La fuerza de los prejuicios sociales hace que más mujeres que hombres avalen mitos sobre violencia de género que justifican el femicidio.
De acuerdo con datos del Poder Judicial, 32 mujeres han muerto en Costa Rica por homicidio durante este año por condiciones de género, o sea víctimas mortales de violencia doméstica.
La ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Alejandra Mora, hizo un llamado a la reflexión para notar que el derecho a la vida de la mujer aún es un tema pendiente, enfatizando que “no es aceptable se justifique la conducta de los femicidas con alusiones a los celos, al “crimen pasional”, a la culpabilidad de las mismas víctimas, convirtiéndolas en razones válidas y comprensibles”.
En un hecho que, a primera vista, resulta sorprendente, más mujeres que hombres, en Costa Rica, avalan diversos mitos, referidos a la violencia de género, que pretenden justificar variadas formas de agresión, en particular el femicidio.
La explicación radica, en buena medida, en la fuerza de los prejuicios sociales –incluido el equivocado enfoque de que la violencia contra las mujeres forma parte de la naturalmente imperante cultura patriarcal-.
Datos contenidos en el Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, presentado, al final de julio de este año, por el estatal Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), reflejan la distorsionada visión mayoritariamente femenina del problema.
“Perdió el control”
En el cuarto de sus seis capítulos, titulado “El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: la discriminación cotidiana”, se incluyó una tabla de datos sobre “Porcentajes de respuesta en relación con los mitos sobre las causas del femicidio”.
Las personas entrevistadas por la Unidad de Investigación del Inamu –que realizó las encuestas para el estudio, y produjo el documento- avalaron seis visiones justificadoras de ese delito.
La excusa de que “un hombre comete femicidio porque pierde el control” fue avalada por 82.7 por ciento de mujeres frente a 79.8 por ciento de hombres, mientras que la explicación de que “las drogas y el consumo de alcohol son causantes de los femicidios” fue aceptada en proporciones más parejas –respectivamente, 82.7 y 81.3 por ciento-.
A continuación, apareció la afirmación de que “los hombres cometen femicidio porque les dan ataques de celos” (73.6 por ciento de mujeres y 71.5 por ciento de hombres), seguida por la visión –avalada en proporciones casi iguales- de que “los hombres asesinan a sus compañeras o sus esposas porque estas les son infieles” (68.4 y 67.5 por ciento, respectivamente).
En las entrevistas, también surgieron los planteamientos de que “un hombre comete femicidio porque es un enfermo mental” (66.3 y 60.4), y, en menor proporción –aunque altamente preocupante-, que “se puede entender que un hombre cometa femicidio cuando una mujer lo rechaza” (29.9 y 28.3).
La visión de la mayoría de personas encuestadas –mujeres y hombres- no solamente avala ese componente de la violencia de género sino que carga, a las víctimas, con la responsabilidad de la comisión de ese crimen.
Violencia simbólica
Al respecto, Adina Castro, abogada integrante del equipo técnico del Area de Violencia de Género del Inamu, explicó, en diálogo con Petra, que se trata de un efecto de lo que describió como violencia simbólica.
Este fenómeno responde a patrones culturales de tipo machista, en cuyo contexto la subordinación de las mujeres no es siquiera objeto de reflexión sino que se asume como algo natural, señaló Castro.
“El efecto de esa violencia es que, la misma persona oprimida, justifica la opresión que se hace en su contra, y, entonces, empieza a creer que la forma en que esa opresión no se produzca es haciendo cosas” tales como asumir una actitud de subordinación, agregó.
Ello explica el hecho de que “haya, digamos, mujeres que justifican la violencia, no sólo en contra de otras sino en su propia contra”, precisó.
“Entonces, no nos damos cuenta que estamos ubicando la responsabilidad en quien no la tiene, que es la propia víctima, y se deja de responsabilizar a quien realiza la conducta violenta”, advirtió.
En el marco de “la violencia simbólica (…) el oprimido logra sentirse menos oprimido cuando se pone del lado del opresor”, aseguró.
De acuerdo con lo indicado en el estudio del Inamu, en Costa Rica, nación centroamericana donde las mujeres son algo más de 50 por ciento de la población total –la que está apenas por encima de 4.7 millones-, se haya avanzado en materia de legislación preventiva de la violencia de género, lo mismo que para atención y protección a las víctimas.
“No obstante, aun cuando la normativa pueda considerarse de avanzada existen dificultades para su efectividad”, advirtió el instituto que tiene rango ministerial.
“Los mecanismos de acceso a la justicia de las mujeres requieren seguir siendo reforzados para que sean eficaces y eficientes en todos los casos”, algo que “implica no sólo la promulgación de legislación acorde con los compromisos internacionales del Estado en la materia”, señaló.
También requiere “que sus beneficiarias entiendan los procesos judiciales en los que son parte, los alcances y restricciones de los mismos, y las razones por las que se condena o no a sus victimarios, por ejemplo”, agregó.
Discriminación sustenta la violencia
El Inamu advirtió, además, que “la violencia contra las mujeres no sería posible si no existiera un entramado social basado en la desigualdad y la discriminación que la avale y sustente”.
“El orden social de género justifica, valida y reproduce las distintas formas de violencia, aun de forma imperceptible, a través de los estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, lo malo y lo bueno, lo aceptable y lo no aceptable para hombres y mujeres”, explicó.
“Estos estereotipos dictan la pauta para lo que socialmente se concibe posible o no, y sobre ellos se ha construido históricamente el entramado ideológico que sustenta la violencia contra las mujeres”, señaló el Inamu, a continuación.
En ese sentido, de acuerdo con la institución, “reforzar el cambio cultural resulta imperante, pues las acciones legislativas o políticas que se tomen para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia no serán efectivas a menos que socialmente se reconozcan los alcances e implicaciones de este derecho, y se modifiquen los patrones socio culturales que impiden su disfrute pleno”.
El instituto precisó que “esto incluye fomentar la autonomía económica y el empoderamiento personal de las mujeres, para permitirles romper con el ciclo de la violencia, sin ser condenadas por ello a la pobreza o el señalamiento social”.
Costa Rica -donde los femicidios pasaron de 25 en 2003, para subir a 39 en 2009, y dispararse a 42 en 2011, habiendo drásticamente bajado a 29 en 2012 y a 18 al año siguiente-, cuenta, además de legislación específica -que sanciona, como delito, la agresión a las mujeres-, con un mecanismo multisectorial para atender la violencia de género, y otro, enfocado en los agresores.
En el primer caso, se trata del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra las Mujeres, que constituye una instancia de concertación, coordinación, deliberación, y evaluación, en la que participan el Inamu y una veintena de entidades estatales y no gubernamentales.
El sistema debe promover políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la legislación nacional en la materia así como de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense.
También debe, puntualmente, apoyar a las víctimas, mediante acción integral que les permita recuperarse y reconstruir su vida.
En el segundo caso, el mecanismo es el Sistema de Acreditación de Programas de Atención para Ofensores (Sapao), que apunta al registro, en el Area de Violencia de Género del Inamu, de instituciones estatales y organizaciones privadas que desarrollen programas para atender a los agresores sentenciados, con miras a su rehabilitación.
