Las mujeres deben decidir libremente en materia de embarazo, y es imprescindible que su opción sea respetada

Los estados, a nivel mundial, deben legislar e implementar políticas que apoyen el pleno ejercicio del derecho a salud sexual y reproductiva, por parte de la población femenina, plantearon expertos internacionales.

Ello incluye acceso a aborto seguro, plantearon, en una declaración que dieron a conocer el 23 de setiembre, en el marco de dos conmemoraciones: el Día Mundial de la Anticoncepción y el Día Internacional del Aborto Seguro (respectivamente, el 26 y el 28 de setiembre).

Las mujeres y las niñas deben decidir, libremente, en materia de embarazo, y es imprescindible que su opción sea respetada, agregaron los firmantes del texto -tres relatores independientes de Naciones Unidas, y un grupo de trabajo de la organización mundial especializado en la defensa de los derechos humanos-.

La negación del acceso a la salud sexual y reproductiva, constituye un acto de discriminación, advirtieron, además, los especialistas -la sudafricana Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre derecho a la salud; la jordana Reem Alsalem, relatora especial sobre violencia contra las mujeres y las niñas; el costarricense Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género-.

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la Discriminación de las Mujeres y las Niñas también adhirió a la declaración.

Al informar sobre el documento, Noticias ONU -la agencia informativa de Naciones Unidas- indicó que el texto incluye cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según las cuales casi 40 mil mujeres fallecen, por año, a causa de ausencia de servicios en el campo del aborto seguro.

En ese sentido, la declaración incluyó una exhortación, a los estados, “a priorizar los derechos a la salud sexual y reproductiva”.

Los firmantes también los llamaron “a adoptar legislaciones, políticas y decisiones que aseguren, a las mujeres y niñas, el pleno ejercicio de su derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva y a servicios sanitarios -incluido el aborto seguro-, sin temor a la intimidación, el estigma o la penalización, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Los expertos destacaron, asimismo, que “las leyes de derechos humanos estipulan que las mujeres deben ser libres de decidir cuándo quedar embarazadas, cuántos hijos tener y cómo espaciar los embarazos”.

Se trata del ejercicio de una facultad inalienable, según lo planteado en la declaración de los relatores y el equipo de trabajo.

Al garantizarla, “los Estados deben respetar la capacidad de las mujeres y las niñas para la toma de decisiones autónomas, y no limitar el acceso a los anticonceptivos a la obtención de la autorización de los esposos, parejas o padres”, precisaron los firmantes.

Por otra parte, en este campo, es igualmente imprescindible el respeto a la población sexualmente diversa, puntualizaron.

Sobre este tema, indicaron que “las estrategias de salud sexual y reproductiva deben tener en cuenta las necesidades de las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres trans y todas las personas de género diverso para quienes son relevantes”.

De igual manera, determinaron la culpabilidad estatal en lo que tiene que ver con violación de derechos humanos como resultado de conductas oficiales omisas en cuanto a las garantías fundamentales de la población femenina.

En tales casos, resulta obligatorio que actos de esa índole sean causa para investigación, procesamiento penal, y sanción, aclararon.

El respeto al derecho de la población femenina a la opción en esta materia de embarazo, es inseparable del ejercicio pleno de las garantías fundamentales, como también lo es de la búsqueda del objetivo de equidad, plantearon.

Sobre ese tema, aseguraron que “el pleno disfrute de las garantías de salud sexual y reproductiva es indispensable para que las mujeres y las niñas puedan ejercer todos los demás derechos humanos, y para lograr la igualdad de género”.

Por lo tanto, “las leyes y políticas que niegan a las mujeres y las niñas sus derechos de salud sexual y reproductiva, son inherentemente discriminatorias”, advirtieron.

También señalaron “los efectos negativos de las restricciones legales a los anticonceptivos, por motivos ideológicos, y de la interrupción de servicios de salud sexual y reproductiva, debidos a la pandemia de Covid-19, en los grupos de población femenina históricamente discriminados, como las niñas, mujeres negras y afrodescendientes, indígenas, migrantes, refugiadas y desplazadas, entre otros colectivos”.