Mujeres quienes emprenden migración forzada, desde sus países de origen, y buscan refugio en México, son blanco de la violencia que las persigue a través de fronteras, según lo indicado en una versión periodística que citó un informe sobre el tema.
En ese sentido, son revictimizadas, aseguró la publicación mexicana Reporte Índigo, en la nota informativa que, titulada “Mujeres sufren violencia transnacional”, difundió el 4 de enero.
Sus garantías fundamentales son doblemente violentadas, aseguró el medio de comunicación, al mencionar un estudio elaborado por el no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi), denominado “Análisis de la violencia de género: mujeres solicitantes de protección internacional en México”.
“Las mujeres migrantes que buscan refugio en México sufren una doble violación a sus derechos humanos y una revictimización que va más allá de las fronteras”, planteó Reporte Índigo, en referencia al documento dado a conocer en octubre, por el Imumi.
“El reporte señala que la violencia que sufren las mujeres que pidieron apoyo a su Clínica Jurídica no terminó al salir de su lugar de origen, ya que en ocasiones fueron perseguidas más allá de sus fronteras, lo que en el documento se conceptualiza como transnacionalización de la violencia”, agregó la publicación.
En el último de los seis capítulos del informe –“Conclusiones”- contenido en 27 páginas, el instituto indica que la población estudiada consiste, “primordialmente de una migración joven, cuya edad promedio sobrepasa apenas los 30 años, que han vivido episodios violentos tanto en el país de origen como en el de destino, en donde la violencia física y la psicológica son el principal problema reportado”.
“Adicionalmente, agresiones sexuales, patrimoniales y económicas también estuvieron
presentes en la narrativa de las mujeres, quienes son en su mayoría solicitantes de asilo en México”, señala, a continuación.
Gran parte del flujo migratorio exterior que registra México, se origina en el Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala, Honduras-, y tiene como destino principal a Estados Unidos, aunque una proporción considerable de quienes lo integran, permanece en México.
El Triángulo es considerado como una de las regiones más violentas a nivel mundial, realidad que golpea, con particular fuerza, a la población femenina -lo mismo adultas que menores de edad- de los respectivos países.
El contexto de origen, relatado por las víctimas, está “combinado con las distintas violaciones, incluidas las vinculadas a la discriminación y la xenofobia de las autoridades y sociedad de acogida en general”, por lo que “obstaculiza en gran medida el proyecto migratorio de las personas”, indica el instituto mexicano.
En ese cuadro de situación, las redes de migrantes “resultan de suma relevancia para el cumplimiento de los objetivos de quienes migran”, precisa la organización especializada.
En su sitio en Internet, el Imumi se describe como “una organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en comunidades de origen, estén en tránsito o residan en México o Estados Unidos”.
“Las mujeres migrantes tienen el derecho a desarrollar sus vidas, en lo laboral, emocional y social, en los lugares que favorezcan el bienestar y la seguridad para ellas y sus familias”, define, además.
En cuanto al trabajo que desarrolla, el instituto explica que “tiene como punto de partida una perspectiva basada en los derechos humanos con la visión de que las mujeres deben contar con los recursos y la información necesaria para acceder a sus derechos y para aprovechar los aspectos positivos de la migración”.
En el informe sobre mujeres migrantes, la entidad plantea que “es sumamente difícil no pensar en la doble violación a derechos y en la revictimización que sufren las mujeres que salen buscando la protección que sus países de origen no les han podido brindar, cuando llegan al país de acogida y son inmediatamente privadas de la libertad”.
Sumado a eso, la detención ocurre “en lugares que no cuentan con mínimos estándares de acceso a derechos de salud, higiene, atención básica y servicios alimentarios, y que en muchos casos son separadas de sus familiares”, señala el Imumi, además de precisar que, “en algunas estaciones migratorias se separa a los hombres, adolescentes y mujeres”.
La organización denuncia, específicamente, que, al ser detenidas, las migrantes son, adicionalmente “amenazadas verbalmente por las autoridades para firmar su retorno
voluntario y animadas a no solicitar asilo ‘por la poca probabilidad que tienen de ser reconocidas (como personas en riesgo)’”.
El análisis del instituto destaca, asimismo, la precaria situación de inseguridad que caracteriza a algunas regiones de México, lo que es consecuencia, particularmente, de la actividad de estructuras de crimen organizado que operan en esos sectores del territorio nacional -dedicadas, en la mayoría de los casos, a narcotráfico así como a trata de personas-.
“Si bien llegar a México representó un respiró ante las agresiones recibidas (en los países de origen), este solo duró el tiempo que tardaron los victimarios —ya sea pandillas, parejas, familiares— en localizar otra vez a sus víctimas”, advierte la entidad.
Esto, “representa una clara extensión de la violencia vivida en el lugar de origen, pero ahora recrudecida por las condiciones de inseguridad que se vive en distintas zonas de México”, agrega, en el informe.
Al respecto, plantea la reflexión de que, “de esta manera, la violencia que viven las mujeres, ya sea en el país de origen, durante el tránsito y en el destino, se convierte en vulnerabilidad”, algo que “potencializa los efectos negativos para el ejercicio de sus derechos”, y que, “sin duda se ve reflejado en las condiciones de vida de las mujeres que participaron en este reporte”.
