Los matrimonios y las uniones infantiles, tempranos, y forzados (Muitf) involucran, en América Latina y el Caribe, a una de cada cuatro niñas y adolescentes, lo que limita su autonomía y su capacidad para tomar decisiones.
Se trata de una tendencia que ha persistido durante, por lo menos, un cuarto de siglo, y que, de mantenerse, ubicará a esta región como la segunda, a nivel mundial, donde ocurre este fenómeno, advirtió, además, en un informe que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) difundió recientemente.
La situación deriva de los críticos niveles socioeconómicos que esta zona presenta, explicó la agencia especializada de Naciones Unidas.
Los Muitf son violatorios de los derechos humanos, agregó, en el documento de 38 páginas que, dado a conocer en diciembre, denominó “Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados. Prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe”.
“Los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) son una realidad para las niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe: una de cada cuatro contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años”, señaló.
“Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años, y sin acciones e inversiones, América Latina y el Caribe (ALC) tendrá, para el año 2030, el segundo índice más elevado de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África Subsahariana”, vaticinó.
Se trata de “fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas, limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes”, aseguró, a continuación.
Además, son causa y consecuencia de una limitada autonomía física y económica, así como de restricción en la toma de decisiones, para las mujeres, y afectan, de manera desproporcionada, a niñas y adolescentes de zonas rurales, en hogares en situación de pobreza, y con escaso acceso a educación, aseguró la Cepal, entidad que, fundada en 1948, tiene sede en Santiago, la capital chilena.
Al definir los Muitf como un componente tóxico que es necesario visibilizar, la comisión planteó que constituyen “un factor que detona y profundiza las desigualdades de género para niñas y adolescentes”.
Conceptualmente, “constituyen una violación de los derechos humanos y son considerados una práctica nociva que pone en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes”, aseguró la entidad, en el estudio realizado por el Grupo de Trabajo de su Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe.
En este sentido, citó una resolución adoptada en 2015, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En ese texto, el organismo determinó que “el matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación, un abuso o un menoscabo de los derechos humanos”.
Igualmente, que es “una práctica nociva que impide que las personas lleven una vida sin ninguna forma de violencia, y que tiene consecuencias múltiples y negativas para el disfrute de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación y el derecho al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva”.
Entre las conclusiones contenidas en el último de los cuatro capítulos del estudio, la Cepal advirtió que “los MUITF no sólo ponen a las niñas y adolescentes en riesgo de mayores expresiones de violencia, sino que también estar casada o en unión antes de los 18 años, aumenta la probabilidad de que una niña experimente violencia de pareja durante el transcurso de su vida”.
Además “aumentan la probabilidad de que las niñas tengan un número mayor de hijos, que aquellas que se casan más tarde, además de tener intervalos más cortos entre embarazos”, planteó, para agregar que “el embarazo en las niñas tiene mayores riesgos médicos y psicosociales que en las mujeres adultas, y puede llevar a complicaciones que afectan su salud y las de sus hijos/as”.
Por otra parte, esas uniones privan, a niñas y adolescentes, por igual, de espacios de socialización que permitan su desarrollo pleno, según la Cepal.
También les impiden acceso a redes de apoyo así como a “herramientas para ejercer su ciudadanía, entendida como conocimiento, ejercicio y defensa de derechos”, además de que les imposibilitan acceso a espacios de toma de decisión.
A manera de introducción a una serie de recomendaciones, la entidad regional explicó que, “por su carácter multicausal, los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas requieren de abordajes multiniveles –individual, familiar, comunitario, nacional, regional y global- multisectoriales y multinstitucionales, generando un gran número de desafíos para su prevención y mitigación”.
Entre otras sugerencias, señaló la de “impulsar el compromiso político en la región a través del desarrollo de una perspectiva regional común sobre marcos legales y políticas públicas, basada en los derechos, con una terminología y conceptualización compartida y con un enfoque transformador de género”.
“Los espacios regionales podrían dar impulso al desarrollo de una agenda regional
en la materia, con propuestas de leyes, políticas públicas, programas y protocolos modelo
que asistan a los países en dar respuesta a los MUITF y a otras vulneraciones de los
derechos de niñas y adolescentes”, agregó.
Igualmente, “visibilizar la situación de los MUITF en América Latina y el Caribe como una
vulneración de derechos humanos de niñas y adolescentes en discusiones globales y
resaltar la prevalencia y las características regionales de los MUITF”
“La región va en camino a tener para 2030 la segunda tasa más alta de MUITF después de África Subsahariana”, advirtió.
Por ello, “es imperativo incluirla en las discusiones globales y aumentar la cooperación y el intercambio de experiencias y recursos que puedan acelerar el trabajo para detener su reproducción”.
