Misoginia talibana puede constituir crimen de lesa humanidad

Desde su violenta instalación, en agosto de 2021, el régimen fundamentalista desarmó la estructura legal afgana, con particular ensañamiento contra la población femenina

La misoginia con la que gobierna la teocracia talibana en Afganistán, es incomparable a nivel mundial, de acuerdo con las conclusiones a las que llegaron dos expertos internacionales quienes visitaron, recientemente, el país asiático.

La discriminación de género brutalmente impuesta por la dictadura, probablemente se tipifique como un crimen de lesa humanidad, expresaron la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres, la mexicana Dorothy Estrada-Tanck, y el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Afganistán, el neozelandés-británico Richard Bennett.

El grupo de trabajo está circunscrito al ámbito de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde su violenta instalación, en agosto de 2021, el régimen fundamentalista desarmó la estructura legal afgana, con particular ensañamiento contra la población femenina, expresaron, tras la visita que llevaron a cabo del 27 de abril al 4 de mayo.

En tal contexto, los socios técnicos y financieros de Naciones Unidas, deben apoyar más decididamente a activistas y organizaciones de sociedad civil, señalaron, en las conclusiones de su labor de campo en Afganistán, citadas, el 5 de mayo, por Noticias ONU, la agencia informativa de la organización mundial.

“Desde el colapso de la República, las autoridades de facto han desmantelado el marco legal, revirtiendo los avances de dos décadas hacia la igualdad de género”, señalaron.

Estrada y Bennett hicieron, así, referencia al período inmediatamente previo a la instalación de la dictadura.

Surgido en 1994, en el marco de la guerra civil afgana (1992-1996), el grupo fundamentalista islámico Talibán estuvo, desde 1996 hasta 2001, en control de aproximadamente tres cuartas partes de los algo más de 652 mil kilómetros cuadrados que constituyen el territorio nacional.

La tiranía religiosa -que se caracteriza por despiadadas violaciones a los derechos humanos, en particular las garantías de la población femenina- fue derrocada en diciembre de 2001, por una invasión militar internacional, encabezada por Estados Unidos.

No obstante esa derrota, el movimiento se mantuvo, desde entonces, en resistencia armada contra la ocupación foránea.

Tras el retiro, a mediados de 2021, de las tropas estadounidenses -las fuerzas extranjeras que entonces mantenían la intervención-, la ofensiva talibana logró el objetivo de derrocar al gobierno del presidente (2014-2021) Mohammad Ashraf Ghani, cuando tomó, el 15 de agosto de 2021, el control de Kabul, la capital nacional -por lo tanto, del país-.

Entre las numerosas violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas, figuran el cierre del acceso a la educación secundaria y superior, la limitación a desplazarse, en áreas públicas, sin el acompañamiento de un mahram -familiar hombre-, y desde el mes pasado, la prohibición de trabajar, en Afganistán, para Naciones Unidas.

La más reciente limitación atenta, directamente, contra el trabajo humanitario que la organización mundial lleva a cabo en el territorio nacional.

Las trabajadoras constituyen la fuerza de tarea esencial para interactuar con las personas destinatarias de la ayuda -principalmente las mujeres-, en el contexto de prohibición de contacto, de las afganas, con hombres quienes no sean parte de su entorno familiar.

Tal situación deriva de la arbitraria interpretación del Corán -el libro sagrado del Islam-, a partir de la cual los talibanes privan, brutalmente, a las mujeres, del ejercicio de los derechos humanos -lo que incluye severas limitaciones en lo que respecta a la comunicación con interlocutores masculinos-.

Esa arbitrariedad, hace imprescindible la conexión entre las trabajadoras afganas de Naciones Unidas, y las mujeres y las niñas habitantes en las diferentes comunidades.

Los expertos advirtieron que “la discriminación de género institucionalizada en Afganistán, no tiene paralelo en el mundo”.

Además, “podría constituir un crimen de lesa humanidad”, plantearon, a continuación.

“Si bien no podemos determinar responsabilidad penal individual, consideramos, sobre la base de la información recibida -incluidos relatos de primera mano-, que las mujeres y las niñas son atacadas debido a su sexo, y debido a las construcciones sociales utilizadas para definir roles de género, comportamiento, actividades y atributos”, denunciaron. En ese sentido, destacaron la reciente prohibición laboral.

El decreto del caso, “coloca, al sistema, en una situación intolerable”, aseguraron.

“Naciones Unidas debe defender lo estándares normativos establecidos, durante décadas, por los Estados miembros, y su compromiso absoluto con la igualdad de género en todo el trabajo de la Organización”, agregaron.

Por lo tanto, “la comunidad internacional no puede hacerse de la vista gorda, y debe mantener, como una prioridad máxima en la agenda global, el tema de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán”, señalaron, a manera de recomendación.

Además de que advirtieron que “las mujeres y las niñas no deben ser instrumentalizadas con fines políticos”, Estrada y Bennett indicaron que “sus derechos nunca deben utilizarse como herramienta de negociación”.

En tal contexto, “la comunidad internacional debe continuar involucrada en la situación en Afganistán, y tomar medidas concretas para apoyar la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos”, sugirieron.

También aseguraron que “los socios técnicos y financieros deben aumentar su apoyo a los activistas y organizaciones de base en el país, y asegurarse de que respalden debidamente los esfuerzos de la sociedad civil para evitar una ruptura total del espacio cívico, (lo) que podría tener consecuencias irreversibles”.

Foto: Halil İbrahim Özcan


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