La ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, exhortó a la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica a aprobar las reformas a la ley contra la violencia de género en el campo de la política, modificaciones que están en la etapa de debate parlamentario.
Al informar al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), cuya presidenta ejecutiva es Guerrero, señaló que el voto favorable al texto sustitutivo del Proyecto de Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política” es reclamado por las costarricenses quienes se desempeñan en ese ámbito.
Para lograr ese objetivo, es necesario que las organizaciones de defensa de los derechos de la población femenina continúen actuando a favor de la aprobación, señaló el Inamu, en una declaración de prensa que su Unidad de Comunicación difundió el 16 de febrero.
“Reconocemos que los cambios requeridos no ocurren de manera inmediata, por la sola existencia de la normativa”, expresó Guerreo, citada en el comunicado.
“Pero apostamos por que nuestro país se atreva a dar el paso adelante, y convierta en ley este proyecto”, aseguró la ministra, un ex parlamentaria (2014-2018) por el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Hecha la ley, contaremos, sin duda, con un valioso instrumento para continuar con las transformaciones necesarias, y honrar, así, el compromiso que tenemos con la democracia paritaria”, reflexionó.
Guerrero hizo referencia al hecho de que “el Inamu tiene, entre sus fines, la protección de derechos de las mujeres, y el goce de éstos en condiciones de igualdad con los hombres”.
“Por eso, no dudamos en brindar todo el apoyo técnico y político necesario” para que el texto original sea “aún más fortalecido y listo para ser aprobado en la Asamblea Legislativa una vez conocidas todas las mociones”, subrayó.
El Inamu señaló, en el comunicado, que la ministra formuló la exhortación “en apoyo, además, a la solicitud de miles de mujeres, quienes, de manera individual o colectiva y, desde la diversidad de sus espacios de participación política, manifiestan la urgencia por un cambio en las condiciones en las que desarrollan su ejercicio político”.
Al esbozar la línea de tiempo que ha seguido la iniciativa, el instituto relató que, en 2013 fue presentado, a la Asamblea legislativa, el texto inicial, denominado Expediente N°18.719.
“Desde entonces, el INAMU ha venido señalando su relevancia para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales”, indicó.
En 2014, fue presentado un texto sustitutivo, tras lo cual se introdujo, un año después, a la corriente legislativa, una nueva redacción -el Expediente 20.308-, de acuerdo con la relación oficial de hechos.
Sobre la base de esta versión, el proyecto “ha sido trabajado y alimentado con los criterios del INAMU y de otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, continuó narrando la entidad.
“En el año 2020, y después de un trabajo coordinado, se presentó un texto sustitutivo al Expediente 20.308, que fue consultado a diversos sectores”, indicó.
También señaló que fue en junio de 2021 que la versión actual resultó favorablemente dictaminada por la Comisión de la Mujer, lo que permitió que el proyecto fuese enviado a debate en el plenario legislativo, etapa en la cual se encuentra.
Asimismo, formuló “un llamado para mantener y fortalecer el compromiso conjunto, con los colectivos de mujeres y feministas con quienes la institución ha articulado acciones en favor del Proyecto 20.308”.
“Una de estas acciones más significativas fue un pronunciamiento que contó con el apoyo de alrededor de 39 organizaciones e instituciones, así como, con la firma de más de 650 personas”, informó.
“Esta iniciativa logró vincular y articular el esfuerzo de lideresas de partidos políticos, sector municipal, asociaciones civiles, sindicatos, cooperativas, asociaciones comunalistas y solidaristas en una lucha común”, agregó.
En declaraciones reproducidas el 2 de febrero -cuatro días antes de las recientes elecciones presidencial y legislativa costarricenses-, Guerrero denunció que, “las mujeres continúan siendo víctimas de violencia en los procesos políticos, no porque sean políticas, sino, porque son mujeres”.
Asimismo, planteó que es necesario “generar un pacto social y político que nos permita transformarnos, como sociedad, eliminando, de nuestra cotidianidad, prácticas o argumentaciones que violentan a las mujeres, y que han sido naturalizadas”.
En tal sentido, advirtió que “ello va en contra de sus luchas, y en contra de los compromisos adquiridos por el Estado Costarricense, mediante normativa nacional e internacional, sobre derechos humanos y políticos de las mujeres”.
