La liberación de las presas políticas en Nicaragua, así como justicia para dos asesinadas dirigentes latinoamericanas, la hondureña Berta Cáceres, y la brasileña Marielle Franco, son partes del reclamo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana
En numerosos países, el movimiento feminista es impedido de actuar libremente, aseguró Orellana, durante la sesión de cierre de la Decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, encuentro que, organizado por la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se llevó a cabo del 7 al 11 de noviembre en Buenos Aires, la capital argentina.
“Como ministra, hoy, me veo en la obligación de decir: no podemos dejar de mencionar a las presas políticas feministas de Nicaragua”, expresó la funcionaria, en breve alusión a la situación de 14 mujeres líderes quienes están, desde mediados del año pasado, en prisión, en el país centroamericano.
En ese sentido, planteó que “exigimos la libertad, y el pleno respeto de los derechos políticos, de las feministas, y de todo Nicaragua…no todos los países permiten que el movimiento feminista participe”, aseguró, a manera de denuncia.
Detenidas políticas en Nicaragua
A continuación, Orellana leyó los nombres de las detenidas el año pasado, en el marco de la ofensiva antiopositora, por parte del régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Las catorce detenidas políticas son: Cristiana Chamorro, Ana Margarita Vijil, Cinthia Samantha Padilla, Dora María Téllez, Eveling Pinto, Julia Hernández, Karla Escobar, María Esperanza Sánchez, María Fernanda Flores, María Oviedo, Nidia Barbosa, Suyén Barahona, Tamara Dávila, Violeta Granera.
Las líderes presentan variada ideología y trayectoria, y, al igual que los demás presos políticos, fueron arrestadas y enjuiciadas bajo cargos fabricados, tales como conspiración para cometer “menoscabo a la soberanía nacional” -la acusación más frecuente-, y también por lavado de dinero, además de tráfico de armas, entre otros.
Por ejemplo, Chamorro -hija del asesinado director y propietario del histórico y censurado diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro (1924-1978), y de la ex presidenta (1990-1997) nicaragüense Violeta Barrios- fue arrestada -y sometida a casa por cárcel- cuando era precandidata presidencial.
Este régimen de prisión implica vigilancia policial 24/7, por parte de agente femeninas de la Policía Nacional, dentro la vivienda, además de imposibilidad de acceder a internet lo mismo que a comunicación telefónica.
En el marco de los juicios llevados a cabo de febrero a abril de este año -en condiciones violatorias de los derechos humanos-, Chamorro fue condenada a ocho años de prisión -en su caso, se le tipificó lavado de dinero-.
Por su parte, Téllez, es una emblemática comandante guerrillera de la lucha contra la dictadura (1967-1979) del general Anastasio “Tacho” Somoza Debayle, y ministra de Salud durante el gobierno revolucionario (1979-1990) del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Entretanto, Flores, primera dama durante el gobierno del derechista Arnoldo Alemán (1997-2002) -quien, posteriormente, cumplió un periodo de cárcel bajo cargos de corrupción-, fue detenida tras haber sido legisladora por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Berta Cáceres y Marielle Franco
Luego de su alocución en la reunión regional en Buenos Aires, Orellana escribió, en la red social Twitter, que “nos manifestamos por la libertad de las presas políticas en Nicaragua”, además de que “protestamos por justicia para Berta Cáceres y Marielle Franco”.
Cáceres (1971-2016) fue una dirigente indígena lenca, defensora de los derechos humanos, y ambientalista, además de líder feminista, quien protagonizó simultáneas luchas.
Entre sus numerosas actividades como líder de la sociedad civil, figura, en marzo de 1993 –cuando tenía 22 años-, la fundación –conjuntamente con su entonces pareja sentimental, el también dirigente lenca Salvador Zúniga- de uno de los principales instrumentos de movilización de base en el país: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Los frentes de acción de la organización incluyeron la promoción del respeto a los derechos humanos –en particular los de las mujeres-, la reivindicación de la cultura indígena, la defensa de los recursos naturales.
Por su desempeño como líder ecologista, Cáceres recibió, en 2015, el anual Goldman Environmental Prize (Premio Ambiental Goldman), mediante el cual la estadounidense Goldman Environmental Foundation (Fundación Ambiental Goldman) reconoce el trabajo, a nivel mundial, de quienes define como “héroes ambientalistas de base”.
El crimen de la activista fue perpetrado poco después de la medianoche del 3 de marzo de 2016 –el día antes de que cumpliera 45 años-, cuando asesinos a sueldo irrumpieron en la vivienda de Cáceres, en la ciudad de La Esperanza, capital del departamento (provincia) de Intibucá –a unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital nacional-, la golpearon, y la balearon.
El homicidio ocurrió durante el primero de los dos severamente cuestionados mandatos presidenciales (2014-2018, 2018-2022) del derechista y Juan Orlando Hernández -popularmente conocido como JOH, por sus iniciales-, quien, detenido en febrero de 2022 -poco más de un mes después de haber dejado la primera magistratura-, y extraditado en abril de este año, a Estados Unidos, se encuentra detenido, en el país norteamericano, bajos cargos relacionados con corrupción y narcotráfico.
Marielle Franco -una concejala, líder afrobrasileña, feminista, y, como lesbiana, dirigente de la comunidad sexualmente diversa-, fue asesinada el 14 de marzo de 2018.
La dirigente era concejala por el izquierdista Partido Socialismo e Liberdade (Partido Socialismo y Libertad, Psol), además de una firme defensora de los derechos de poblaciones socialmente discriminadas.
También se oponía, firmemente, a la política de represión policial, aplicada por el gobierno (2016-2019) del entonces presidente brasileño, el derechista Michel Temer -antecesor inmediato del también derechista capitán retirado Jair Bolsonaro (2019-2023)-, para combatir la criminalidad.
Nacida en Mar, una de las favelas (barrios habitados por personas de escasos recursos) de la oriental y costera ciudad de Río de Janeiro -considerada como una de las más violentas del país-, Franco, de 38 años, fue asesinada a balazos mientras se hallaba en su automóvil, en una calle del centro de esa ciudad, junto a Anderson Gomes -el conductor del vehículo-.
El doble homicidio generó, de inmediato, manifestaciones de repudio a nivel nacional.
En el cuarto de los 54 acuerdos que -junto con ocho considerandos-, son parte del Compromiso de Buenos Aires -la declaración de cierre de la conferencia-, los participantes en el encuentro plantearon, en términos generales, “reconocer que las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad y a lo largo de su ciclo de vida enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación”.
Por ello, “es necesario respetar y valorar la diversidad de situaciones y condiciones en que se encuentran y visibilizar el hecho de que afrontan barreras que obstaculizan su autonomía y el ejercicio de sus derechos”, plantearon, en el texto de nueve páginas.
A continuación, señalaron “que es preciso adoptar estrategias interseccionales que respondan a sus necesidades específicas, prestando particular atención a la feminización de la pobreza en la región”.
