La presidenta, Xiomara Castro, decretó el libre uso y venta de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia, PAE, y nueve meses después salud pública no la facilita
El uso y la comercialización de la PAE sigue sin materializarse en Honduras, específicamente, en el Sistema de Salud Pública, no obstante la liberalización del medicamento decretada hace nueve meses por la centroizquierdista presidenta Xiomara Castro.
Esto -en un país donde la violencia de género presenta niveles críticos, y los embarazos de adolescentes constituye un alarmante aspecto del machismo agresor- afecta, principalmente, a la mayoría de la población femenina, que carece de los recursos suficientes como para acceder a la medicina privada.
La firma del decreto, el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer-, generó expectativa entre la mayoría de las hondureñas -quienes, según el Banco Mundial, constituyen, globalmente, un 49.5 de la población nacional, estimada en algo más de 10.4 millones-, no obstante el hecho de que el ministro de Salud, José Manuel Matheu -cofirmante del decreto, junto con Castro- es contrario a la medida.
De acuerdo con versiones periodística conocidas entonces, Matheu expresó, en 2022, oposición a permitir acceso universal a la PAE.
En ese momento, aseveró que el medicamento sería usado solamente en casos de violencia sexual.
También afirmó -en una tergiversación machista de la situación, que “no vamos a promover la píldora del día después como para que haya un desenfreno sexual”.
La decisión de Castro -la primera mujer que desempeña la presidencia de Honduras- generó aprobación del sector feminista defensor de los derechos de las mujeres, lo mismo que críticas de filas conservadoras -incluidas algunas parlamentarias-.
Al informar, el 9 de diciembre, sobre la omisión del Sistema de Salud Pública, el periódico digital local Criterio.hn, citó declaraciones de activistas en el feminismo hondureño, a quienes preocupa la reticencia de las autoridades sanitarias en cuanto a dar cumplimiento al decreto.
Respecto a la crisis en materia de violencia machista -particularmente el abuso sexual-, el medio de comunicación informó que, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (United Nations Population Fund, Unfpa), para 2021, “en Honduras, uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años.
También indicó que “en 2021, la tasa de embarazos en adolescentes, alcanzo 89 por cada 1,000 niñas de entre 15 a 19 años”.
Al analizar la irresponsabilidad del sistema de salud del país centroamericano, la vocera del Grupo Estratégico por las Pae (GE Pae), Jinna Rosales, planteó que resulta lamentable el hecho de que, “pese a que la PAE ya tiene un registro sanitario, en el Sistema de Salud Pública, todavía non se cuenta la píldora”.
“Es el sistema público, el que puede responder ante la demanda de muchas hondureñas -adolescentes y jóvenes-, para tener acceso a la PAE”, agregó.
“La PAE es un método de anticonceptivo de emergencia, que las mujeres pueden utilizar luego de haber tenido una relación sexual sin protección, o incluso en casos de violencia sexual, y evitar, con ello, un embarazo (no deseado)”, explicó.
“Tenemos la liberación de la Pae, pero no la tenemos disponible, de manera gratuita, en Salud Pública”, reafirmó.
Criterio.hn informó, asimismo, que “actualmente, no se tienen datos concretos sobre el número de mujeres que están accediendo al método anticonceptivo de emergencia, una situación que se vuelve más compleja en las zonas rurales del país”.
Panorama rural
Al respecto, la coordinadora del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer campesina (Codimca), Yasmin López, señaló que, “en las zonas rurales, las mujeres campesinas todavía tienen miedo de buscar la PAE, debido a las campañas de desinformación que se genera, y que limitan el acceso (al medicamento)”.
López dijo que las integrantes de Codimca, “en ese sentido (…) están desarrollando trabajos formativos e informáticos, para que las mujeres campesinas conozcan sobre sus derechos sexuales y reproductivos”.
Sin embargo, “para que a las mujeres se les pueda reconocer sus derechos, hay retos que enfrentan a diario, en ese sentido”, planteó, a continuación.
“El principal reto, es el sistema, que es opresor”, agregó.
En ese sentido, denunció “la influencia que generan los grupos fundamentalistas religiosos”, a lo que se suma el desafío adicional de que “hay mujeres que no saben leer ni escribir”.
En cuanto al complejo panorama rural, Rosales vaticinó, como advertencia, que “el acceso a la PAE, en los lugares más recónditos (…) llevará mucho tiempo, debido a que no se observa el interés del Sistema de Salud Pública” en ese sentido.
Sobre ese aspecto, López planteó que, “para nosotras, los procesos formativos son importantes para lograr el empoderamiento de las mujeres, y, además, crear conciencia sobre el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva”.
Al coincidir con esa línea de análisis, Rosales amplió el concepto, al subrayar que “hace falta el desarrollo de procesos integrales en los tres poderes del Estado, para pasar al siguiente paso: la sensibilización sobre las diferentes violencias que enfrentan las mujeres”.
“Hasta la fecha, no hay una respuesta gubernamental para atender las múltiples violencias que enfrentan las mujeres y niñas”, puntualizó.
En la visión de Rosales, existe el muy real riesgo de perpetuar los embarazos de niñas y adolescentes, en el caso “de no aplicarse medidas integrales con enfoque de género, ni garantizar el acceso gratuito a las mujeres hondureñas, ni implementar educación sexual integral”.
En referencia a esa dramática situación, citadas en una nota informativa que Criterio.hn difundió, el 30 de junio de 2022, especialistas en la materia y dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, denunciaron que el promedio de maternidad en niñas y adolescentes, en Honduras, es de sesenta y tres casos diarios.
El rango etario abarca de nueve a catorce años, de acuerdo con los datos proporcionados por las expertas, quienes aseguraron que las cifras revelan absoluta ausencia de interés, por parte del Estado, en corregir la situación.
Al respecto, en un informe que dio a conocer, también en junio de 2022, el Observatorio de Derecho Humanos de las Mujeres, perteneciente al no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres (CDM), reveló que, en materia de violencia de género, a nivel nacional, cada tres horas, una adulta o una menor denuncia que fue víctima de agresión sexual.
Regina Fonseca, dirigente del CDM, precisó, en ese momento, que “las niñas viven una infancia interrumpida, en Honduras”, ya que, “en muchos de los casos, tras sufrir violación sexual estando en pleno desarrollo se convierten en madres, teniendo que abandonar sus estudios y su aprendizaje, para dedicarse a la maternidad obligada”.
“En promedio, 63 niñas y adolescentes se convierten en madres cada día en Honduras, y, diariamente, al menos tres, entre los 9 y 14 años de edad se convierten en madres, por violación”, puntualizó, además.
“Entre los 10 y 14 años, 920 niñas dieron a luz en los hospitales públicos de Honduras en 2021”, reveló, a continuación.
En opinión que la socióloga y dirigente feminista Nessa Medina expresó, también el año pasado, “el problema es que el abuso -o la agresión sexual- está tan ‘normalizado’, en la sociedad hondureña, que esto se ha convertido en una cadena difícil de romper”.
Foto: Cottonbro studio
