Más de cien organizaciones locales, regionales e internacionales denunciaron el aumento de acciones de agresión de género, principalmente en el ámbito electrónico, en contra de las defensoras de derechos humanos en El Salvador.
Se trata de una situación generada tras la implementación de medidas impuestas por el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en procura de contener las propagación del nuevo coronavirus, causante de la pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19)-, indicaron las agrupaciones, en un extenso comunicado.
Entre esas medidas se destaca la obligada cuarentena que rige desde mediados de marzo, cuando fueron detectados los primeros casos del virus, según señalaron.
Las agresiones contra las defensoras -y también, contras mujeres periodistas- se concreta, además de la vía digital, mediante acciones represivas -con uso excesivo de fuerza- por parte de efectivos lo mismo de la Policía Nacional Civil (PNC) que del Ejército de El Salvador, denunciaron, en el texto de quince párrafos.
Las organizaciones firmantes solicitaron, al gobierno, la implementación de medidas correctivas, y, a las fuerzas de seguridad, que se abstengan de llevar a cabo acciones como las denunciadas.
También plantearon, a las autoridades judiciales salvadoreñas y gubernamentales de derechos humanos, que investiguen los hechos señalados, ya que podría tratarse de delitos.
“Las organizaciones que suscribimos este comunicado denunciamos que tras las medidas decretadas por el gobierno salvadoreño como respuesta a la crisis global de salud provocada por la pandemia de la COVID-19, las agresiones contra organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos en el país se han incrementado de manera notable”, indicaron.
“En especial, aquellas cometidas en el ámbito digital”, lo que “ha generado un entorno violento y hostil para las defensoras y ha dificultado la labor que desempeñan”, precisaron.
Al señalar la priorización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), por parte del gobierno de Bukele, para la difusión de información gubernamental, señalaron que “el presidente también se ha valido de los medios digitales para deslegitimar a quienes critican sus políticas, incluyendo mensajes que desacreditan a organizaciones de derechos humanos y el uso de lenguaje misógino”.
“De acuerdo con los datos del Sistema Regional de Monitoreo de Agresiones Contra Defensoras, tras las medidas tomadas en el contexto de la COVID-19 se ha registrado un incremento de las expresiones y posiciones gubernamentales que ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a aquellas con presencia en medios y redes sociales”, agregaron, para reafirmar que “es especialmente preocupante el incremento de la violencia de género en el espacio digital”.
“Lo anterior, según el registro del Sistema Regional de Monitoreo, ha supuesto un aumento en el número de mujeres defensoras que denuncian acciones de ciber-acoso, difamación, amenazas y descalificaciones públicas”, continuaron planteando, sin proporcionar cifras comparativas.
“Así, defensoras de derechos humanos y periodistas -principalmente aquellas que han denunciado de manera pública presuntas irregularidades o desacuerdos en la gestión gubernamental de la crisis- han expresado ser el blanco de campañas de desprestigio con alto componente de violencia de género”, expresaron.
“Además, señalan que en algunos casos los mensajes provienen de cuentas de redes sociales de funcionarios públicos, personas cercanas al gobierno actual o al partido oficial”, puntualizaron.
Las organizaciones hicieron así alusión a la centroderechista agrupación política Nuevas Ideas, constituida en 2018, a la que pertenece Bukele, un ex integrante del ex guerrillero y ex gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
-con el que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, la capital nacional-.
“Otras de las violaciones de derechos humanos que están siendo denunciadas de manera frecuente en el marco de la pandemia son los abusos de carácter policial y la exclusión de los servicios estatales que garantizan el acceso a derechos básicos”, denunciaron también, para indicar que “las mujeres defensoras no han sido ajenas a estas formas de violencia”.
“El papel fundamental que han venido desarrollado las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos y las garantías constitucionales en el país cobra especial importancia en el marco de la actual pandemia”, aseguraron.
Dado el contexto sociopolítico denunciado, “exigimos a las autoridades salvadoreñas que, de forma inmediata, adopten todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de derechos y el respeto de las garantías constitucionales y de derecho internacional”, expresaron.
Asimismo, en virtud de la importancia del ejercicio de la libertad de expresión, y de la defensa de los derechos humanos, formularon solicitudes puntuales a diferentes autoridades y sectores de la estructura estatal.
“Al Presidente y a funcionarios del Ejecutivo, que se abstengan de publicar mensajes que estigmatizan y ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, así como mensajes que promuevan la discriminación contra las mujeres”, indicaron.
Asimismo, a los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, y de Defensa, “tomar medidas para impedir el uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada”.
Además, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), “investigar prontamente los hechos denunciados por distintas defensoras y periodistas, que podrían configurar delitos”.
Específicamente al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), junto con la PDDH y FGR, “investigar la violencia y discriminación derivada de la defensa de derechos y del ejercicio de la libertad de expresión. así como los casos de detenciones arbitrarias a mujeres, algunas madres de familia, que salen de sus hogares para abastecerse de comida y medicinas, y cuyos menores se encuentran en una situación vulnerable al no tener a sus cuidadoras primarias en sus hogares”.
También plantearon la necesidad de que la fuerza policial “responda a sus obligaciones en el marco de esta crisis con estricto apego a los derechos humanos, con perspectiva de género y teniendo en cuenta que el trabajo de cuidado, defensa y protección comunitaria en situaciones de crisis, es usualmente liderado por mujeres”.
Las agrupaciones firmantes del comunicado formularon, igualmente, una solicitud, a los organismos internacionales de derechos humanos, para que se mantengan vigilantes frente a los hechos denunciados, los que describieron como “graves vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en El Salvador”.
En términos generales, la violencia de género es un fenómeno que presenta diferentes manifestaciones, desde el femicidio -la más brutal- hasta la agresión en redes sociales
-esencialmente, con publicaciones denigrantes-, además de agresión sexual y desaparición, de acuerdo con lo denunciado por organizaciones de derechos humanos.
