El crimen organizado está ganando terreno en la zona caribeña sur de Costa Rica, donde es notoria la ausencia del Estado, lo que implica una situación de serio peligro para la población femenina de esa área, advirtió la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Marcela Guerrero.
Ello garantiza impunidad para los perpetradores de acciones de violencia de género
-incluida violación-, tales como las ocurridas, al inicio de este año, en dos comunidades de ese sector de la oriental y costera provincia de Limón, precisó, al formular el planteamiento a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la unicameral Asamblea Legislativa del país centroamericano.
Guerrero acudió, el 10 de febrero, al grupo de trabajo parlamentario, para referirse al tema de acciones locales emprendidas por el gobierno, principalmente a raíz de los tres hechos de agresión machista contra mujeres -dos de ellos, violación grupal- ocurridos en las localidades limonenses de Puerto Viejo y Cahuita.
“En el Caribe Sur, el Estado ha estado ausente”, aseguró la ministra, un ex legisladora (2014-2018) por el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Entonces, hay unos poderes instalados, del crimen organizado”, que ocupan ese vacío institucional, relató.
A causa de ese abandono, la acción delictiva en general -y los ataques de género, que, en particular, han afectado, además, a turistas extranjeras, como en los tres casos más recientes- se torna fácil e impune, subrayó.
Entre otros componentes que mencionó, a manera de ilustración, la jerarca gubernamental hizo referencia a escasa presencia policial, lo mismo que ausencia de iluminación nocturna adecuada, además de falta de medios de transporte seguros.
En este sentido, hizo alusión al hecho de que, en el incidente que implicó violación en grupo contra dos turistas europeas, en el sector de Puerto Viejo, las víctimas abordaron una unidad del popular transporte local denominado “Tuk Tuk” cuyo conductor llevó, a las mujeres, al lugar del crimen .
Esa modalidad de desplazamiento de personas, consiste en vehículos de tres ruedas que operan, en la zona, como taxis.
Además de plantear la necesidad de que el Estado se posesione del “lugar que le corresponde”, Guerrero subrayó que el problema de seguridad -en particular para las mujeres-, en esa zona, data de años.
“Este es un tema recurrente”, comenzó a explicar, para agregar que “hay un vacío, porque no se interponen las denuncias, y sin denuncia, de nada sirve que la Fuerza Pública detenga a el o los presuntos agresores”.
Al respecto, señaló que el Inamu tiene, hace aproximadamente un año, presencia en la zona, donde lleva a cabo, con defensoras de los derechos de la población femenina local, labor de promoción de acciones preventivas lo mismo que de implementación de soluciones a la crisis de seguridad de género.
Una de esas iniciativas consiste en asignar a la zona, a partir de enero de 2022, expertas del Inamu, con la misión de implementar planes de prevención, para proteger a mujeres en situación de riesgo, lo mismo que de atender a víctimas sobrevivientes de ataques machistas, de acuerdo con lo planteado por la ministra, a la comisión.
Guerrero también expresó que, a raíz del incidente ocurrido el 7 de enero, en Puerto Viejo, acompañó, a personal del Inamu, como parte de una misión también integrada por jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) como del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que visitó la zona, con el propósito de abordar, con autoridades locales y dirigentes de sociedad civil, planes para hacer frente a la situación.
En ese sentido, dijo que “había que dar una señal de que el estado está ocupando su lugar”.
Entre las medidas gubernamentales adoptadas, Guerrero informó, a los diputados, que, a raíz de lo ocurrido en enero, se activó acciones tales como la presencia permanente de expertas del Inamu, en la zona.
Asimismo, el compromiso, por parte de las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de mantener capacitado, y sensibilizado, al personal de esa fuerza policial, en cuanto a conducir casos de agresión de género.
Por su parte, Guerrero presentó, en la sesión que el Consejo de Gobierno (ministros y presidente) llevó a cabo el 1 de febrero, un plan de pronta acción para atender la situación de inseguridad en la región Caribe Sur.
El planteamiento se enmarca en el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Planovi), que se enfoca en la agresión machista que tiene lugar en las relaciones de pareja, lo que incluye hostigamiento sexual y violación.
El Planovi -que data de 2010, y ha sido actualizado- es una herramienta del interinstitucional Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que involucra al Inamu así como a una veintena de entidades, entre ellas siete ministerios, dos universidades estatales, y el Poder Judicial.
Entre otros objetivos, según lo indicado en su sitio en Internet, el plan apunta a la “Promoción de una cultura no machista, la Promoción de masculinidades positivas y no violencia; y la Prevención del Femicidio”.
La propuesta impulsada por Guerrero, incluye aspectos tales como la realización de “talleres para la detección de la violencia sexual y de mecanismos para denuncia de ese tipo de delitos -incluido el acoso en espacios públicos-.
Además, prevé acciones para la “sensibilización acerca de nuevas masculinidades a hombres de la localidad, policía turística, policía de fronteras, operadores turísticos y empresarios de la zona”.
Asimismo, “incorporar la problemática de la violencia sexual en el plan de estudios de la escuela nacional de policías”.
