La desaparición, al final de marzo, de una defensora de derechos humanos, en el suroeste de México, ha generado reacción dentro y fuera del país, con pronunciamientos, respectivamente, por un grupo de parlamentarios del Reino Unido, y por la organización Amnistía Internacional (AI), de acuerdo con versiones periodísticas mexicanas.
Entretanto, familiares de la víctima, la activista mexicana-británica Claudia Uruchurtu, han denunciado que la defensora fue secuestrada, el 26 de marzo, en vía pública, por un comando paramilitar, en la localidad de Asunción Nochixtlán, en el costero estado de Oaxaca.
Uruchurtu había participado en una manifestación de protesta contra el gobierno municipal, encabezado por Lizbeth Victoria Huerta, presidenta del ayuntamiento local, según versiones periodísticas mexicanas.
El pronunciamiento ciudadano fue provocado, en lo inmediato, por la reciente y severa agresión física, por parte de efectivos de la Policía Municipal, contra un empresario local, y, en términos generales, por actos de corrupción por los que Huerta está formalmente acusada, informaron los medios.
Al reafirmar las denuncias, durante una actividad que llevaron a cabo el 6 de abril, frente a la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo), familiares de la víctima señalaron apatía de las autoridades involucradas en la investigación del caso en cuanto al desarrollo de la búsqueda de Uruchurtu, además de errores técnicos en la indagación del caso.
En ese sentido, Sara Uruchurtu, una de las hermanas de la desaparecida cuestionó la línea de investigación que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (Fgeo) está siguiendo es equivocada, ya que enfoca el caso como una desaparición cometida por particulares.
Al respecto, el diario El Universal explicó, en nota informativa que publicó el 14 de marzo, que, “a diferencia de la desaparición forzada, donde se presume la participación de algún servidor público o agente del Estado, el delito de desaparición cometida por particulares se descarta lo anterior, pero se indaga una desaparición por no contar con elementos para investigar, por ejemplo, un secuestro”.
Al asegurar que la familia no abandonará los esfuerzos por hallar a la activista, Sara advirtió que “no vamos a parar, es nuestra esperanza”, porque “partimos del principio de que mi hermana está viva: la queremos viva”.
En lo que tiene que ver con la cuestionada investigación del caso, dijo, además, que “le exigimos al gobierno de México, al Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), su intervención”.
A raíz de sus denuncias, familiares de Claudia, han sido blanco de amenazas, motivo por el cual la Ddhpo y la comisión Nacional de derechos Humanos (Cndh) les otorgaron el amparo de medidas cautelares -específicamente, las hermanas-.
Al informar, el 13 de abril, sobre esa acción, el diario mexicano Milenio indicó que, “de acuerdo con testimonios de los afectados, desde que comenzaron a exigir justicia y la aparición con vida de la extranjera, han recibido diversas amenazas de muerte, desde llamadas por teléfono y actos de intimidación en sus domicilios”.
Citado por ese medio, Bernardo Rodríguez, presidente de la Ddhpo, indicó, además, que “se ha establecido un proceso de acompañamiento por las amenazas e intimidaciones, en tanto la institución exige a las autoridades de justicia y seguridad que, en la búsqueda de Claudia Uruchurtu, no se victimice a sus familiares ni se violenten sus derechos humanos”.
También señaló que la defensoría exige, a la fiscalía, que “se ciña a los protocolos de búsqueda nacionales e internacionales, que señalan la forma en que debe hacerse la búsqueda en caso de un delito de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada”.
En ese sentido, en una declaración difundida el 15 de abril, la fiscalía aseguró, entre otros puntos, que, “referente a este caso de desaparición, inició las labores de investigación con perspectiva de género para priorizar las necesidades particulares de la víctima y víctimas indirectas desde que tuvo conocimiento del mismo”.
“A la fecha, se han realizado las acciones pertinentes cumpliendo con los protocolos internacionales, adoptados por el Estado Mexicano en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas”, afirmó.
El pronunciamiento fue emitido luego de que la representante de AI en México, Edith Olivares, se dirigió, por carta citada por medios de comunicación, a los gobierno mexicano y de Oaxaca, solicitando el uso de “todas las fuerzas de seguridad estatal y federal”, en la búsqueda de Claudia, y de enfocar las labores, con “perspectiva de género, de forma urgente, expedita y diligente”.
En virtud de la señalada doble nacionalidad -mexicana y británica- de la víctima y sus hermanas, un grupo de parlamentarios del Reino Unido, dirigió, al canciller de ese país, Dominic Raab, una carta en la que exhortó, al gobierno, ayudar en la búsqueda de la activista.
El texto fue promovido por Elizabeth Uruchurtu, radicada en la central ciudad de Sheffield, según informó, el 9 de abril, la British Broadcasting Corporation (BBC), y su redacción fue coordinada por Olivia Blake, parlamentaria representante de ese lugar.
“Por favor, puede dar su completa atención, a Claudia Uruchurtu, y hacer todo lo que pueda para impulsar la búsqueda de Claudia?”, solicitaron los legisladores.
Citada por el medio de comunicación británico, Blake aseguró que, “todos, estamos profundamente preocupados por el paradero de Claudia”.
“Espero que el canciller intervenga, ahora, para generar, internacionalmente, la alarma, y que haga todo lo que pueda, para ayudar a la familia Uruchurtu, asegurando que se encuentre a Claudia”, agregó.
Por su parte, citada el 6 de abril por el oaxaqueño Diario Marca, Haydeé Uruchurtu -otra hermana de la víctima- acusó, a Huerta, de haber cometido el delito de desaparición forzada.
“De acuerdo con su testimonio, su hermana Claudia era parte de un movimiento que denunciaba los actos de corrupción cometidos por la alcaldesa, pero fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad local de esa poblado”, agregó el medio local.
Según versiones periodísticas mexicanas, la jerarca municipal -que es aspirante a la reelección- ha enfrentado cargos por realización de propaganda personal con recursos públicos, desvío de fondos del gobierno local, abuso de autoridad, amenazas, violencia, delitos por los cuales fue denunciada por la activista.
Huerta ha rechazado los señalamientos, atribuyéndolos a campañas de desprestigio para frustrar su aspiración a permanecer en el cargo.
“Dicen que pienses mal y acertarás”, afirmó recientemente, y denunció que viene siendo blanco de amenazas “donde deje la candidatura, donde deje el puesto, o si no, que van a matar a mi familia, que me van a matar a mí”.
En cuanto a la desaparición forzada de su hermana, Haydeé expresó, durante la actividad frente a la sede de la Ddhpo, en una angustiada exhortación a las autoridades involucradas en la investigación: “de la prontitud con la que se realicen las pesquisas, depende la vida de Claudia”.
