Alrededor de 12,800 hondureñas que se vieron obligadas a migrar irregularmente, han regresado a su país de origen
Respaldadas, para su reinserción social, por dos agencias especializadas de Naciones Unidas y el gobierno de Canadá, alrededor de 12,800 hondureñas -adultas y menores- quienes se vieron obligadas a migrar irregularmente, han regresado a su país de origen
Según datos gubernamentales citados por Noticias ONU -la agencia informativa de la organización mundial-, ese contingente constituyó un 26 por ciento del total de personas retornadas en el primer semestre de este año, frente al 17 por ciento que correspondió a 2021.
“Es decir, cada vez más mujeres y niñas vuelven al país”, señaló Noticias ONU en el artículo que, sobre el tema, difundió el 15 de julio.
“Para atender a este colectivo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con apoyo del gobierno de Canadá, desarrollaron un proyecto regional que implementará a partir de este año y hasta 2026”, informó.
La iniciativa apunta a “mejorar el bienestar de las mujeres y niñas afectadas por la migración irregular y el desplazamiento forzado en Honduras y los otros países del norte de Centroamérica”, indicó, a continuación.
La agencia informativa internacional hizo, así, referencia a El Salvador, Guatemala, y Honduras, las naciones que integran el Triángulo Norte de Centroamérica -sector considerado como una de las regiones más violentas, a nivel mundial-.
Debido, principalmente al accionar de las criminales pandillas conocidas como maras, así como también a la masificada pobreza, y a la falta de oportunidades, decenas de miles de nacionales de esos tres países -incluidas mujeres, algunas de ellas embarazadas, y menores- se ven obligados a abandonar sus lugares de origen.
El constante peligro que plantean las maras, consiste, entre otros componentes, en el reclutamiento de menores y adolescentes -varones, para convertirse en mareros, niñas, para acompañamiento sexual y para integrarse como pandilleras-, en la apropiación de viviendas mediante la expulsión de sus ocupantes legales, en constante extorsión monetaria, en situaciones de violencia de género -en el caso del componente femenino (adultas, menores, adolescentes)-.
Tal cuadro de situación obliga a personas, individualmente o en grupos de amigos, lo mismo que a familias, a emigrar, vía terrestre, hacia Estados Unidos, siguiendo un recorrido de aproximadamente cuatro mil kilómetros -la mayor parte del trayecto, en territorio mexicano-, combinando marcha y uso de diferentes medios de transporte -principalmente autobuses, camiones, o ferrocarril de carga-.
La ruta presenta diferentes riesgos, desde cobro de “mordidas” (sobornos) por parte de autoridades migratorias, policiales y militares, hasta secuestro -principalmente de mujeres y niñas- por estructuras de trata de personas lo mismo que de tráfico de drogas.
La desesperación de algunas familias es tal -ante la situación de inseguridad en sus comunidades- que, en numerosos casos, ante la imposibilidad de reunir el dinero para pagar a “gavilanes” (guías durante la ruta hacia Estados Unidos), optan por enviar a menores -niñas y niños-, sin acompañante adulto, para evitar que sean reclutados por alguna mara.
Respecto al fenómeno de retorno de migrantes forzados -principalmente mujeres y niñas-, a Honduras, Noticias ONU relató que OIM y Acnur “señalaron que, además de las mujeres retornadas, hay mucha población femenina afectada por la violencia de género y de los grupos criminales”.
“Dicha violencia -que incluye feminicidios, crímenes de odio y reclutamiento forzado de niñas y adolescentes por las estructuras criminales- genera desplazamiento forzado en Honduras, sobre todo entre las mujeres”, planteó, a continuación.
“Según los datos más recientes de desplazamiento por violencia en ese país, las mujeres son un 10% más que los hombres desarraigados”, precisó.
Ante ello, surge, ahora, la iniciativa OIM-Acnur-Canadá, indicó el medio de comunicación de Naciones Unidas.
“El nuevo proyecto contempla actividades relacionadas con la movilidad humana, justicia, desarrollo social, derechos humanos, salud, equidad de género, niñez y adolescencia, estadística poblacional, cultura y trabajo”, precisó.
“La OIM y ACNUR explicaron que todas estas iniciativas se ajustan a las prioridades nacionales de los países y al Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales, al igual que al Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”, informó.
De acuerdo con la definición oficial, en el sitio de Acnur en Internet, el Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales (Mirps) -que data de 2016- “apoya a los Estados en la implementación de sus compromisos, al tiempo que identifica y aborda los vacíos remanentes a través de respuestas integradas que involucran un amplio rango de partes interesadas, y moviliza recursos adicionales para la implementación”.
En cuanto al Pacto Mundial sobre Refugiados -vigente desde 2018-, Acnur explica que “es un marco para una distribución previsible y equitativa de la carga y la responsabilidad, reconociendo que una solución sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional”.
Además, “proporciona un plan para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas aseguren que las comunidades locales obtengan el apoyo que necesitan y que las personas refugiadas puedan llevar vidas productivas”.
En cuanto al pacto migratorio -adoptado en 2018 por una conferencia intergubernamental sobre el tema-, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), describe, también en su sitio en Internet, que se trata de un convenio entre cuyos principales compromisos figura el de fortalecer la elaboración de políticas en este campo.
Asimismo, reducir, al mínimo, los factores adversos de la migración, incluida la lucha contra la pobreza y la discriminación, además de garantizar los derechos de los inmigrantes a la información y a la identidad legal.
Igualmente, ampliar y diversificar la disponibilidad de vías para una migración segura, ordenada y regular, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los migrantes en situación de vulnerabilidad.
Citado en el artículo informativo de Noticias ONU, el representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis, dijo que “los mecanismos de protección empiezan en las comunidades”.
Por ello, “es crucial fortalecer las capacidades, tanto de las organizaciones comunitarias como del Estado, para que, mujeres, niñas, y personas de la comunidad Lgbtqi+, puedan acceder a mecanismos institucionales de protección, y, así, mitigar los riesgos que, muchas veces, las obliga a huir de sus hogares”, expresó.
Por su parte, el jefe de la Misión de la OIM concurrente para Guatemala y Honduras, Jorge Peraza, dijo que esa organización “tiene el compromiso de apoyar a las mujeres y las niñas en situación de vulnerabilidad, así como a madres adolescentes, jefas de hogar retornadas, y personas LGBTQI+”.
“Buscamos una verdadera transformación en la sociedad hondureña y del norte de Centroamérica, hacia una sociedad donde las mujeres tengan la oportunidad de ser las protagonistas de sus propias vidas”, afirmó.
Noticias ONU precisó que “el proyecto arrancará un fondo de diez millones de dólares e impulsará iniciativas que fortalezcan el enfoque de equidad de género en los procesos de toma de decisión sobre las necesidades de mujeres y niñas migrantes, desplazadas y refugiadas”.
También informó que, “según las (dos) agencias, las actividades del proyecto ayudarán a mejorar las condiciones de vida de una 5000 mujeres y niñas en el norte de Centroamérica, además de cambiar progresivamente las condiciones de vida de unas 5000 mujeres y niñas en el norte de Centroamérica”.
Ello, “además de cambiar progresivamente las condiciones que perpetúan la discriminación, la desigualdad de género y la falta de respeto a los derechos de las mujeres y las niñas en situación de movilidad”, agregó.
Foto: Vanessa Loring
