerables y de estratos sociales bajos.
En efecto: se cierra la puerta y no es para evitar que salgan quienes están adentro, sino para que no ingresen quienes se han ido quedando rezagados en el exterior, en la periferia. Si acaso y para peores: la puerta en pandemia se ha abierto para que algunos salgan pero no para que regresen o ingresen. Así de perverso se ha convertido nuestro sistema educativo.
Por ende, ¿Se puede aspirar a una educación prioritaria en un hogar con extrema pobreza? ¿Se puede creer que la educación es el vínculo con el desarrollo humano, social y laboral cuando se habita en entornos violentos, empobrecidos y con recursos limitados? ¿Se puede creer en la institucionalidad educativa cuando el sistema avanza con las personas que representan menores costos y riesgos para el cuerpo docente y administrativo dejando atrás a quiénes no lo hacen? Las anteriores son preguntas reflexivas y debemos responderlas a la luz de los resultados obtenidos y de los retos que en materia educativa tenemos como país.
Por eso, es relevante que podamos responder a las preguntas reflexivas con fundamento en los resultados estadísticos, que en su conjunto se convierten en un dañino y nauseabundo coctel para nuestra sociedad:
- La pobreza como el gran problema irresoluto de los últimos cuarenta años, que ha mantenido inamovible a alrededor de un 20% de la población, llegando a un máximo histórico del 26% en el segundo semestre de 2020. Un aspecto central que ha inducido a las familias a centrarse en la solución de sus necesidades de sobrevivencia, teniendo que dejar de lado la educación de las niñas y niños, muchas veces tentados por un trabajo informal, por la delincuencia, las drogas, el crimen organizado, un embarazo adolescente u otras muchas problemáticas que les agobian.
- El Atlas del Desarrollo Humano Cantonal publicado en noviembre de 2020 por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Costa Rica (UCR), nos muestra los rostros de la desigualdad en Costa Rica. Una valiosísima información que aborda el desarrollo humano multifactorial, pero que no ha sido incorporado como una herramienta para la toma de decisiones en materia educativa. ¿En dónde está ubicado el cuerpo docente que tiene un mayor nivel de preparación, competencias y habilidades blandas pedagógicas? ¿Hacia dónde se deben dirigir los recursos en materia educativa? ¿En dónde se deben centrar y desarrollar las mejores estrategias para combatir la deserción? ¿En qué zonas estamos condenando a nuestra niñez a la pobreza y a la exclusión? ¿Se está propiciando un sistema de zonas VIP con relación a la asignación de docentes, lo cual a la vez vulnera las posibilidades y oportunidades de quiénes están en los niveles más bajos? ¿Se ahonda y ensancha la brecha entre la centralidad y la ruralidad? ¿Se vislumbra y atiende en forma oportuna, eficaz y eficiente la exclusión estructural e institucional? Estas son, entre otras, una serie de preguntas que se contestan correctamente con la información que se desprende de esta valiosísima herramienta. Ahora bien: lo que prosigue es la toma de decisiones que deben hacer las autoridades educativas sin embargo, son decisiones que estamos esperando hace más de diez años y aún no se concretan.
- El desempleo en el segundo semestre del 2020 ronda el 26% de la población económicamente activa que busca una oportunidad laboral, empero, este ha sido un reto que el país no ha logrado resolver desde hace muchos años. La solución no está relacionada solo con la calidad del empleo sino en la cantidad de oportunidades laborales, especialmente para las personas jóvenes y las mujeres. Una deuda que el país no ha podido resarcir y que desmotiva a las personas jóvenes a emprender una educación formal.
- La conectividad es un derecho humano y una herramienta central en la educación moderna si queremos cerrar las brechas educativas. No obstante, según publicación del Semanario Universidad del 4 de noviembre de 2020 con relación a la comparecencia de la Ministra de Educación ante la Asamblea Legislativa, esta señala que hay alrededor de 324.000 estudiantes que no tienen conexión a Internet para llevar sus clases en tiempos de pandemia y nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet. Esta es una realidad que ha excluido del sistema educativo a una cantidad mayor de estudiantes que los previstos por la autoridad educativa. Mientras tanto, los recursos no son ejecutados por las instituciones responsables de brindar acceso seguro y efectivo en las zonas más desprotegidas. Esta es una perversidad del sistema, que favorece a las personas de mayores recursos y excluye a quienes necesitan una oportunidad educativa para salir de la pobreza y la vulnerabilidad social. Es un hecho grave y reprochable el cercenarle el futuro a una generación de personas por falta de voluntad política y de acciones concretas en materia educativa.
La deserción educativa se ha considerado un banco de tres patas: los problemas que acontecen en núcleos familiares, la débil institucionalidad y las carencias que demuestran las personas, sean materiales o intelectuales cuando se enfrentan al reto de mantenerse dentro de un sistema formal de educación. Estas tres patas sostienen el banco e incluso con sólo dos de ellas y un buen equilibrio, el mismo se sostiene en cierto modo, lo cual es lamentable por cuanto cada una de ellas requiere un hachazo de raíz y lo sabemos. Hay una ineludible responsabilidad social que tenemos todos los actores sociales, económicos y políticos que debe ser puesta en la palestra para un análisis profundo de la situación actual y una coherente, pronta y asertiva acción.
El derecho a la educación debe trascender el discurso y pasar a la acción, la visión y voluntad política deben centrarse en el bien común. Abrir la puerta de verdad, es una tarea urgente. Ese derecho debe cobijar a todas las personas sin distingo de edad ni condición social; la visión debe ser amplia, diversa y consensuada para que logre los objetivos de inclusión que se esperan en una sociedad. Es una obligación institucional abrir la puerta de la educación, que es la misma puerta que se abre para un progreso equitativo, inclusivo y con oportunidades de desarrollo humano para toda la población.
