La crisis generada, en América Latina y el Caribe, por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, debe construirse en instrumento para que las mujeres tengan participación estratégica en la reconstrucción para mejor, plantearon las ministras participantes en una reunión regional virtual.
En tal contexto, es necesario planificar el fortalecimiento del cuidado doméstico, como componente que dinamice la economía de los países, indicaron en uno de los acuerdos a los que llegaron al cierre de la 60 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llevada a cabo del 23 al 25 de febrero.
El encuentro, organizado por el gobierno de Chile -que preside la Mesa Directiva-, contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
En el último de los 22 acuerdos privados por la Mesa Directiva, señalaron que es necesario “destacar que la coyuntura actual debe ser una oportunidad para asegurar, mediante acciones afirmativas, la plena participación de las mujeres en sectores estratégicos de la economía”.
Ello, “para una recuperación transformadora con igualdad de género orientada a la sostenibilidad de la vida y, en particular, para impulsar planes de recuperación que fortalezcan la economía del cuidado como un sector dinamizador de la economía en su conjunto”, luego de la presente emergencia sanitaria global, que está teniendo impacto considerable en esta región, agregaron.
Asimismo, en una declaración de 25 puntos, las participantes en las deliberaciones reafirmaron la necesidad de participación femenina en los esfuerzos de recuperación luego de la pandemia del virus causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19).
Se debe “promover mecanismos para una mayor incorporación de las mujeres en toda su diversidad, así como de las organizaciones de mujeres, incluidas la sociedad civil y las expertas y lideresas comunitarias, en la respuesta ante las crisis y la recuperación, especialmente en el caso de la pandemia de COVID-19”, señalaron.
En tal contexto, se debe actuar “velando por su participación paritaria en mesas consultivas, comités permanentes y otros órganos o espacios de toma de decisiones y monitoreo, para garantizar la incorporación de las perspectivas de género, derechos humanos e interseccionalidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y posterior recuperación”, precisaron.
Asimismo, acordaron “reafirmar nuestro compromiso de implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de las crisis y las recesiones económicas en la vida de las mujeres y las niñas”.
Igualmente, “promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores clave, incluida la economía del cuidado, como condición para la plena y efectiva participación de las mujeres en la respuesta a la crisis generada por el COVID-19 y la posterior recuperación, así como en la vida pública y en la toma de decisiones en general”, expresaron.
En el marco de la crisis sanitaria, el tema del cuidado es uno de los aspectos destacados -junto con el aumento de la violencia de género-, a nivel mundial, ya que es uno de los componentes del trabajo doméstico no remunerado, tradicionalmente asignado a las mueres.
Ello, a causa de medidas preventivas implementadas por la mayoría de gobiernos -incluido el aislamiento (cuarentena), en varios casos obligatorio, y hasta impuesto mediante toque de queda-, que impide, a la población femenina en general, abandonar el ámbito del hogar.
En ese sentido, reconocieron “la carga adicional de cuidados que asumen las mujeres, que se ha visto incrementada en el contexto de la pandemia de COVID-19”.
Ante tal situación de hecho, externaron “preocupación por el impacto negativo que esta carga adicional puede tener para las mujeres en lo que concierne a sus oportunidades para participar y tomar decisiones de forma plena y efectiva en la vida pública, especialmente para aquellas que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y marginación”.
Respecto a la pandemia, acordaron “reafirmar nuestro compromiso de implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de las crisis y las recesiones económicas en la vida de las mujeres y las niñas y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores clave”.
En este caso, “incluida la economía del cuidado, como condición para la plena y efectiva participación de las mujeres en la respuesta a la crisis generada por el COVID-19 y la posterior recuperación, así como en la vida pública y en la toma de decisiones en general”.
Las participantes en el cónclave señalaron, específicamente, la afectación desmedida que la emergencia sanitaria está haciendo sentir, de manera exagerada, en la población femenina -lo mismo adultas que menores de edad-.
“La crisis derivada de la pandemia (…) tiene un impacto desproporcionadamente alto en las mujeres y las niñas en toda su diversidad”, reflexionaron, a manera de denuncia.
Esto, “al profundizar las múltiples e interrelacionadas formas de violencia, discriminación y exclusión y los nudos estructurales de la desigualdad de género, incluido el agravamiento de las barreras a su participación en la vida pública y en la toma de decisiones”, agregaron.
A continuación, formularon la advertencia de que la magnitud de esa afectación está “amenazando los avances logrados en los últimos 25 años en lo que respecta a la igualdad de género y el empoderamiento y la autonomía de las mujeres”.
