Millones de mujeres y niñas de todo Estados Unidos han sufrido un alarmante deterioro del acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, tras la anulación del derecho constitucional al aborto

Expertos independientes en materia de derechos humanos, quienes se desempeñan en el ámbito de Naciones Unidas advirtieron que la prohibición del aborto, impuesta, hace casi un año, por la Corte Suprema de Estados Unidos, coloca, a millones de mujeres y niñas, en situación de riesgo, en ese país.

Ello, entre otras causas, por la negativa afectación que registra el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva, para un considerable sector de la población femenina estadounidense, plantearon los expertos, en la declaración que emitieron el 2 de junio.

También ha generado riesgo a la seguridad de personal médico y sanitario especializado en el procedimiento, a causa de amenazas, señalaron los especialistas cuyo campo institucional de acción es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo con sede en la ciudad suiza de Ginebra.

La decisión -aprobada, el 24 de junio de 2022, por la mayoría conservadora del máximo tribunal judicial de Estados Unidos- es violatoria de las garantías individuales, aseguraron los doce especialistas -incluidas ocho mujeres-, de diversas nacionalidades, en el texto cuyo contenido fue dado a conocer por la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

“Millones de mujeres y niñas de todo Estados Unidos han sufrido un alarmante deterioro del acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular el derecho constitucional al aborto en junio de 2022”, planteó el grupo.

“Desde principios de año (2023), el aborto ha sido prohibido en 14 (de los 50) estados del país, y las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo han repercutido en todo el sistema legal y político”, aseguraron.

“La posición regresiva adoptada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos (…) al desmantelar esencialmente 50 años de precedentes que protegían el derecho al aborto en el país, pone en grave peligro a millones de mujeres y niñas”, denunciaron.

Por lo tanto, la decisión “viola el derecho internacional de los derechos fundamentales”, agregaron.

“Las prohibiciones han hecho que los servicios de aborto sean en gran medida inaccesibles y han negado a mujeres y niñas sus derechos humanos fundamentales a una atención integral de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva”, precisaron.

“Esto podría dar lugar a violaciones de los derechos de las mujeres a la intimidad, la integridad y la autonomía corporales, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias, la igualdad y la no discriminación, y el derecho a no sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y violencia de género”, plantearon.

“Las mujeres y niñas en situaciones desfavorecidas se ven afectadas de forma desproporcionada por estas prohibiciones”, puntualizaron, además.

Al respecto, Oacnudh aclaró que los expertos “se refieren a mujeres y niñas de comunidades marginadas, minorías raciales y étnicas, migrantes, con discapacidad, o que viven con bajos ingresos, en relaciones abusivas o en zonas rurales”.

El grupo también denunció el riesgo, en materia de seguridad personal, en el cual se encuentran médicos y otros integrantes de personal sanitario especializados en aborto, a causa de amenazas.

Ello ha implicado que, aún en estados en los cuales el procedimiento se mantiene legal, clínicas especializadas se han abstenido de proporcionar servicios en ese campo, indicaron, además, los especialistas.

“Estamos especialmente alarmados por las crecientes denuncias de amenazas contra la vida de prestadores de servicios de aborto en todo el país”, expresaron.

Asimismo, revelaron que la decisión de la corte tiene “un efecto amedrentador sobre los médicos y el personal sanitario, que podrían enfrentarse a consecuencias legales por sus decisiones asistenciales, incluidas las relativas a abortos médicamente necesarios o que salvan vidas, o a la extracción de tejido fetal de mujeres con abortos incompletos”.

«Incluso en los casos en que los médicos determinan que el aborto puede seguir adelante, se encuentran con dificultades para reunir un equipo completo, ante la reticencia de otros profesionales sanitarios”, señalaron.

«Es especialmente alarmante que algunas clínicas se estén absteniendo de prestar servicios relacionados con el aborto, incluso en Estados donde sigue siendo legal», señalaron.

Por otra parte, “la amenaza de criminalización en muchos Estados ha disuadido a mujeres y niñas de acudir al sistema de salud y buscar atención prenatal”, denunciaron, además.

“Es especialmente alarmante que algunas clínicas se estén absteniendo de prestar servicios relacionados con el aborto, incluso en Estados donde sigue siendo legal», señalaron.

“Las prohibiciones estatales han ido acompañadas de una erosión constante y rápida del derecho a la intimidad, ya que la policía y otros investigadores criminales se basan cada vez más en los datos para rastrear a quienes solicitan abortos o a quienes los ayudan e instigan”, informaron.

A continuación, revelaron la violación a los derechos humanos generada por el contexto de autoritarismo en el cual “gran parte de estos datos son accesibles sin orden judicial”.

En tal contexto, “instamos tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales a que actúen para invertir la retórica regresiva que se filtra a través del sistema legislativo, y promulguen medidas positivas para garantizar el acceso al aborto legal y seguro”, plantearon.

En una acción que generó un masivo sentimiento de ira -en la población pro choice (pro decisión)-, y euforia en el campo conservador (pro vida), la corte Suprema de Estados Unidos (Supreme Court of the United States, Scotus) eliminó el derecho al aborto

En un voto dividido 6-3, el tribunal decidió anular el fallo -sin precedente- que ese tribunal emitió, el 22 de enero de 1973, cuando estableció -por mayoría de 7 a 2- el derecho constitucional federal (nacional) a la interrupción del embarazo -en el caso conocido como “Roe versus Wade”-.

La mayoría actual planteó, como base para su controversial sentencia, que ese derecho -reconocido hace medio siglo- no existe, y que, por lo tanto, cada uno de los cincuenta estados debe determinar si, en su específica jurisdicción, será reconocido.

La votación favorable estuvo a cargo de los magistrados Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas, además del presidente de la Scotus, John Roberts quien, no obstante su posición, señaló que lo ideal habría sido prohibirvel aborto después de la semana 15.

La posición en disenso fue mantenida por Stephen Breyer, Elena Kagan, Sonia Sotomayor.

Al retirarse del tribunal, Breyer fue reemplazado, el 30 de junio de 2022, por Ketanji Brown -nominada por el actual presidente estadounidense, Joe Biden-, quien se convirtió, así, en la primera afroestadounidense incorporada a la corte.

Entre los argumentos a favor del fallo, el bloque conservador planteó que “la Constitución no hace referencia al aborto, y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, que el fallo del ‘73 fue “terriblemente equivocado, desde el principio”, y que estuvo “lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto”.

“Terminamos esta opinión donde comenzamos”, aseguraron, además, para afirmar que “el aborto presenta una profunda cuestión moral”.

En la opinión divergente que emitieron, conjuntamente, los tres magistrados en minoría expresaron que “nosotros disentimos”.

Ello, “con tristeza, por esta Corte, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental”.

Al referirse al tema, en la Casa Blanca, inmediatamente después de conocida la votación, el presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que, el nuevo fallo significa un salto atrás de un siglo y medio en la historia nacional.

“La corte estableció, como razonamiento, leyes, de los estados, que criminalizan el aborto y que datan de los 1800s: la corte, literalmente, llevando, a Estados Unidos, 150 años hacia atrás”, denunció, en un mensaje al país.

“La salud y la vida de las mujeres de nuestra nación están, ahora, en riesgo», advirtió, por momentos molesto, por momentos emotivo.

Además, a manera de denuncia, llamó a sus compatriotas a que “no se equivoquen: esta decisión es la culminación de un deliberado esfuerzo, de décadas, para alterar el equilibrio de nuestra legalidad”.

Foto: KoolShooters