La condena a treinta y seis años de prisión, impuesta a un pastor acusado de haber cometido abuso sexual y violado a numerosas feligresas, pudo ser mayor, de acuerdo con lo expresado por la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Marcela Guerrero.
Para emitir la sentencia, no se tuvo en cuenta la totalidad de los aspectos de la causa penal contra Carlos Manuel Chavarría, también conocido como “el pastor de los ricos” -por su relación con círculos de poder costarricenses-, señaló Guerrero, citada en un comunicado que el Inamu difundió el 27 de agosto, día en que se conoció la decisión judicial.
El instituto está considerando la posibilidad de apelar la pena, informó.
La ministra destacó, asimismo, que, durante el proceso judicial -iniciado al final de 2020, y llevado a cabo en la central ciudad costarricense de Heredia-, la entidad a su cargo proporcionó acompañamiento a cuatro de las ocho víctimas.
“Nosotras consideramos que los operadores de justicia pudieron haber considerado otros aspectos que se señalaban en el expediente, y que comprobaban los delitos de este hombre”, dijo Guerrero.
“En este caso en particular, el Inamu está valorando la posibilidad de recurrir”, indicó, según lo señalado el en comunicado que el Inamu tituló “Pena pudo haber sido más amplia”.
No obstante ello, la funcionaria expresó que la condena constituye un avance materia de defensa de los derechos de la población femenina costarricense.
Su antecesora inmediata en ambos cargos (2018-2020), Patricia Mora, dijo, el 2 de diciembre del año pasado, cuando comenzó el proceso penal contra Chavarría, que “este juicio representa, en definitiva, un importante paso hacia el acceso a la justicia de las mujeres que enfrentan esta forma tan grave de violencia sexual y espiritual”.
“Es, en sí mismo, un acto de respaldo y esperanza para estas mujeres que se animaron a denunciar, por la violencia que sufrían, decisión que nunca es fácil para ellas”, agregó Mora.
“Reafirma también, así, el compromiso del Estado costarricense frente a la ratificación de los convenios y tratados internacionales” de los que Costa Rica es parte, precisó.
Mora, una socióloga y docente universitaria, además de ex legisladora (2014-2018) por el izquierdista Frente Amplio, señaló entonces que “cada apertura a juicio, por violencia contra las mujeres, constituye un avance en la construcción de una sociedad y un Estado que actúan en consonancia con los derechos humanos”.
Chavarría fue detenido el 5 de agosto de 2019, al mes siguiente de que el periódico costarricense Semanario Universidad reveló el caso referido a “tocamientos indebidos y actos sexuales sin consentimiento que cometió el líder religioso aprovechando su posición de autoridad”.
Al informar ahora, el día de emisión de la sentencia, sobre el cierre del proceso judicial, el semanario indicó que, “en el 2019, Chavarría, entonces pastor de la Iglesia Generación 3:16 fue acusado por ocho mujeres, que señalaron tocamientos, insinuaciones, acoso sexual, manipulación para cometer actos sexuales en contra de su voluntad y abusos sexuales”.
“Una de las denunciantes indicó que los actos sucedieron cuando tenía sólo 9 años”, de acuerdo con la versión periodísticas.
“Chavarría fue separado de la congregación en 2019 tras la cobertura de este semanario de las denuncias presentadas ‘por causas no precisadas’”, según la misma fuente.
El medio de comunicación informó, asimismo, que el sentenciado “ha sostenido influyentes vínculos con políticos, deportistas y empresarios a nivel nacional”.
Entre ello, mencionó al “exdiputado Ottón Solís, el empresario Manfred Pino, el futbolista Walter Centeno”.
“En la última elección presidencial (febrero de 2018), el religioso tuvo amplia influencia en la campaña electoral del (evangélico) Partido Restauración Nacional y su candidato Fabricio Alvarado”, agregó.
