Dolly es una mujer trans hondureña quien asegura haberse acostumbrado, desde la niñez, a la estigmatización.
Plantea que su situación socioeconómica, tal como ocurre a la mayoría de quienes integran la comunidad sexualmente diversa de Honduras -país caracterizado por el machismo agresor como conducta social general-, ha empeorado, este año.
Ello, como consecuencia, primero, de la pandemia mundial del nuevo coronavirus -estallada en marzo, en el país centroamericano-, y, más recientemente, por el paso -en el lapso de dos semanas- de los huracanes Eta e Iota -respectivamente, al inicio y a mediados de noviembre-.
Al relatar su caso, al periódico electrónico hondureño Criterio.hn, esta mujer trans de 37 años -quien, siendo mayor de edad, cambió su nombre, de César Adolfo, a Dolly- indicó que el distanciamiento social -cuarentena- impuesto, mediante toque de queda, por el gobierno del derechista presidente Juan Orlando Hernández, la afectó, en particular, laboral y financieramente.
Sin llegar a ese extremo de obligatoriedad, la mayoría de los países ha implementado el distanciamiento social, para tratar de contener la propagación del virus causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19).
“Estoy acostumbrada a vivir con la discriminación y el estigma, pues lo he sufrido durante toda mi vida, pero, con la pandemia del Covid-19, la he sentido más”, expresó Dolly, une mujer de escasos recursos, la mayor de cuatro hermanas.
Narró, además, que, por su precaria situación financiera, se vio impedida de comprar equipo de protección -mascarilla, alcohol en gel, guantes desechables, entre otros artículos-, porque las organizaciones de sociedad civil en las suele trabajar, se vieron obligadas a cerrar, lo que la hizo perder sus fuentes de ingresos.
En materia de orientación sexual, relató que es objeto de discriminación social, y estigmatización, a partir su infancia, cuando comenzó a asumir su identidad de género.
“Desde niño me gustó vestirme de mujer, me ponía los vestidos y zapatos de mi mami, y, a escondidas, tomaba sus maquillajes y me pintaba”, señaló.
De ese período de su vida, también recuerda la fuerte agresión verbal de que fue víctima por parte de su madre, quien solía gritarle: “yo tuve un hijo varón, no un maricón”.
Sumado a ello, en el establecimiento educativo donde cursó la enseñanza primaria -una institución de orientación religiosa cristiana-, se le consideraba como “raro”, siguió relatando.
Al recordar que se sentía afectada por la falta de aceptación que le demostraba el resto de escolares, Dolly dijo que contó con el apoyo de psicólogos y orientadores sociales del centro educativo, quienes la ayudaron a superar el bullying y el estigma.
Pero las autoridades del lugar optaron por expulsarla, agregó.
No obstante la marginación social que sufrió durante su proceso educativo, Dolly logró el título universitario de contadora, pero, a causa de la discriminación, no ha logrado ejercer su profesión.
También incursionó -aunque brevemente- en el campo de la política, un sector donde, no obstante cierta participación femenina, se impone -como en el resto de la sociedad hondureña- el comportamiento patriarcal homofóbico.
Su fugaz paso por esta área ocurrió en 2017 -año caracterizado por la cuestionada reforma constitucional que permitió la hasta entonces prohibida reelección presidencial, y facilitó, a Hernández, permanecer en el poder mediante comicios colmados de irregularidades-.
Dolly participó, como precandidata a diputada, en las elecciones internas del centroizquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), constituido por el actual diputado Manuel “Mel” Zelaya -el ex presidente derrocado, en junio de 2009, mediante un cruento golpe de Estado-.
“Lo más horrible, para mí, fue cuando participé como precandidata diputada de Libre en las elecciones pasadas, pues todos los miembros de la diversidad sexual que me apoyaban me dijeron que participara con el nombre que adquirí como transformista”, empezó a relatar.
“Y, cuando llegué a tomarme la foto, para la papeleta, lo hice vestida y maquillada como mujer”, agregó.
“Y las personas que me atendieron, en el ex Tribunal Supremo Electoral (desde 2019, Consejo Nacional Electoral, CNE), me dijeron: ‘¿y vos por qué venís vestida así?’. Yo les respondí que iba así, como me conocían, que era mi personalidad”, continuó la narración.
Indicó que, luego de hacerla esperar más de tres horas, y tras “un largo interrogatorio”, los funcionarios electorales la obligaron a vestirse con ropa masculina, en concordancia con los datos de su inscripción en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Dolly dijo que, si bien accedió a lo que le fue impuesto, denunció, públicamente, que se había coartado su libertad de expresión.
Aunque no obtuvo la postulación, dijo que, si hubiese llegado al unicameral Congreso Nacional, habría luchado “por los derechos de la diversidad sexual (…) por refirmas legales, y obtener la identidad de género.
“Especialmente, porque las mujeres y hombres trans, y las transformistas, tenemos el derecho de ponernos el nombre que queramos, sin ser humillados o pasar por procesos engorrosos”, explicó.
Es necesario, además, “que nos incluyan, a la hora de tomar decisiones sobre la comunidad LGBTI”, aseguró.
Con poco más de 9.2 millones de habitantes, Honduras presenta, como población sexualmente diversa, de siete a 10 por ciento del total nacional -alrededor de 650 mil a 930 mil personas-, de acuerdo con diferentes cálculos.
Según estimaciones de defensores de derechos humanos, la proporción seguramente es mayor, ya que, por temor a la discriminación -que incluye acciones de violencia física que, en algunos casos, llega a crímenes de odio-, altos números de integrantes de esa comunidad no se identifican formalmente como tales.
Honduras -país integrante, junto con El Salvador y Guatemala, del Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas a nivel mundial-, muestra, actualmente, en el contexto internacional, uno de los más altos niveles de homicidios en general: 42 por cada 100 mil habitantes, según datos anuales de Naciones Unidas para 2019.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que analizan el tema no como un aspecto de seguridad sino de salud pública de los países, estiman que, cualquier índice por encima de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes equivale al de una epidemia.
En tal contexto se enmarcan los también elevados indicadores nacionales de violencia contra las personas sexualmente diversas.
En materia de agresión machista homofóbica, datos anuales de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ubicaron, para el Triángulo Norte, al 31 de diciembre de 2019, en 67 los crímenes de odio contra integrantes de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales (Lgbti).
Honduras se ubicó en el deshonroso primer lugar, con 34, Guatemala en el segundo (24), y El Salvador, de último (nueve).
Por su parte, y específicamente respecto a Honduras, la local y no gubernamental Red Lésbica Cattrachas informó que, en 2019, ese tipo de asesinato cobró la vida a 19 hombres gay, nueve mujeres trans, y seis lesbianas.
La organización toma su nombre del gentilicio popular “catrachos”, con el que los hondureños se autodefinen.
Hasta julio de este año, la red -mediante su Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras- contabilizó ocho asesinatos de hombres gay, siete mujeres trans, una lesbiana.
Asimismo, para el decenio 2010-2019, el observatorio de Cattrachas ha registrado 317 crímenes de odio, y ha determinado que 92 por ciento de esos casos permanecen en impunidad.
El dramático desglose indica que, durante ese periodo, 189 hombres gay fueron asesinados, así como 100 personas trans, y 37 lesbianas.
